En la reunión entre Vega y la dirigencia de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) quedó establecida la común voluntad de mantener un diálogo permanente y de velar por los derechos laborales.
El clima creado contrasta con la crispación y el enfrentamiento causados por la política patronal del pasado gobierno del presidente Alan García, según hizo notar en el diálogo con Vega el secretario general de la CGTP, Mario Huamán.
En la cita Huamán reafirmó el apoyo la central a los cambios planteados por el nuevo gobierno de Ollanta Humala, que deben, dijo, terminar con la política del "cholo (mestizo andino) barato", es decir la sobreexplotación laboral.
Indicó que tal política rige desde el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y fue mantenida por el de García, que calificó como nefasto, lo que contrastó con el gesto de Vega, de inaugurar su gestión con una visita a la CGTP y el diálogo con sus dirigentes.
Recordó que en la administración recién terminada fueron despedidos cinco mil trabajadores solo por intentar organizarse sindicalmente y hubo una sistemática violación de otros derechos laborales.
Según Huamán, los trabajadores votaron por el cambio de esa situación, para que el crecimiento no quede en pocas manos, sino que se distribuya para las mayorías que pugnaron para que el gobierno de Humala sea realidad.
Tras remarcar la necesidad de poner fin a la política del "cholo barato", argumentó que "nosotros también somos responsables del crecimiento económico y por ende tenemos el derecho de beneficiarnos de la riqueza que ayudamos a generar".
Pidió al ministro un rol más activo del Ministerio de Trabajo para hacer respetar los derechos laborales, como el de organizarse sindicalmente y negociar en forma colectiva mejoras salariales, promover el empleo digno y otros.
El ministro Vega planteó a su vez un compromiso de respeto a esos derechos con más inspecciones, para lo cual debe impulsarse una nueva ley de trabajo empantanada desde hace más de una década en el Congreso.
Huamán denunció de otro lado que el pasado gobierno lanzó decretos inconstitucionales que daban luz verde a la represión militar y policial de las protestas sociales, que ocasionaron un número no precisado de muertos.
Demandó que esas normas sean anuladas por el parlamento y que este denuncie judicialmente a los responsables de esas muertes, que suman más de cien, según el exprocurador estatal Ronald Gamarra, quien también demandó la anulación.
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