Carolina Escobar Sarti
En este momento de nues -tra historia, la creación de una Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI) es un paso importante en la dirección correcta. Que esa iniciativa de ley llegue a concretarse es un deseo sentido y la justa respuesta a una deuda histórica que el Estado guatemalteco tiene con los pueblos indígenas.
Sin embargo, leyendo dicha iniciativa, hay algo que me hace mucho ruido, y es que quieren meter a la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) dentro del gran paquete de la SPI, como una simple unidad más dentro de toda su estructura.
Esto sí me parece un paso atrás, un retroceso grave en la construcción del Estado democrático e incluyente que queremos dibujar. No solo porque he visto cómo se encogen los espacios de las mujeres dentro de la institucionalidad tradicional, sino también porque la DEMI tiene características muy particulares que deberían de ser observadas antes de tomar la decisión de servirla como bocado a un sistema que suele tragarse con facilidad los espacios que las mujeres han conseguido abrir con muchísimo esfuerzo.
Que reconozcamos la importancia que implica para los Pueblos Indígenas el hecho de que, desde la administración del Estado, sea creada una instancia rectora que fortalezca de manera específica las capacidades técnicas, financieras, políticas y humanas de la institucionalidad actual de Pueblos Indígenas, es una cosa. Otra muy distinta es querer borrar de tajo una conquista histórica de las mujeres indígenas de este país.
Y aquí llamo la atención de las mujeres organizadas, de la cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas, de los diputados y diputadas del Congreso, así como de la sociedad en su conjunto y del gobierno actual. La DEMI es una instancia gubernamental con las capacidades de ejecución y gestión, técnicas, administrativas y financieras como las de cualquier ministerio. Definitivamente, es un logro que dentro del presupuesto nacional se asigne un pedacito para las mujeres indígenas y que ellas mismas decidan, con autonomía y desde su conocimiento de la realidad, cómo y cuándo lo usan. Eso es empoderar.
La DEMI fue legalmente constituida en 1999, para atender las situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de las mujeres indígenas, y es el resultado de las luchas y reivindicaciones políticas y sociales de las mujeres mayas, garífunas y xinkas, expresado en los acuerdos de paz, específicamente en el Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas.
Subsumir a la DEMI dentro de la SPI no solo atentaría contra la emergente institucionalidad de las mujeres, sino que estaría quebrando por la mitad los grandes compromisos que el Estado guatemalteco ha adquirido, nacional e internacionalmente, en su intento de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos, en este caso específicos, de las mujeres más vulnerables del país: las indígenas. Estaría barriendo con los acuerdos de paz, con la CEDAW, con las conferencias internacionales de las mujeres, para nombrar solo algunos.
Y todavía hay quienes creen que la oposición de la DEMI a fundirse dentro de la SPI responde a que ellas “no quieren perder su trabajo”. La misma trampita de siempre de quienes no han entendido que no entienden.
La Junta Coordinadora de la DEMI, como ente político y en representación de las mujeres indígenas de las 23 comunidades lingüísticas del país, se opone a la fusión de la DEMI con la SPI. Tiene razón. Pueden complementarse y converger en múltiples líneas de acción, pero son místicas y mandatos distintos los que orientan su quehacer. Cuando se ha ejercitado la autonomía y se han impulsado procesos importantes de denuncia, de participación y organización ciudadana de las mujeres indígenas en todos los niveles, es inaceptable querer menos. Algún día, cuando hayamos practicado suficientemente la democracia, necesitaremos menos instituciones. Hoy, el espíritu de creación de la DEMI sigue vigente en las necesidades sentidas de millones de mujeres de Guatemala
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