El coletazo de las dictaduras militares vividas en América Latina durante el último medio siglo aún se deja sentir en la vida cotidiana de nuestros países. Y si los hechos de violencia de entonces provocaron tanto dolor, aún más lo ha provocado la impunidad que se generó alrededor de ellos y sus efectos en la subjetividad actual de nuestras sociedades.
Por ello, cuando un acto de justicia relacionado con aquellos años se produce en cualquiera de nuestros países, no es solamente un acto de justicia, sino uno de esperanza.
Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), gracias a uno de esos tradicionales pactos entre los poderes político, económico y militar, se torturó y secuestró a los accionistas originales de la empresa Papel Prensa S.A., lo cual permitió a la Junta Militar, presidida por Rafael Videla, y a los grupos económicos-mediáticos más grandes, dueños de los periódicos Clarín, La Nación y La Razón, garantizar una prensa manipulada.
Esto fue lo que denunció la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y para ello presentó a la Justicia un extenso informe. Antes de ello sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, finalizando así con los oligopolios mediáticos y con décadas de impunidad. Al mismo tiempo mandó al Parlamento una iniciativa de ley que declara de interés público la producción de pasta de celulosa y papel para periódicos. Y si sus detractores esperaban solo un proceso de expropiación, la presidenta fue mucho más allá, al proponer la creación de una Comisión Parlamentaria en la cual todos los partidos estén representados y velen por un trato igualitario que permita democratizar la información.
Las portadas de los diarios en cuestión han puesto en entredicho esta medida, por “totalitaria”, pero, ante ello, la presidenta responde: el seguimiento parlamentario debe partir de un marco regulatorio y los miembros de esa Comisión serán observadores de las reuniones del directorio de Papel Prensa. Esto, para darle el mismo trato a todos los diarios del país, y ampliar la capacidad de producción de papel prensa, con el fin de no tener que importarlo. Sería un ejercicio interesante, porque obligaría a todos los partidos a hacer propuestas conjuntas alrededor de un proyecto de libertad de prensa.
La investigación presentada por Fernández demostró que los dueños de los periódicos que hoy la atacan, apoyándose en el tema de la seguridad jurídica, fueron los mismos que estuvieron involucrados en la compra irregular de las acciones a la familia del dueño de Papel Prensa, David Graiver, muerto en un sospechoso accidente en México (1976), cuya familia también fue luego secuestrada y torturada. El informe relata cómo Lidia Papaleo de Graiver, viuda de Graiver, fue forzada bajo torturas y violaciones, en el centro clandestino de detención Puesto Vasco, a ceder la empresa por medio de su firma, pocos días antes de que la Junta Militar despojara de todos los bienes a la familia. “Estando desaparecida (…) me llevaban a declarar envuelta en una manta gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura y me operaron en la cárcel de un tumor cerebral, por los golpes que recibí”, declaró ella durante la investigación. En 1976 fue obligada a vender las acciones de la papelera a una empresa fantasma que luego resurgiría bajo el nombre de los dueños de los periódicos aludidos.
La presidenta dejó el caso en manos de la justicia al señalar: “Creo en serio en la división de los poderes del Estado y en la posibilidad de superar esta situación que lleva 33 años de oscurantismo y ocultamientos.” Latinoamérica se merece más actos de justicia como este.
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