Rebelion.
Mario Sosa
El día de hoy (1), muy probablemente, ya sabemos quién administrará el apartado gubernamental durante los siguientes cuatro años. Seguro la elección final está siendo polémica, tal y como ha venido siendo la contienda. Contienda entre dos fuerzas de derecha extrema, como la del partido político Vamos, y moderada, como la del partido UNE, las cuales han mantenido y mantendrán su confrontación durante todo el período de gobierno. Confrontación que se explica en el hecho de que tanto una como otra representan intereses de segmentos de poder económico y político distintos, que buscan controlar a su favor los apartados, la política y los recursos estatales.
Más allá de sus diferencias de matiz, lo previsible es que el ganador o la ganadora dará continuidad a las políticas fundamentales que han regido la orientación del Organismo Ejecutivo en particular. Entre las principales políticas fundamentales que tendrán continuidad figuran:
Una política económica que da curso a un modelo de acumulación de capital caracterizado por asumir al país como productor de materias primas y proveedor de fuerza de trabajo barata, con un énfasis extractivo que se ha intensificado desde inicios del siglo XXI. Un modelo que somete a las grandes mayorías a la miseria, que expulsa a niños y jóvenes, a quienes orilla al drama permanente de una migración inhumana, mientras privilegia y facilita el enriquecimiento tanto de las empresas transnacionales como de los grupos corporativos oligopólicos que articulan a los capitales históricamente dominantes.
El sometimiento a las imposiciones de Estados Unidos. En un contexto profundamente conservador y proclive a ver en el modelo estadounidense un paradigma de democracia, desarrollo y bienestar, con élites económicas, políticas y militares sumisas a sus designios, sin un proyecto y sin un sujeto político que se orienten a construir un Estado soberano e independiente, lo más probable es que el siguiente administrador gubernamental se someta a las políticas estadounidenses. Más allá de la negociación en torno a los términos del dominio que promueva el gobierno electo, Guatemala seguirá sometida a las políticas devenidas del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta), del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y a las imposiciones en materia migratoria, de seguridad y de control territorial, así como a la doctrina Monroe, que inspira la estrategia de injerencia y agresión contra Estados insumisos a Estados Unidos y en la cual Guatemala actúa como peón de su ajedrez.
El mantenimiento de una política de impunidad que el Gobierno constituirá impulsando en dirección a minar procesos de investigación y procesamiento judicial en contra de empresarios, políticos, militares y otros actores involucrados en delitos de alto impacto. Esta ha sido la tendencia en la política que impulsan el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, que se afianzará con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en septiembre próximo. Con el actual Congreso de la República y con el que se instalará en enero próximo, muy probablemente se intentará aprobar leyes que instituyan sanciones menores y medidas sustitutivas que beneficien a quienes se encuentran encarcelados en el cuartel militar Matamoros o a aquellos altos empresarios y políticos con procesos de investigación judicial.
Una política de marginación de los grandes conglomerados en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Los pueblos indígenas, los campesinos, los obreros, las mujeres, la juventud y los niños seguirán siendo discriminados, marginados e invisibilizados en las políticas gubernamentales. Menos aún se buscarán soluciones a los problemas históricos y estructurales que padecen. Complementariamente, se continuará la política de criminalización y judicialización que implementan actores empresariales, mediáticos, políticos, y funcionarios públicos de los tres organismos del Estado.
Más allá de las diferencias en el estilo de gobierno y de las orientaciones particulares de quien haya sido elegido, lo cierto es que los problemas del país muy probablemente seguirán agudizándose, tanto como las contradicciones que estos generan. Y esto, en esencia, se deberá en buena medida a que el siguiente presidente operará como un gerente de país, sometido a las decisiones de los grupos de poder económico, militar y del crimen organizado (inserto en la institucionalidad estatal), así como a los designios de Estados Unidos, que de forma más explícita avanza en convertir nuestro país en un simple protectorado.
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