▲ Cristina Fernández de Kirchner, ex mandataria de Argentina, en el Foro de Pensamiento Crítico Mundial, ayer en Buenos Aires .
Buenos Aires. El juez federal Claudio Bonadio ordenó una
nueva citación a indagatoria de la ex presidenta argentina Cristina
Fernández de Kirchner para que declare en la llamada
causa de las fotocopias de los cuadernosreferidos a presuntos sobornos en la obra pública, y dispuso la investigación de otras cien personas involucradas en esas actuaciones.
Es la tercera citación de este juez, quien a pesar de tener una causa
y denuncias en su contra continúa su persecución contra la ex
mandataria, siempre con pruebas falsas o inconsistentes. Ahora la acusa
de ser
jefade una supuesta
asociación ilícitaque recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas.
Esto se resolvió a partir de las fotocopias de unos cuadernos
escritos por el ex chofer de un funcionario del Ministerio de
Producción, mismos que supuestamente fueron quemados por él. A partir de
estas fotocopias, Bonadio, comparado por su trayectoria ligada a
sectores de inteligencia de Washington con el juez y ahora ministro de
Justicia de Brasil, Sergio Moro, citó a empresarios nombrados en los
supuestos cuadernos a los que ofrecía la libertad inmediata si acusaban a
la ex mandataria, mientras a los que no lo hacían los envió a prisión
preventiva, violando la ley.
Las indagatorias comenzarán el 26 de febrero, fecha en que están
citados ex funcionarios y empresarios como Aldo Roggio, Carlos Wagner,
Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, entre otros,
para concluir con la citación al ex ministro de Planificación Federal,
Julio De Vido, quien lleva más un año en detención
preventiva. Además, el polémico juez dispuso que enviará más de 70 órdenes para que se presenten empresarios del sector de la construcción.
La ex presidenta, representada por el abogado Carlos Beraldi,
solicitó que esta causa sea remitida a la sureña provincia de Santa
Cruz, donde se realizó la obra pública cuestionada, a pesar de que ya se
revisó todo y estaba en regla. Beraldi solicitó la suspensión del
juicio previsto debido a que faltan peritajes.
Esta citación coincide con un momento crítico para el gobierno de
Mauricio Macri, cuando fuentes del Instituto de Estadísticas y Censos
revelan la destrucción de la industria nacional que ha llegado a un
nivel de la crisis de 2001.
Esta citación surge cuando el gobierno ha intervenido sobre la
justicia nuevamente para desactivar la investigación sobre aportantes
falsos a la campaña electoral de la oficialista Cambiemos, de acuerdo
con una denuncia con pruebas concretas de un periodista del portal El
Destape. Entre los cientos de aportantes figuran incluso indigentes. Las
investigaciones constataron la veracidad de estos cargos, pero la
justicia afín al gobierno decidió apartar del caso al juez Sebastián
Casanello. Esto lo hizo el presidente de la Cámara Federal, el macrista
Martín Irurzun, que envió la causa a sorteo y cayó en manos de Ariel
Lijo, otro magistrado que ya ha sido presionado fuertemente por el
gobierno.
Foto Afp
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
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