Confidencial
Después de reprimir,
asesinar, perseguir y encarcelar a centenares de ciudadanos, el régimen
orteguista pretende callar la protesta cívica alzada contra el Gobierno
de Daniel Ortega, a través de una orden policial que amenaza con
procesar a las personas y organismos que convoquen a las manifestaciones
de protesta cívica, que ahora son declaradas “ilegales”.
“Serán
responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos
que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han
promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y
criminales”, indica la Policía en una nota de prensa difundida a través
de los medios oficialistas.
La prohibición se produce en la
víspera de una nueva marcha de protesta cívica convocada en Managua este
sábado a las dos de la tarde, bajo el lema: “Marcha de la rebeldía, no
tenemos presidente”.
Expertos en Derecho Constitucional,
defensores de derechos humanos y activistas opositores rechzan la
amenaza policial, porque atenta contra la Constitución de la República y
le atribuye a la Policía facultades que no le corresponden.
“Es
un acto gubernamental de criminalización de la protesta ciudadana. Se
quiere convertir en delito un derecho fundamental”, asegura la jurista
experta en Derecho Constitucional y miembro de la Alianza Cívica por la
Justicia y la Democracia, Azahálea Solís.
La socióloga e
investigadora en temas de seguridad ciudadana y también expolicía,
Elvira Cuadra, asegura que en Nicaragua “se está instalando un estado de
excepción con esa prohibición”.
El jurista y exdiputado
opositor, José Pallais, opina que con su amenaza la Policía está
“afectando derechos fundamentales de aplicación directa que para su
ejercicio no requieren de ninguna autorización administrativa por
considerarse restrictivas a un derecho constitucional básico, como el
derecho a manifestarse”.
“Estamos viviendo una total
radicalización, olvidando que el pueblo nicaragüense es persistente y ha
sobrevivido a todo tipo de represión”, afirma Pallais.
En su
nota de prensa, la Policía responsabiliza de los incidentes violentos de
este mes a las diferentes convocatorias ciudadanas, promovidas
principalmente para exigir la libertad de los presos políticos del
régimen y por la justicia para los más de 300 muertos confirmados desde
el pasado 19 de abril.
Dichas manifestaciones han sido
reprimidas de forma brutal por bandas paramilitares, que cuentan con la
protección de las autoridades, sin embargo, la Policía acusa sin pruebas
a los manifestantes de los hechos de violencia, incluso de la muerte
del menor de 16 años Matt Andrés Romero, ocurrida el pasado domingo 23
de septiembre.
“La Policía Nacional ha investigado, investiga, y
acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños
materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque
constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida, y el orden
público”, asegura la Policía.
Sin mencionar nombres o
identidades, la Policía responsabiliza a los organismos y personas que
“han convocado y convocan a estas actividades ilegales, y nada
pacíficas”, de cualquier amenaza, daño, o riesgo, a “la vida, a la
dignidad de la persona, o daño a bienes particulares o estatales”.
“Los convocantes —añade la nota— son responsables y responderán ante la
justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se
presenten en el desarrollo de estas actividades”.
Además, agrega
que “serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y
organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los
cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas,
destructivas y criminales”, sostiene la Policía.
La institución a
cargo del consuegro de Ortega y Murillo, el primer comisionado
Francisco Díaz, calla una vez más sobre los muertos que han provocado
los grupos paramilitares, protegidos por la Policía.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA reaccionó a la amenaza
policial con un mensaje en su cuenta oficial de twitter que dice: “CIDH
recibe con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua
que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su
convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e
inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”.
Viola la Constitución
El abogado y experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez,
coincide en que la Policía Nacional atenta contra la Constitución
Política y se arroga funciones que no le corresponden.
Los
derechos constitucionales contra los cuales atenta directamente la nueva
orden policial son los derechos a la movilización y la reunión
pacífica, contemplados en los artículos 53 y 54 de la Constitución
Política.
“Ninguna autoridad tiene más atribuciones que las
expresamente señaladas por la ley y nada en el marco jurídico le da
atribuciones a la Policía para anular derechos legítimos de la
ciudadanía”, agrega Solís.
La amenaza policial también es
violatoria de los derechos constitucionales de “concentración,
manifestación y movilización pública”, y del “derecho de reunión
pacifica, que no requiere permiso previo”.
La jurista también
reitera que “ya era violatoria la actuación contra el derecho de
movilización y expresión, y ahora se incrementa con una disposición que
violenta el principio de constitucionalidad y de legalidad”.
Cuadra, además, añade que “declarar el estado de excepción significaría
negar su discurso de que todo está normal y quedar en peor posición
frente a la comunidad internacional”.
La Articulación de
Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, aseguró en
un comunicado que “la anunciada criminalización de las marchas muestra
cuán desesperada y frustrada se encuentra la dictadura de los
Ortega-Murillo”.
Fuente: https://confidencial.com.ni/
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