PIA.- La nacionalización de la energía eléctrica en manos de la británica Energuate es uno de los reclamos que moviliza a miles de indígenas y campesinos en Guatemala. En un trasfondo de saqueo y privatización, la millonaria multinacional logra acaparar desde el 2011 la complicidad del poder político, judicial, policial y parapolicial: su prontuario criminal contra los militantes populares incluye asesinatos y secuestros. El lunes, más de veinte cortes de ruta simultáneos reavivaron la resistencia guatemalteca que exige respuestas al Gobierno de Otto Pérez Molina.
Energuate –filial de la corporación británica Actis- es uno de los
monopolios más resistidos en Guatemala desde su instalación en el país
en el 2011, tras la compra de la distribución eléctrica que manejaba la
española Unión Fenosa. Ese mismo año comenzaron las movilizaciones de
campesinos e indígenas contra los abusivos cobros por los servicios de
energía. Se estima que la empresa recauda ganancias de más de 500
millones de dólares por año, lo cual representa el 6,12 por ciento del
presupuesto general del Estado del 2014, calculó el investigador local Ollantay Itzamná, en base a datos oficiales.
El lunes, miles de campesinos e indígenas guatemaltecos cortaron al
menos 20 puntos de rutas para exigir que la producción y
comercialización de la energía eléctrica pase a manos del Estado. En
las áreas rurales de Guatemala, denuncian los altos precios de las
tarifas, las faltas de inversiones e incluso que deben pagar por
servicio de alumbrado público en donde no lo poseen, citó El Periódico
de Guatemala. Los cortes detuvieron vías estratégicas del país, incluso
rutas internacionales que conectan con México, El Salvador, Honduras y
Belice.
“Se debe a la poca voluntad política del Gobierno (del presidente Otto Pérez),
y Congreso de la República de no resolver los problemas estructurales
del país y las demandas campesinas”, amplió el reclamo la Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) quien convocó junto a
Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Allí incluyeron la
“desigualdad imperante producto del saqueo y privatización del país”,
acceso a la tierra –ejecución de los 212 millones del Fondo de Tierra-
y el cese de criminalización y encarcelamiento de los militantes.

Saqueo y “prontuario criminal”
A la par de las denuncias por la usura de Energuate, comenzó la
persecución contra las organizaciones populares guatemaltecas. Para
Itzamná, la empresa británica tiene un “prontuario criminal”. En agosto
del año pasado, efectivos de la Policía Nacional intentaron detener sin
orden de captura a integrantes de CODECA bajo las directivas de la
corporación británica, maniobra fallida por la rápida movilización.
Luego, “en la comunidad de Semococh, Municipio de Chisec,
Departamento de Alta Verapaz, a unos 230 Km al norte de la ciudad
capital de Guatemala, la Policía Nacional Civil respondió con armas de
guerra, matando a tres indígenas movilizados, hiriendo a varias
decenas, y capturando a varios”, precisó Itzamná en un artículo
publicado en Rebelión.
Desde el 2012 hasta la actualidad, Energuate tiene numerosas
denuncias por secuestros y detenciones ilegales, de las cuales logran
liberarse los campesinos e indígenas tras el pago de fianzas económicas
a la misma corporación. Para Itzamná, Energuaye-Actis tiene la
capacidad económica “no sólo para torcer la voluntad de jueces, sino de
autoridades políticas nacionales, departamentales y locales”. Además de
corromper las estructuras comunitarias de los consejos comunitarios de
desarrollo, utiliza el aparato de las fuerzas del orden, y grupos
armados paraestatales, agrega en Rebelión.

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