México, 6 ago (PL) Medios de prensa destacan hoy la participación de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) en la fallida operación Rápido y Furioso, la cual facilitó ilegalmente armas a varios carteles de la droga mexicanos.
Las informaciones se refieren a la carta de Michele Leonhart, administradora de la DEA, quien aseguró que su agencia colaboró de forma indirecta con la fallida y cuestionada operación de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF).
Leonhart admitió en su misiva que las oficinas de la DEA en Phoenix (Arizona) y El Paso (Texas) estuvieron "involucradas indirectamente" y solamente haciendo investigaciones.
Amplió además que en marzo de 2010, la DEA en El Paso respondió a una solicitud de ayuda de la ATF en una operación de vigilancia como parte de la citada operación.
La DEA en Phoenix fue la que tuvo un mayor papel en las investigaciones "aunque el personal de la DEA no tuvo ningún papel en la toma de decisiones en ninguna de las operaciones de la ATF", precisó Leonhart.
Insistió que la DEA en Phoenix se limitó a la emisión de citaciones administrativas para el rastreo electrónico de los implicados en esa operación, además del desembolso de 128 mil dólares para gastos de intérpretes y la ejecución de órdenes de allanamiento.
Sus agentes igualmente colaboraron en el procesamiento de pruebas sobre drogas incautadas y en el interrogatorio de algunos de los 20 contrabandistas de armas arrestados en el área de Phoenix.
El pasado 25 de enero, la DEA participó en una rueda de prensa para anunciar los arrestos, aunque no hizo declaraciones, detalló Leonhart.
La citada carta de Leonhart fue en respuesta a una solicitud de dos legisladores norteamericanos para que entregasen toda información y documentos disponibles sobre el papel de la DEA en esa operación, la cual causó fricciones entre Estados Unidos y México.
Rápido y Furioso resultó el nombre de la maniiobra con que la ATF vendió armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con México, con el objetivo de poderlas rastrear e identificar a quienes trafican armamento para los narcotraficantes.
La operación sucedió de octubre de 2009 a septiembre de 2010, período en el cual se introdujeron ilegalmente a territorio mexicano de mil 500 a dos mil 500 armas, de las cuales solo 797 pudieron ser recuperadas.
Entre ese armamento se hallaron los empleados para asesinar a los agentes federales norteamericanos Brian Terry y Jaime Zapata, muertes que igual se suman a las más de 50 mil víctimas de la narcoviolencia en los últimos cinco años en México.
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