La
Cancillería venezolana ha rechazado este martes, de forma categórica,
la "continuidad de las agresiones" por parte de EE.UU. contra Venezuela,
en la condena a otras restricciones de entrada impuestas a más
funcionarios venezolanos por supuestas acusaciones de violaciones de los
derechos humanos durante las protestas del año pasado.
“Venezuela lamenta la continuidad de las agresiones por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, que atentan contra un diálogo de respeto que rige la actuación internacional del Gobierno venezolano", ha recalcado la Cancillería, en un comunicado.
Según la nota, las sanciones impuestas por EE.UU. son contrarias al derecho internacional y se aplican en la línea de sus políticas agresivas, que continúan "violentando los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y no injerencia en los asuntos internos intrínsecos al Derecho Internacional”.
En este sentido, Caracas ha advertido que no reconocerá “bajo ningún concepto la pretensión imperialista de imponer una jurisdicción extraterritorial ni injerencia de ningún tipo por parte de potencias extranjeras” y que "se reserva todas las acciones que en el campo diplomático y del Derecho Internacional fuesen necesarias para defender la soberanía e independencia".
Por otra parte, ha reiterado que tales medidas de EE.UU. contravienen la voluntad de los países regionales y han sido condenadas en la región.
"La reiteración de las medidas coercitivas unilaterales en los términos expuestos, contravienen la voluntad de todos los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe, en nuestras organizaciones de integración y unión", ha asegurado la nota, invocando el respaldo de la resolución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la pasada semana, en esta misma materia.
El 19 de diciembre de 2014, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una ley, aprobada previamente por las dos cámaras del Congreso, que estipula la suspensión de visados y el congelamiento de activos de funcionarios venezolanos acusados de cometer supuestas violaciones de derechos humanos en las protestas de febrero y mayo de 2014. La medida fue rechazada por gobiernos y organizaciones internacionales.
Cabe mencionar que el lunes, Washington impuso restricciones de entrada a más funcionarios venezolanos por supuestas acusaciones de derechos humanos durante tales violentos disturbios, orquestados por la ultraderecha venezolana, apoyada por Estados Unidos, que buscaban desestabilizar el país y posibilitar un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
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