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jueves, 26 de febrero de 2015

Corporación judicial argentina rechaza investigar torturas en Malvinas



Malvinas combatientes
PIA.- La Corte Suprema cerró la investigación por torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas (1982) por parte de sus superiores. La denuncia presentada hace más de siete años por el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata reunía más de 120 denuncias de crímenes de lesa humanidad y llegó al máximo tribunal tras varios recursos de apelación y pedidos de prescripción. Los ex combatientes se preparan para movilizar y exigir la revisión de la decisión, así como acudir a la Justicia internacional.

Luego de tres años de suspenso, en una breve resolución de tres párrafos fechada el pasado 19 de febrero, la Corte Suprema de Justicia, conformada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, decidió cerrar la investigación por torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos a los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas que enfrentó el país ante la ocupación del archipiélago por parte del Reino Unido durante la última dictadura militar.

Para los veteranos, la decisión judicial se trata de “una nueva imposición de silencio para los ex combatientes de Malvinas” y denunciaron que los jueces “han cometido un grave error jurídico”. En ese marco, señalaron que no retrocederán “en las conquistas en materia de derechos humanos” y subrayaron “no descansaremos hasta que se investigue a todas y cada una de las personas sospechadas de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos”.

Este miércoles, los ex combatientes movilizarán hacia el Palacio de Tribunales donde realizarán una conferencia de prensa para presentar un pedido de revocatoria y aclaratoria de la resolución. Asimismo, presentarán la denuncia ante la Justicia internacional.

El largo reclamo judicial se inició en 2007, con la presentación de más de 120 denuncias de soldados de La Plata y el resto del país ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, contra más de 80 militares. La iniciativa fue acompañada desde un principio por distintos organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria y la agrupación HIJOS.

La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia interpretó que se trataban de delitos de lesa humanidad, pero tras un recurso presentado por uno de los imputados, Jorge Eduardo Taranto -a quien los ex conscriptos señalan como parte de los servicios de Inteligencia privados que tienen llegada a la Justicia-, el caso llegó a la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal  y los jueces dictaron la prescripción.

En 2012, el entonces procurador subrogante Luis Santiago González Warcalde señaló ante la Corte que las denuncias comprendían “graves violaciones a los derechos humanos” y estableció líneas para considerarlos como delitos de lesa humanidad por lo que la investigación debían prosperar.

En declaraciones a Página/12, Ernesto Alonso, presidente de CECIM, aseguró la decisión judicial constituye “una falta de respeto para los ex combatientes y para la sociedad. Queremos que la Justicia actúe a la altura de las circunstancias. Malvinas es una deuda pendiente. Evidentemente les molesta y se lo quieren sacar de encima porque entre los denunciados hay personas que son habitués de los pasillos judiciales”.

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