La Jornada
Por medio de un decreto del Consejo de Estado, de ministros y tres resoluciones ministeriales, el gobierno cubano aprobó normas orientadas a flexibilizar y agilizar los trámites para que los extranjeros inviertan en el país, según informó ayer Déborah Rivas, directora de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex). De tal manera, las gestiones iniciales para iniciar un negocio en Cuba se reducen a la presentación de un estudio de prefactibilidad y se deja para etapas posteriores la ingeniería del proyecto y los estudios de impacto ambiental y la compatibilidad con los intereses de la defensa de la nación, que hasta ahora se exigen al comienzo del trámite.
La declaración, reproducida por el diario oficial Granma, y las nuevas normativas, publicadas en la Gaceta Oficial, reflejan el lineamiento del proyecto de nueva Constitución aprobado por el Parlamento hace unos días sobre la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económicoy responden a los señalamientos formulados en junio por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien criticó la complejidad y la tardanza de los trámites para captar capital fóraneo y pidió ser creativos y ágiles en esta materia.
Estos precavidos gestos de apertura tienen como telón de fondo el persistente estancamiento económico –el crecimiento en el primer semestre de este año fue de sólo 1.1 por ciento– y las dificultades de la nación caribeña para captar los 2 mil 500 millones de dólares anuales de inversión extranjera que requiere para reactivar su economía.
Parece difícil que con una pequeña agilización administrativa Cuba logre atraer el monto de inversiones foráneas requeridas o que lo consiga, al menos, en los plazos y ritmos para marcar un efecto perceptible. Pero la razón de esta cautela no es ningún misterio: para el modelo de economía planificada que aún se mantiene en la isla, un ingreso abrupto y elevado de capitales podría tener un efecto desestabilizador en esferas como el abasto, el mercado cambiario y la balanza de pagos, y provocar, por añadidura, una agudización de la desigualdad e introducir, con ello, un riesgoso malestar social. Por añadidura,
No se cuestiona la necesidad de emprender reformas económicas, pero al mismo tiempo en el país antillano hay un consenso en el sentido de que tales reformas no deben poner en peligro las conquistas sociales alcanzadas por la revolución cubana en más de medio siglo, a pesar de la persistente hostilidad estadunidense, caracterizada por el bloqueo económico, el auspicio para ataques terroristas y una guerra diplomática, financiera y propagandística que no parece tener fin; tal circunstancia explica la pertinencia del trámite impuesto a los potenciales inversionistas extranjeros que podría resultar extraño en otras naciones: el estudio de compatibilidad con los intereses de la defensa del país.
En suma, la forma de llevar a cabo la actualización y la apertura que la economía cubana requiere sigue representando para las autoridades de La Habana un dilema difícil y de solución incierta, por lo que cabe esperar que el nuevo gobierno, encabezado por Díaz-Canel, encuentre pronto la forma de resolverlo.
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