Cerigua.- El silencio parece apoderarse cada vez más del gremio periodístico de algunos departamentos de Guatemala, en los que abordar el tema de los poderes paralelos, como una nueva amenaza para el quehacer informativo, es hablar en el desierto, ya que nadie se atreve a opinar sobre esta temática.
Cerigua presentó el viernes último un estudio sobre el estado de situación de la libertad de expresión 2007 en Guatemala a más de 30 comunicadores y periodistas de Baja Verapaz, que refiere que los grupos ilegales están infiltrados en algunas instituciones clave del Estado y ejercen presión sobre los medios de comunicación, que se ven obligados a la autocensura.En la exposición, la directora de la agencia, Ileana Alamilla, comentó cómo estos grupos fácticos han cooptado a algunas autoridades, son invisibles y tienen una fuerte presencia en el área rural, donde pueden marcar la pauta de la agenda de los medios de comunicación.
El análisis sobre libertad de expresión, apoyado por la Red de Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión IFEX, indica que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio periodístico, pero no puede responder porque sus instituciones, especialmente las de justicia, están debilitadas y carecen de la capacidad para investigar este tipo de casos.Durante la exposición, algunos líderes de la sociedad civil, quienes contextualizaron a los periodistas sobre la situación social del departamento, expresaron su preocupación por el silencio de la prensa.A pesar de los problemas o los peligros que implica ejercer el periodismo, es importante retomar la voz y romper la autocensura, que parece apoderarse del gremio, lo que implica la unidad de la prensa departamental, señalaron los dirigentes.
De acuerdo con el informe 2007 sobre libertad de expresión, los principales grupos paralelos que afectan la labor de los medios son los legales, actúan desde el poder, es decir, quienes valiéndose de un cargo público impiden la labor de los periodistas.También están los ilegales, especialmente la narcoactividad, el crimen organizado y las maras, el primer grupo que se ha convertido en una de las principales amenazas para ejercer el derecho de informar y ser informado.
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