El Salvador
Alba Sud
| "El desarrollo debe ir a la par de políticas que garanticen la vida y protejan el medio ambiente y los bienes comunes" |
El Salvador es
actualmente el único país de la región centroamericana que pone límites a
la propiedad de la tierra. Producto de la Reforma Agraria de los años
80, ninguna persona natural o jurídica puede poseer más de 245 hectáreas
de tierras rústicas. El artículo 105 de la Constitución salvadoreña
dice textualmente: “La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a
una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas
cuarenta y cinco hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las
asociaciones cooperativas o comunales campesinas”.
Después de las
elecciones legislativas del pasado marzo, donde la derecha salvadoreña
se aseguró el control absoluto del Parlamento y podría alcanzar los
votos necesarios (56 de 84) para modificar la Carta Magna, esta barrera
contra la reconcentración de la tierra podría caer. Con la excusa de
borrar una limitante a la inversión y fomentar la producción
agroindustrial nacional, los partidos Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido
Demócrata Cristiano (PDC) presentaron en abril un proyecto de reforma
constitucional para eliminar el límite impuesto a la tenencia de tierras
rústicas. Sería suficiente el apoyo del conservador Partido de
Concertación Nacional (PCN) para alcanzar cómodamente la meta.
Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas en el Gobierno del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recordó ante
medios nacionales que dicho límite se estableció para que todas las
personas pudiesen tener acceso a la tierra. “Ya están mostrando las
garras, quieren volver al pasado para reconcentrar la propiedad de la
tierra”, dijo. Esta espada de Damocles que pende sobre el futuro del
pequeño país centroamericano es parte de un proyecto mucho más amplio
que busca profundizar el modelo extractivista, beneficiando al gran
capital nacional y transnacional y revirtiendo los avances logrados en
la última década en materia social.
Génesis de la reforma agraria salvadoreña
Uno
de las históricas reivindicaciones del pueblo salvadoreño ha sido el
acceso a la tierra. La concentración de las tierras en pocas manos y las
desigualdades sociales condujeron el país hacia un largo conflicto
armado (1980-1992) que dejó un saldo de decenas de miles de muertos y
desaparecidos. Realizar una verdadera reforma agraria ha sido el
principal anhelo de millones de personas. En la década de 1870, desde la
presidencia de la República se impulsó con fuerza el cultivo del café.
Para acelerar este proceso, entre 1881 y 1882 se llevó a cabo una
“reforma agraria” con la que se extinguieron las tierras comunales y
ejidales, despojando a las comunidades indígenas que fueron desplazadas
hacia la costa y el norte del país. Dichas tierras fueron entregadas a
la oligarquía terrateniente nacional para que constituyera la hacienda
cafetalera. Los latifundistas fueron extendiendo sus propiedades sin
ningún control, asegurando su legalización a través de la creación del
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.
En 1980, ante la
inminente escalada del conflicto armado interno, la Junta de Gobierno
impulsó una reforma agraria que pretendía beneficiar a los campesinos
sin tierra. Sin embargo, el objetivo oculto era ocupar militarmente el
país y controlar a la población campesina para evitar que apoyara a los
grupos insurgentes. El 6 de marzo, los militares ocuparon militarmente
las grandes fincas agrícolas, justificando el gigantesco operativo con
la necesidad de proteger a los campesinos de los antiguos propietarios.
La
reforma agraria constaba de tres fases. La primera preveía la
expropiación de 238 latifundios mayores de 500 hectáreas que ocupaban
218.000 hectáreas (15% de la tierra agrícola). Con la segunda fase se
expropiarían alrededor de 1.739 propiedades de entre 100 y 500
hectáreas, que ocupaban unas 343.000 hectáreas (18,5% de la tierra
agrícola) y que afectarían a más del 60% de los cultivos de café. La
tercera fase pretendía dotar de tierras a los campesinos medios,
arrendatarios y colonos, con parcelas de hasta 7 hectáreas cedidas por
los patronos, y que ocupaban un área total de 178.000 hectáreas, es
decir el 9,6% de la propiedad agrícola [1].
Lamentablemente, el
ascenso al poder en 1982 de la fuerza política ultraconservadora ARENA
condujo a la aprobación de una nueva Constitución, que estableció el
límite de 245 hectáreas al derecho de tenencia de la tierra. Los
excedentes debían ser expropiados y transferidos. Con esta disposición
se daba un golpe mortal a la segunda fase, corazón y médula de la
reforma agraria.
Volviendo al latifundio
Años
más tarde (1991 y 1996), el Parlamento aprobó los decretos 747 “Ley del
Régimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma
Agraria” y 719 “Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de
las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y
Beneficiarios de la Reforma Agraria”, con los cuales se promovió la
parcelación y venta de las tierras en manos de asociaciones
cooperativas. Hasta noviembre de 2005 se habían parcelado casi 56.000
hectáreas en 379 propiedades, asignándolas a 73.837 beneficiarios
individuales [2].
“Fue el golpe final. Se quitaron los
candados de la reforma agraria para ir despojando a las cooperativas de
sus tierras. Se montaron negocios turbios, plagados de irregularidades y
hubo cooperativistas y miembros de las juntas directivas que se
prestaron para eso”, dijo a Alba Sud, María Silvia Guillén, ex
subdirectora del Centro Nacional de Registros (CNR) y actual comisionada
presidencial para Derechos Humanos. Las tierras agrícolas se
convirtieron nuevamente en mercancías al alcance de quien mejor las
pudieras pagar. Dejaron de ser tierras productivas para convertirse en
bienes para la especulación. Poco a poco, las tierras de la reforma
agraria fueron entregadas a la banca privada en pago de la deuda agraria
y bancaria; vendidas para industria y comercio; y parceladas y
lotificadas para vivienda o turismo. De esta manera, se dio inicio a un
nuevo despojo legalizado de las tierras de campesinos y cooperativas
agropecuarias.
