Washington. Decenas de familias separadas en la frontera
de Estados Unidos y México se aprestan a demandar al gobierno porque
aseguran que sus niños sufrieron abuso sexual, físico o emocional en
orfanatos financiados con fondos federales.
Un estudio de 38 demandas obtenidas por Ap revela que el gobierno
estadunidense podría pagar más de 200 millones de dólares en daños. En
años recientes, más de 3 mil menores migrantes fueron separados de sus
familiares en la frontera como parte de las medidas de tolerancia cero
de la administración de Donald Trump.
Las familias, algunas en Estados Unidos y otras deportadas,
presentaron reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por
Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar
sus demandas. Ésta permite demandar al gobierno a individuos que hayan
sufrido daños por intervención directa de empleados federales.
El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en
inglés), responsable del cuidado de menores migrantes, señaló que no
podía hacer declaraciones sobre procesos legales pendientes, pero que
trata a los niños con dignidad y respeto.
El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados del HHS
atendió a casi 50 mil niños que cruzaron la frontera sin acompañantes,
así como menores separados de sus familias. La oficina los alojó en
orfanatos, refugios residenciales y campos de detención en todo el país.
Los niños sufrieron traumas emocionales graves al sufrir ataques
físicos o manoseos por parte de otros menores en los hogares de acogida,
según con documentos del HHS difundidos por el Congreso.
Seis de los reclamos son por menores que estuvieron en hogares. Un
escrito presentado recientemente a un tribunal se refiere a un niño
migrante que sufrió abuso en un hogar. Los documentos revelan que la
Oficina de Asentamiento de Refugiados remitió al menos siete denuncias
de abuso sexual en hogares al Departamento de Justicia en 2017 y 2018.
Tres de los cuatro incidentes de ataques físicos reseñados bajo la
FTCA ocurrieron en Cayuga Centers de Nueva York, la agencia más grande
de alojamiento de menores migrantes, que en ocasiones ha atendido hasta
900 bebés y niños.
Cayuga Centers declaró en un comunicado que toma la seguridad de los
niños a su cuidado con toda seriedad y transmite las denuncias de abusos
a las autoridades correspondientes.
La autoridad tiene seis meses de plazo para responder a los reclamos
una vez presentados. Después, los demandantes pueden iniciar un juicio
contra el gobierno.
Ap, Dpa y Xinhua
Periódico La Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario