Paraguay
Nueva Sociedad
En menos de un año,
Mario Abdo ha mostrado cómo gobierna la derecha paraguaya. Con un
discurso tradicionalista, se ha lanzado contra la agenda de género, ha
aplicado políticas económicas ortodoxas y ha desatendido reclamos
populares. Mientras tanto, al movimiento campesino, considerado como la
espina dorsal de la resistencia social paraguaya, se le ha sumado un
nuevo elemento de lucha: los jóvenes que han tomado la dirección de
poderosas manifestaciones sociales.
Mario Abdo Benítez es el
presidente de Paraguay desde el 15 de agosto de 2018, luego de un paso
de mando caracterizado por un enfrentamiento muy fuerte entre la facción
saliente y la entrante del Partido Colorado (Asociación Nacional
Republicana, ANR). Abdo se impuso por menos de 4% de los votos sobre la
Alianza Ganar -coalición del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)
con el Frente Guasu (FG) y otros partidos minoritarios y progresistas-
que no pudo revertir la permanencia presidencial del coloradismo.
La
ANR obtuvo la mayoría de bancas en ambas Cámaras, mientras que el PLRA
lo secundó. En el Senado, la tercera fuerza instalada es el FG, partido
cuya figura central es el ex-obispo Fernando Lugo Méndez, único
ex-presidente habilitado para tener una banca activa pues fue destituido
por impeachment, y por lo tanto constitucionalmente eximido de ocupar la bancada vitalicia, sin voto ni quorum, destinada a los ex presidentes.
La presidencia del hijo del secretario privado de Stroessner
Tras
las difusas promesas de campaña y el escaso detalle de las propuestas
electorales de Abdo Benítez, el devenir de su gobierno fue difícil de
imaginar. Lo más relevante de este primer año de gobierno han sido las
consecuencias más o menos explícitas de la pelea entre la facción
abdista (Colorado Añetete) y la cartista (Honor Colorado) que responde
al ex-presidente Horacio Cartes.
El
nuevo mandatario, colorado de paladar negro, proviene de una familia
que ascendió en el partido en el contexto de la dictadura de Alfredo
Stroessner. Su relación con los movimientos y partidos más
progresistas está manchada por las acusaciones de fraude y alteración de
votos que surgieron durante las elecciones generales de 2018 y que aún
no han sido completamente saldadas. Además, las declaraciones
presidenciales sobre la agenda de género y los derechos de las mujeres,
así como las decisiones tomadas en materia económica y de relaciones
internacionales (especialmente a la postura tomada por Paraguay sobre la
problemática venezolana) lo han distanciado aún más.
Reproduciendo
un discurso fuertemente tradicionalista, con constantes referencias a
la liturgia colorada, Abdo pudo aglutinar a diferentes líderes del
partido y, desde esta articulación, enfrentar el problema de gobernar
con la ANR dividida y con las bancadas coloradas separadas, teniendo la
mayoría del Senado su contrincante interno.
El fracaso del abrazo
republicano (práctica tradicional de la ANR, que plasma la unión de los
candidatos que perdieron la interna, detrás del ganador) ha sido un
constante elemento de enfrentamiento y negociación, sobre todo, dentro
del Congreso.
El vaticinado problema de la gobernabilidad,
derivado de esto, ha sido relativamente controlado por el período de
bonanza económica que atraviesa el país, sobre la base de una muy baja
carga impositiva a la producción ganadera y agrícola, del endeudamiento
estratégico creciente aún controlado y de inflación contenida, con la
consecuencia de un nivel de desarrollo humano y de inversión en
bienestar social muy bajos. Según el informe del Banco Mundial para Paraguay,
el país atraviesa un período de crecimiento muy próspero pero sólo será
socialmente significativo cuando se convierta en un modelo inclusivo y
sustentable.
El Paraguay de las oportunidades económicas se
sostiene sobre la división y la expulsión social, cuyo problema se
percibe tanto en el mercado laboral, con una proliferación de trabajo
informal, como en el acceso a salud, con un sistema público muy
desfinanciado. Esto se ve complejizado por un sistema de retiro y
jubilación de muy baja cobertura y una pobreza que hace alrededor de 4
años se mantiene estancada.
El informe de Pobreza Monetaria (2019)
visibilizó que a pesar del crecimiento sostenido de Paraguay, aún
existe un 4,8% de pobreza extrema, llegando al 10% en zonas rurales.La
pobreza total alcanza a un 24,2% de la población (en el área rural es de
34,6% y en la urbana 17,8%).
