Américo Saldívar V.*
En ocasión del Día Mundial del Agua se imponen algunas reflexiones sobre su ingobernanza tanto a escala internacional como en nuestro país.
El Panel sobre el Agua de Alto Nivel (HLPW, por sus siglas en
inglés), encabezado por 11 jefes de Estado y asesores de la ONU, en su
informe de marzo de 2018 a las Naciones Unidas señala que 40 por ciento
de la población que hoy padece escasez de agua, cerca de 700 millones,
corren el riesgo de ser desplazados para el año 2030 debido al riesgo de
intensas sequías. Abunda también en un hecho sumamente grave:
El 80 por ciento de las aguas servidas se arrojan de modo impune al medio ambiente sin recibir tratamiento alguno. Peor aún, de un total de los mil desastres naturales más devastadores del planeta, 90 por ciento están relacionados con el tema hídrico(Daily Star (Dhaka) 16/3/18).
Casi una tercera parte de la población mundial no cuenta con buenas
condiciones sanitarias o defecan a cielo abierto. Un mapeo rápido del
desorden hídrico muestra que, en términos de drenaje y saneamiento de
las aguas servidas, cerca de 20 por ciento de los habitantes en México y
los países latinoamericanos no disponen de buenas condiciones
sanitarias.
Por su parte, el grupo multi e interdisciplinario de la UNAM
encabezado por Víctor Toledo ha documentado más 500 conflictos
medioambientales durante los cinco últimos años en nuestro país, de los
cuales los relacionados con el tema hídrico ocupan el segundo sitio,
después de los generados por la minería.
Ante la percepción errónea sobre la abundancia del agua y en el
entendido de que el financiamiento por el recurso hídrico constituye una
variable crítica y de primera importancia, el dilema que se nos plantea
hoy es que urge pagar e invertir lo necesario por el agua, a riesgo de
tener que pagar mucho más por ella el día de mañana. Esta es una verdad
de Perogrullo, incuestionable. Podemos afirmar que por el agua en tanto
H2O, como recurso físico, no se paga, pues en nuestro país prácticamente
no tiene valor alguno en el mercado, ni es reconocido tampoco por la
mayoría de usuarios; lo que se llega a pagar, si acaso, es por los
servicios de infraestructura, transportación, comercialización e
introducción del servicio de agua potable, es decir, por sus costos
marginales
de producción, ignorando generalmente los costos ecológicos, tanto por su contaminación como por su agotamiento y pérdida de disponibilidad.
Este planteamiento no se opone al derecho humano de acceso al agua en
calidad y cantidad (de acuerdo con recomendaciones de la Organización
Mundial para la Salud, al menos entre 30 y 40 l/pc/día deben ser
garantizados por el Estado y la sociedad, pudiendo ser abastecidos
incluso de manera gratuita, para evitar su exclusión), sino que, por el
contrario, lo defiende al sostener la importancia de los límites
físico-naturales del acceso, su permanencia en el largo plazo y su uso
inteligente y sustentable, que no debe exceder para el consumo humano de
los 100 l/pc/día. Por encima de este volumen los precios y tarifas de
cobro deben ser ejemplares y enviar un mensaje claro a los usuarios
sobre su consumo ambientalmente responsable.
Infortunadamente en México aún se mantiene el esquema
ofertista y clientelar surgido en las dos últimas décadas del pasado
siglo (en 1980 la disponibilidad per cápita anual alcanzaba 15 mil
litros; hoy ésta apenas rebasa 3.3 mil litros pc/año). Como si el agua
fuera un recurso natural infinito y de accesibilidad pronta y barata.
Tal enfoque ha impedido que se trabaje con suficiente responsabilidad en
el tema del control de la demanda, las tarifas diferenciadas según el
tipo de usuarios, en la reparación de fugas, así como en el tratamiento
de las aguas residuales, evitando su descarga impune en los cuerpos de
agua nacionales. A nuestro entender estos cuatro puntos constituyen los
temas prioritarios dentro de la política hídrica nacional.
El tema de la gobernanza del agua debe entrar de modo prioritario en
la agenda y compromisos de todos los candidatos de la contienda
electoral de 2018, pues se trata de un recurso y bien público-común que
integra y articula el entramado de dimensiones sociales, culturales,
políticas, técnico-económicas y ambientales, junto a objetivos de
sustentabilidad hídrica. Ello requiere, para su buen funcionamiento, de
procesos democráticos, voluntad política y reglas claras en la toma de
decisiones, aceptando su complejidad.
En suma, se pueden documentar múltiples evidencias que muestran cómo
con la debilidad de las regulaciones y de la gobernanza de los bienes
comunes, el crecimiento económico a
toda costaconduce a irracionales tasas de explotación y agotamiento de los recursos naturales, y cómo el bienestar de la gente se encuentra comprometido siendo subsidiado a costa del malestar de los ecosistemas. De ahí que la conseja popular debe ser modificada: agua que no has de beber déjala correr, sí, pero limpia.
*Consultor Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable. División de Estudios de Posgrado. Facultad de Economía UNAM
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