Honduras: Comunicado de Prensa: La OMCT y la FIDH manifiestan seria preocupación por asesinatos de opositores y ausencia de protección de la sociedad civil.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT)
FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (FIDH)

COMUNICADO DE PRENSA

HONDURAS: Ola de violencia y asesinatos de opositores al golpe de Estado

Ginebra, 4 de mayo de 2010. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reiteran su permanente preocupación por la violencia ejercida contra opositores al golpe de Estado del pasado 29 de junio de 2009, incluso la ola de asesinatos ocurrida durante los últimos meses en Honduras, la cual muestra la ausencia de medidas apropiadas de protección de la población civil de parte del gobierno.

El último caso de violencia denunciado tuvo lugar el 20 de abril de 2010. El Sr. Oscar Flores, ingeniero agrónomo militante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y activista voluntario del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), quien se había convertido en un símbolo de la oposición al golpe de Estado en Honduras, fue capturado por la policía en Tegucigalpa, detenido sin conocerse las razones en un lugar desconocido y víctima de malos tratos. Posteriormente, el 22 de abril, el Sr. Flores fue liberado en una carretera del norte del país. El Sr. Oscar Flores había participado en varias marchas llevando un estandarte con el conteo de los días en resistencia contra el gobierno de facto, durante el tiempo en que este gobierno permaneció en el poder Anteriormente, el Sr. Flores, había sido capturado, en el mes de febrero, por militares en las proximidades del parque Obelisco, en Tegucigalpa, pero en esa ocasión consiguió escapar.

La OMCT y la FIDH también condenan firmemente los asesinatos de activistas y periodistas hondureños denunciados los últimos meses. Ambas organizaciones han recibido informaciones sobre el asesinato de la Sra. Vanessa Zepeda Alonso y de los Sres. Julio Funes Benítez y Francisco Castillo, todos miembros del FNRP. La Sra. Vanessa Zepeda Alonso fue encontrada muerta en Tegucigalpa el 3 de febrero de 2010; el Sr. Julio Funes Benítez fue asesinado por hombres armados el 15 de febrero de 2010, y el Sr. Francisco Castillo fue asesinado el 27 de marzo de 2010 por un desconocido que le disparó por la espalda. También fue asesinada, el 24 de febrero de 2010, la Sra. Claudia Larissa Brizuela, hija del Sr. Pedro Brizuela, miembro del FNRP. De acuerdo con las informaciones, se teme que el asesinato de la Sra. Claudia Larissa Brizuela tenga por objetivo enviar un mensaje a su padre por sus actividades como miembro del FNRP.

Asimismo, según se ha conocido, el Sr. José Manuel Flores, dirigente del magisterio del Instituto San José de El Pedregal en Comayagüela, fue asesinado en su centro de trabajo el 23 de marzo de 2010, y el Sr. José Leonel Álvarez Guerra, líder del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), falleció el 8 de abril de 2010 a manos del escuadrón paramilitar en el Aguán. Ambos denunciaban regularmente las violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado.

Igualmente, la OMCT y la FIDH han conocido que siete periodistas hondureños han sido asesinados durante marzo y abril de 2010. En efecto, de acuerdo con las informaciones, el Sr. Joseph Hernández Ochoa, periodista de Canal 51, fue asesinado a balazos el 1 de marzo de 2010 en Tegucigalpa. Al momento del ataque, el Sr. Hernández Ochoa iba acompañado por la Sra. Karol Cabrera, periodista del estatal Canal 8, quien resultó herida de bala. Asimismo, el Sr. David Meza Montesinos, corresponsal del noticiero Abriendo Brecha y reportero de las estaciones de radio El Patio y Radio América, fue asesinado a tiros el 11 de marzo de 2010 cuando estaba por llegar a su casa en la ciudad de La Ceiba. El Sr. Nahún Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán, y de un noticiero de Radio Tocoa, fue asesinado el 14 de marzo de 2010 durante una emboscada en Tocoa. Por su parte, los Sres. José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, periodistas del Canal 4 R.Z. y de las radios Excélsior y Súper 10, fueron asesinados el 26 de marzo de 2010 mientras conducían en una carretera en la provincia de Olancho.

De igual forma, el Sr. Luis Antonio Chévez Hernández, locutor de la radiodifusora W105, fue asesinado el 11 de abril de 2010 en San Pedro Sula, cuando regresaba a casa acompañado de un primo suyo. Por último, el Sr. Jorge Alberto Orellana, director de un programa en la Televisión de Honduras de San Pedro Sula, también conocido como Georgino Orellana, fue asesinado el 20 de abril de 2010 de un balazo en la cabeza cuando salía de las instalaciones del canal donde trabajaba.

De acuerdo con las informaciones, varios de los periodistas mencionados anteriormente habían recibido amenazas antes de ser asesinados. El 31 de marzo de 2010, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), Sr. Ramón Custodio, solicitó a la CIDH medidas cautelares de protección a favor de todos los periodistas hondureños. Al momento emitir este comunicado, se desconoce la identidad de los perpetradores de estos asesinatos, a pesar de las declaraciones públicas del Ministro de Seguridad en las cuales se anuncian avances sustanciales en las investigaciones, avances que no han contribuido a disminuir las amenazas y atentados en contra de los comunicadores.

Por otra parte, la OMCT y la FIDH recuerdan que desde el golpe de Estado se ha incrementado la represión en contra de los campesinos que reclaman su derecho a la tierra. El 17 de marzo de 2010, fueron asesinados los Sres. José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la Cooperativa Brisas de la Cooperación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), quienes reclamaban un terreno de 60 hectáreas desde hace cuatro años[1].

La OMCT y la FIDH manifiestan su rotundo rechazo ante los hechos anteriormente denunciados y señala su profunda preocupación por la grave situación de violencia en Honduras e insta a las autoridades hondureñas a que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de la población, en particular de los miembros del Frente de oposición. La OMCT y la FIDH hacen un vehemente llamado a las autoridades de Honduras a que obren de conformidad con las leyes internacionales y regionales de derechos humanos, en particular con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (Pacto de San José), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.

Por último, la OMCT insta a las autoridades concernidas a llevar a cabo una investigación inmediata completa, independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.

Para mayores informaciones les agradecemos que se comuniquen con:
OMCT: + 41 22 809 49 39
FIDH: + 32 485 16 80 70

[1] Este conflicto agrario resulta de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de 1992 que causó una profundización de la pobreza en el sector rural y de violentos conflictos. Los Sres. Cardoza y Carías presionaban el Instituto Nacional Agrario (INA) para que encontrara una solución al problema.