Panamá
En
mayo del año pasado se llevaron a cabo nuevas elecciones y quedó
victorioso Juan Carlos Varela, el vicepresidente y canciller de
Martinelli Berrocal durante los 26 meses que duró la alianza; pero el
equipo de trabajo del nuevo presidente no difiere del anterior, lo que
nos indica que el gobierno que se inició en el 2009 continúa en la
actualidad. Durante los últimos años del Presidente Martin Torrijos
(2005-2009) y siguiendo directrices del Pentágono se dio inició a un
masivo proceso de militarización dentro de Panamá, a pesar de que la
Constitución Política, expresamente lo prohíbe. Esta militarización se
da con dos objetivos: asegurar el trasiego de drogas hacia los Estados
Unidos y prepararse para las protestas populares que están al borde de
la esquina, ya que el nuevo Presidente ha mantenido el mismo modelo que
su antecesor. Como dato nuevo, y tal vez inesperado, la sociedad
panameña ha detectado que los niveles de corrupción del gobierno
anterior rebasaron todos los límites de tolerancia, por lo que éste no
ha tenido otra alternativa que dar inicio a una serie de
investigaciones que han llegado a un Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia (Alejandro Moncada Luna), a un par de ministros, a otros
colaboradores del gobierno y a algunos empresarios de monta menor. Sólo
están presos los instrumentos de baja jerarquía; a los demás les han
dado casa por cárcel.
La situación se le está complicando
al presidente Varela, sobre todo, al conocerse públicamente, con la
traducción oficial, de los wikieleaks que fueron filtrados de la
embajadora de los EEUU en Panamá el 22 de agosto de 2009, los que dan
cuenta de que las personas que participaron en la solicitud
gubernamental a la embajada de pinchar los teléfonos, celulares, redes
sociales, a los opositores fueron Ricardo Martinelli Berrocal,
Presidente; Jaime Trujillo, Jefe de Inteligencia, José Abel Almengor
Secretario de Seguridad y Demetrio Papadimitriu, Ministro de la
Presidencia. El caso toma proporciones gigantescas cuando los mismos
wikileakes indican que el vicepresidente y canciller de entonces, señor
Juan Carlos Varela, participó en el proceso y no tuvo el valor de
denunciarlo, a pesar de que públicamente ha expresado su inconformidad
con este acto, lo que le elimina la autoridad moral que ha de tener una
persona para presidir el país. Ya se escuchan voces que reclaman su
separación de la Presidencia de la República.
Pero esto no es
todo: la comunicación entre Ricardo Martinelli Berrocal, quien espera
plácidamente en Miami a que los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia lo exoneren de toda culpa por lo que les suministró un
adelanto de 7 millones de dólares a cada uno, y el actual Presidente es
continua. En el juicio que la Asamblea Nacional le sigue al separado
magistrado Moncada Luna se llegó a un acuerdo, en virtud del cual el
imputado se declara culpable por el enriquecimiento ilícito de sólo dos
millones de dólares y está dispuesto a pagar una condena de cinco años.
Según los cálculos preliminares los delitos de este magistrado superan
en creces esa suma de dinero. Se le está liberando de otros delitos
como blanqueo de capitales, en los que están involucrados empresarios
de alto calibre. Pero ese acuerdo no bajó del cielo: fue producto de
negociaciones entre Martinelli Berrocal y el presidente Varela quien
necesita empezar a reforzar la Corte con sus magistrados
incondicionales.
Por su parte, Varela está tratando de que la
cuerda no se jale con demasiada fuerza por el peligro de ahorcarse.
Cada vez salen en los medios las implicaciones de sus familiares con
actos de corrupción del periodo anterior. La situación en Panamá es tan
inestable, con un presidente que ha dado sobradas evidencias de
incapacidad administrativa, que no se descarta un golpe de Estado dado
por el militar Frank Abrego, jefe del Sistema de Protección de
Fronteras y el hombre del Pentágono en Panamá. Todo es posible en un
país tan convulsionado como es el nuestro, y acordarse de que para los
EEUU su protectorado no puede desestabilizarse.
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