El mejor ejemplo de ello es lo que pasó con
centenares de familias campesinas, beneficiadas por la reforma agraria,
que vivían en la finca El Espino, Antiguo Cuscatlán. Después de más 20
años de ser asociados de la cooperativa El Espino, las familias fueron
paulatinamente desalojadas por los antiguos propietarios (la familia
Dueñas). En las casi 250 hectáreas de terrenos urbanizables que
conformaban la finca, surgen ahora centros comerciales y complejos
residenciales, como por ejemplo La Gran Vía, Portal del Casco y Puerta
Gran Canaria, que la empresa Urbánica, de la familia Dueñas, y el Grupo
Roble, de la familia Poma, construyeron en la última década [3].
Inversión turística al acecho
“La derecha
controla la Asamblea Legislativa y va con todo. No sólo quiere reformar
el artículo 105 de la Constitución para volver al latifundio, sino que
pretende revertir la prohibición de la minería metálica en el país [4],
expandir los monocultivos tradicionales e introducir nuevos como la
palma africana, condicionar la aprobación de la Ley General de Aguas a
una nutrida presencia del sector empresarial en la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), ente rector que regirá y aplicará la legislación”,
manifestó Guillén.
La defensora de derechos humanos dijo estar
preocupada por el riesgo real de que el país se encamine hacia la
privatización del vital líquido y el boicot a la aprobación de una Ley
de Soberanía Alimentaría, que garantice el ejercicio pleno del derecho
humano a una alimentación adecuada.
La gran expansión que el
turismo ha tenido en los últimos años en el país y el interés mostrado
hacia el sector por parte de grupos económicos nacionales e
internacionales, han sido elementos que han contribuido a la decisión
política de querer suprimir el límite a la tenencia de la tierra y crear
verdaderos clusters. Durante la última década, El Salvador ha sido uno
de los países de la región con el mayor crecimiento en turismo. El año
pasado hubo un incremento del 9,5% de los visitantes (2,2 millones) en
relación al 2016, la cifra más alta en los últimos 35 años. La actividad
turística generó divisas por casi 1500 millones de dólares, con un
aumento de casi el 7% en relación al año anterior. Entre 2009 al 2017,
los ingresos por turismo reportaron un crecimiento del 144,7%, mientras
que la llegada de visitantes internacionales incrementó del 51,6%.
“Los
grandes capitales no están interesados en el sector agropecuario, y le
han puesto el ojo a la inversión turística, la construcción de viviendas
y de fincas (quintas) de recreo. Ya tenemos el ejemplo de la Ruta de
las Flores, en el Occidente, y de Chalatenango, en el norte del país,
donde se han creado centros recreativos turísticos que son ajenos a la
realidad de pobreza que los rodea”, dijo María Silvia Guillén.
El inicio de las obras del Fomilenio II,
un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos por medio de
la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés),
cuya inversión supera los 365 millones de dólares y que impactará toda
la franja costera, abre definitivamente las puertas a una nueva fase de
ampliación de la oferta turística. Las comunidades campesinas de la zona
han lanzado un grito de alerta que ha sido desoído por las autoridades.
Entre las obras que se ejecutarán por medio de alianzas
público-privadas se encuentra la ampliación a 4 carriles de la carretera
Litoral, desde el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero hasta
Zacatecoluca (24,2 kilómetros); mejoras en el pase fronterizo de El
Amatillo; mejoras en 344 centros escolares de la franja marino costera y
el fortalecimiento del sistema nacional de formación técnica
profesional.
El Salvador ya cuenta con importantes complejos
residenciales con fines turísticos, como por ejemplo Encanto Residential
Country Club, ubicado entre los municipios de San José Villanueva y
Zaragoza, que incorpora más de 600 lotes residenciales en un área de más
de 210 hectáreas, alrededor de un campo de golf de 18 hoyos de
categoría mundial y un Country Club de 5,5 hectáreas. También el
proyecto habitacional Costa Real, del Grupo Poma, un complejo de 4
torres y 112 apartamentos en la Costa del Sol, una de las mejores playas
del país.
“Suprimir el límite a la tenencia de la tierra y crear
clúster ocasionará fuertes impactos ambientales y culturales, tanto por
la expansión de monocultivos, como por la proliferación de proyectos de
viviendas y complejos turísticos. El desarrollo debe ir a la par de
políticas que garanticen la vida y protejan el medio ambiente y los
bienes comunes”, concluyó Guillén.
Notas:
Este
artículo se publica en el marco del proyecto Turisme Responsable: una
eina d'Educació per a la Justícia Global, ejecutado por Alba Sud con el
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de
Educación para la Justicia Global 2017. [1] Polanco, Mario Alfredo
(1984). La situación jurídica de los excedentes de 245 hectáreas, un
mito y una realidad de El Salvador. San Salvador: Universidad
de El Salvador.Tesis para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas.
[2] Reforma Agraria y Desarrollo Rural en El Salvador, ISTA, noviembre de 2005.
[3] Labrador, Gabriel (2014). Los dueños reconquistan poco a poco El Espino. El Faro, 28/09/2014.
[4] Trucchi, Giorgio (2017). ¡Minería nunca más! En El Salvador
resultado histórico de una lucha con profundas raíces sociales.
Rel-UITA, 19/04/2017.
Fuente: Alba Sud
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