Radio U. de Chile
Estamos en el día 
siguiente de la nueva asunción de Sebastián Piñera a la Presidencia de 
la República y se nos ocurre que un escalofrío sacude al país y que son 
muchos más los que permanecen atónitos por el triunfo de la derecha. 
Aunque, a decir verdad, más que una victoria, lo que se ha Estamos en el
 día siguiente de la nueva asunción de Sebastián Piñera a la Presidencia
 de la República y se nos ocurre que un escalofrío sacude al país y que 
son muchos más los que permanecen atónitos por el triunfo de la derecha.
 Aunque, a decir verdad, más que una victoria, lo que se ha producido 
realmente es la bochornosa derrota de quienes estuvieron llamados a 
consolidar democracia, justicia social y darle reparación a los millones
 de chilenos abusados por la Dictadura, como por un régimen tildado de 
neoliberal que ha perpetuado la inequidad y la vulneración de los 
derechos sociales. Que ha acrecentado también la concentración de la 
riqueza y entregado a dominio extranjero nuestras reservas naturales y 
fuentes productivas.
En efecto, más que el retorno de Piñera lo que 
debemos constatar es el fracaso de los gobernantes de la Concertación y 
de mal llamada Nueva Mayoría. Desgraciadamente, la presencia del Partido
 Comunista en el gobierno saliente, más que alentar los cambios, terminó
 consintiendo con la continuidad de la Concertación. Con ese “más de lo 
mismo” proclamado cínicamente por algunos políticos de la posdictadura, 
cayendo en las mismas prácticas de quienes se hizo aliado. Esto es, 
ocupar cargos para justificar muchos despropósitos y permitir que se 
postergaran o sepultaran muchas promesas. Al precio, incluso, de 
divorciarse de lo movimientos sociales y de las organizaciones políticas
 vanguardistas, con quienes ahora sus dirigentes buscarán afanosamente 
conciliarse para hacer oposición a los nuevos gobernantes.
El 
legado político lo define siempre el futuro, pero nada podrá borrar en 
nuestra historia la forma en que los sucesores de Pinochet salvaron a 
éste de un juicio y condena en el principal Tribunal Internacional. Se 
podrán celebrar algunos avances y muchas obras de desarrollo en estos 
años, pero no se puede soslayar que en tres décadas de posdictadura, hoy
 los ricos sean más ricos, y los pobres continúen esperando 
oportunidades de trabajo digno, justas remuneraciones y pensiones que 
les permitan encarar su tercera y cuarta edad sin mendigarle bonos al 
Estado, como los que de las dos administraciones de Michelle Bachelet. 
Al tiempo que los jubilados de las FFAA y de las policías percibían 
millonarios estipendios y la “clase política” consolidaba ingresos y 
prebendas treinta o cuarenta veces por encima de los salarios mínimos y 
medio.
Hasta en materia de Derechos Humanos, quien fuera una 
detenida y torturada política no tuvo la voluntad de hacer justicia y 
reparación, si se consideran solamente los miles de chilenos que 
quedaron sin tener reconocimiento oficial, como el desdén a las más 
elementales demandas de las organizaciones de los presos, ejecutados y 
detenidos desaparecidos. Seguramente a la espera de que sigan 
falleciendo para así procurarle ahorros al erario nacional en materia de
 reparación. Tal como el Dictador un día reconoció que los cadáveres de 
los chilenos asesinados eran sepultados de a dos o más por urna con el 
mismo propósito.
Quizás si la única fortaleza demostrada por los 
últimos gobiernos haya sido la coincidencia de todos éstos en negarle a 
nuestros países vecinos el diálogo y el justo consentimiento a algunas 
de sus demandas, habida cuenta que fue mediante una guerra fratricida 
que nuestro territorio creció y se hizo dueño del cobre, del salitre y 
del litio del Desierto de Atacama. Millonarias cifras para incrementar 
nuestro poderío bélico y así alimentar la ociosidad militar, cuanto 
garantizarse la complicidad de aquellos oficiales cargados de 
charreteras y distinciones por guerras que en sus vidas nunca ganaron, 
salvo que contabilicen las masacres cometidas en nuestro propio 
territorio, como la de Santa María de Iquique y la denominada 
“Pacificación” de la Araucanía. En vez de buscar, como se prometió, 
también, un camino de hermandad que le habría reportado a nuestra 
economía valiosos recursos para cimentar su crecimiento, en la 
explotación conjunta, por ejemplo, de los ricos recursos de nuestras 
fronteras para goce común de chilenos, bolivianos y peruanos.
Un 
enorme celo político militar, sin duda, para defender nuestra soberanía,
 en circunstancia que el mar, los ríos, fiordos, bosques, el subsuelo y 
los recursos energéticos fueron transferidos a precio vil a las 
transnacionales por el propio Pinochet, tanto por quienes le sucedieron.
