La propuesta conjunta
de los gobiernos de México y Uruguay para que la comunidad internacional
auspicie un diálogo que permita un acuerdo democrático entre el
gobierno y la oposición venezolana parece ser la única vía que permita
que Venezuela resuelva pacíficamente su grave conflicto interno. Además,
que ambos países poseen notables credenciales en materias claves para
resolver el problema. México, por su fuerte y permanente postura contra
la injerencia en asuntos internos de otros países, en momentos en que
Estados Unidos -bajo Trump- ha dado varias demostraciones de querer
imponer una “solución” en Venezuela. Y Uruguay, por su también
constante preocupación por el respeto de los derechos humanos, en
momentos en que el gobierno venezolano ha acentuado una política de
graves violaciones de estos derechos.
Por cierto que la historia
autoritaria de Venezuela hace mucho más difícil encontrar una solución
auténticamente democrática. Hasta 1958 su historia estuvo regida casi
permanentemente por dictaduras. Lo que pudo sacarla de su historia
autoritaria -la democracia construida por AD y COPEI- naufragó debido a
una gigantesca corrupción que corroyó completamente sus bases. Luego, la
“Revolución Bolivariana” tuvo desde sus inicios una impronta
autoritario-mesiánica que fue agravándose con el paso de los años,
ayudada -entre otras cosas- por una oposición en que primaron desde
temprano claros objetivos golpistas. Desde los intentos por expulsar a
Chávez del gobierno a través de su declaración de “demencia” en 2000;
del fugaz golpe de 2002; de los boicots a las elecciones parlamentarias
en 2005; hasta los intentos de buscar la caída (“salida”) del régimen a
través de hacer ingobernable el país en 2014. Lo único que lograron
dichos intentos fue el fortalecimiento progresivo de los sectores más
radicales del chavismo-madurismo, al grado que han ido convirtiendo al
régimen en una virtual dictadura, luego del insólito “desconocimiento”
de las atribuciones del Congreso venezolano efectuado por el Poder
Judicial en 2016.
Lo que fundamenta la sensata propuesta
mexicana-uruguaya, es que obviamente ni una guerra civil, ni la
imposición autoritaria de unos sobre otros va a resolver democrática y
pacíficamente el gravísimo cisma que sufre la sociedad venezolana. La
comunidad internacional, en lugar de abanderizarse por uno u otro,
debiese dedicar sus mayores esfuerzos a ayudar a generar las condiciones
para un diálogo que permita resolver democráticamente el conflicto. Que
es muy difícil, lo es. Demostración de ello son los diversos intentos
fracasados realizados hasta la fecha en esa dirección. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que los anteriores esfuerzos -más allá de la
buena voluntad de los mediadores- no han sido efectuados por el
conjunto de la comunidad internacional. Distinto sería si, impulsados
por los gobiernos de México y Uruguay; las grandes potencias, América
Latina, Europa, África, Asia y Oceanía generasen fuertes estímulos para
que ambas partes se comprometan seriamente a resolver el conflicto. Y a
establecer también fuertes disuasivos para que ambas partes comprendan
que sería tremendamente costoso para cualquiera de ellas utilizar
mañosamente el diálogo solo para “ganar tiempo”.
Bien
valdría la pena intentar lo anterior. Por el bien de Venezuela y de su
pueblo que tanto está sufriendo. Y por el bien del conjunto de América
Latina. Y, además, contribuiría a la generación de un buen ambiente a
nivel mundial. Por otro lado, las alternativas de imposición total de
unos sobre otros significarían muy probablemente una atroz guerra civil
(combinada seguramente con invasiones extranjeras) y una feroz
dictadura que postraría quizás por dé- cadas a Venezuela, muchísimo más
de lo que ya está. Y reintroducirían un funesto clima autoritario-bélico
en el conjunto de América Latina.
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