Nuevas y viejas demandas sociales que confluyen
El movimiento campesino, espina dorsal de la resistencia social paraguaya, volvió en marzo a realizar su marcha a Asunción, denunciando la persecución, la expulsión rural y la hiperconcentración de la tierra, exigiendo la reforma agraria integral.
El modelo productivo paraguayo no contempla la pequeña escala como
unidad productiva prioritaria, por lo que el proyecto de gobierno actual
no es compatible con los reclamos de la Federación Nacional Campesina
(FNC). Sin embargo, tampoco lo ha sido con gestiones anteriores, de
hecho, la FNC retiró su apoyo incluso al gobierno de Lugo.
Por
otra parte, desde 2017, irrumpió un nuevo repertorio de manifestaciones,
más asociadas a demandas ciudadanas de transparencia.
La
contracara del proceso de distanciamiento de las facciones coloradas,
fue el destape de un conjunto de redes de corrupción y prebendarismo que
atravesó centralmente los poderes del Estado y alteró el pacto de
protección interno del Congreso.
Las denuncias que en otro momento
podrían haber sido silenciadas por acuerdos de pares, expusieron a
diputados, senadores, intendentes y miembros de otros organismos
públicos. Esto generó una reacción popular que adquirió cierta
organización y que llevó adelante un rally anticorrupción, siguiendo a los acusados en sus domicilios, escrachándolos en lugares estratégicos.
Al
igual que la masiva movilización popular de marzo de 2017 en contra de
las maniobras de reelección presidencial, los movimientos
anticorrupción, no multitudinarios pero sí persistentes, lograron tanto
remociones como renuncias de varios funcionarios con causas confirmadas
de enriquecimiento y malversación.
Es interesante ver cómo las
élites políticas se dejan permear por estas manifestaciones, retoman sus
demandas o incluso las interpretan como un elemento que marca nuevos
límites. Por ejemplo, al debatir en el Senado la destitución del
Contralor General de la República Enrique García, por documentación
falsa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, algunos senadores,
como el colorado Galaverna, sostuvieron que si la ley no se aprobaba, no
podrían contener las protestas populares: «Si hoy no destituimos a
García vamos a cargarle tanque lleno de combustible a los que mañana
quieran violentar la manifestación».
El reclamo por la remoción de
estos funcionarios se articuló con una demanda anterior por la
eliminación de las listas sábanas. Esta asociación surgió sobre todo
tras el retorno a la Cámara del Senador del previamente destituido
González Daher, quien entró nuevamente por integrar la lista del ex
presidente Horacio Cartes. Daher debió finalmente renunciar a su nueva bancada por la presión popular.
Esto reactivó a las agrupaciones que luchaban por el desbloqueo de listas.
Un
elemento interesante de este fenómeno es la aparición de nuevos líderes
jóvenes encabezando estas manifestaciones y la revitalización de
partidos no tradicionales. Un ejemplo de esto es el del nuevo intendente
de Ciudad del Este, elegido en mayo de 2019, que fue concejal por un
partido minoritario, con un fuerte discurso anticorrupción.
La presión popular en torno al desbloqueo de listas llevó a una maratón legislativa de ambas Cámaras
en consecutivo, para debatir tres propuestas, aprobando una de ellas,
en medio de discursos confusos que mezclaban desbloqueo con apertura de
listas, al tiempo que buscaban acompañar esto con la incorporación de
urnas electrónicas.
En la misma línea del discurso de Galaverna,
en el debate dentro de la Cámara de Diputados, el colorado Luis Latorre
expresó: «la gente que está en la plaza, los que nos está siguiendo en
las redes sociales y televisión ameritan que votemos a favor», dando a
entender que la sanción de leyes es linealmente una expresión de la
voluntad popular, afirmación con gran efecto popular pero carente de
realidad descriptiva, pues la normativa se ve atravesada por clivajes
mucho más complejos que eso.
Estos procesos abren el interrogante
respecto a la representación y a la idea de que la sociedad civil
organizada puede modificar decisiones de la élite de gobierno, hipótesis
parcialmente corroborada por los casos en los que, presión popular
mediante, se logró remover de sus cargos a funcionarios con causas
comprobadas de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
El
contexto de derechización del discurso político, la insistencia de los
argumentos en contra de la diversidad sexual y las mujeres y la política
internacional antiregionalista, posicionan a Abdo a las antípodas del
progresismo, como un presidente conservador que dirige un país con
crecimiento económico ininterrumpido por 15 años y que se enfrenta a una
sociedad que está aprendiendo nuevas formas de protesta, para
complementar aquellas ya arraigadas en sus prácticas de resistencia.
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