 Constatación que se hace en la colosal riqueza que hoy ostenta su yerno
 Julio Ponce Lerou, acrecentada considerablemente después que su suegro 
muriera impune y en la paz de su hogar.
¡Vaya cuánta desvergüenza
 podríamos agregar todavía con el fenómeno de la corrupción que, si bien
 se hizo transversal en toda la política alcanzó hasta el más cercano 
entorno de los mandatarios con el bullado escándalo del MOP Gate y, en 
el último gobierno, por el tráfico de influencia y otros delitos 
cometidos por familiares directos de la Presidenta Bachelet! Por su 
nuera Compagnon formalizada por la Justicia y un hijo que seguramente 
todavía ha sido imputado solo por la lenidad de un fiscal que desestimó 
las más contundentes pruebas en su contra. Persecutor público al que la 
Mandataria, en uno de sus últimos actos, quiso recompensar nombrándolo 
notario de la ciudad de San Fernando. Es decir, para asegurarle en forma
 vitalicia un suculento ingreso. Desplazando, para ello, al que ya había
 sido nombrado por su abyecto ministro de Justicia, en una maniobra que 
las nuevas autoridades acertadamente desbaratarán.
Es innegable 
que Piñera asume la Presidencia mejor premunido que en su primera 
oportunidad, cuando buena parte de la clase empresarial y numerosos 
políticos del sector desconfiaban de él y acusaban su voracidad en los 
negocios, para desafiar las leyes y cimentar una de las más veloces 
fortunas del país y del mundo. Ahora, no se puede negar que solo es 
visto con desconfianza por algunos parlamentarios y dirigentes de 
partidos o agrupaciones. Pero qué duda cabe que puede estar al tris de 
sumar apoyos en una nada de despreciable falange de demócratas 
cristianos desencantados con su partido. Así como también ha logrado 
empatizar con los credos evangélicos y la propia Conferencia Episcopal 
católica, entidades que, pese a sus propias prácticas de abusos y 
corrupción mantienen mucho arraigo en la sociedad.
Pero nada de 
ello asegura que su actual gobierno pueda manifestar muchas diferencias 
con el anterior. Años atrás le escuchamos decir al historiador Gonzalo 
Vial que la derecha chilena francamente no era democrática y que solo 
consentía con este régimen de gobierno si el marco institucional 
garantizaba sus intereses. Afirmación que fundaba en el Golpe Militar de
 1973, justamente cuando un presidente como Allende se propuso hacer 
transformaciones profundas que sin duda afectarían la hegemonía que les 
propiciaba la Constitución, las leyes y las Fuerzas Armadas.
Por 
esto es que sería ingenuo pensar ahora que lo que no hicieron sus 
antecesores pudiera realizarlo el mandatario recién asumido. Esto es, 
avanzar a una nueva Carta Magna, frenar la desigualdad social y, aunque 
tardíamente, esclarecer toda la verdad de lo acontecido durante la 
Dictadura, señalando a los culpables y reparando a sus víctimas.
Tampoco
 sería razonable suponer que la corrupción pueda ser sancionada por 
quienes con ella justamente han consolidado riqueza y poder las familias
 gobernantes. Si consideramos que esta lacra desde siempre se ha 
manifestado es en las cúpulas patronales y en los políticos entronizados
 en las instituciones públicas, gracias al histórico cohecho y el 
financiamiento irregular de las elecciones.
Tampoco un derechista
 como él va a manifestar demasiado interés por una educación 
igualitaria, cuando al fin de cuenta (y muchas veces lo han reconocido) 
lo que necesita el país son elites “emprendedoras”, así como mano de 
obra barata. Y la cultura, cuanto la instrucción, realmente conspiran 
contra ello y la posibilidad de que nuestras exportaciones sean 
“competitivas”. Por lo mismo que frente a temas como el de la 
inmigración se consentirá con este fenómeno solo si los que llegan están
 dispuestos a trabajar por menos paga que los chilenos y mientras no 
osen, por supuesto, organizarse y luchar por sus derechos.
Lo que
 también nos hace temer que en el agudo conflicto de la Araucanía lo que
 hará este gobierno será ponerse de parte de las grandes industrias y de
 los más poderosos instalados en la zona a fin de perpetuar el despojo 
de las ancestrales pertenencias y derechos de la nación mapuche. Al 
estilo de lo que hicieron los conquistadores y la república autoritaria 
entonces consolidada por las constituciones del año 1833 y 1925. Como 
ahora por la actual, y que seguirá vigente mientras el pueblo no tome 
plena conciencia de que es el legado de Pinochet el que ha marcado la 
razón de estado de todos los gobiernos que le siguieron.
 

 
 
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