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miércoles, 1 de febrero de 2017

Desaloja minera canadiense a 47 familias en Zacatecas


Guardias privados los amagaron y sus viviendas fueron destruidas con maquinaria pesada

Minera canadiense desaloja con armas a vecinos de Chalchihuites

Los obligan a irse a casas de lámina y a firmar un contrato de comodato que vence en dos semanas

La empresa asegura tener título de propiedad; según los pobladores, es apócrifo
Denuncian que se amparó en título de propiedad ilegal



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Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver fueron desalojados de sus viviendas el pasado 13 de enero por guardias privados armados. Según los afectados, la compañía explorará yacimientos en la zona

Periódico La Jornada
Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver denunciaron que esa compañía los desalojó ilegalmente de sus casas, después de acosarlos y amenazarlos durante dos años.
Con apoyo de guardias privados que portaban armas largas, Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares –los cuales destruyó con maquinaria pesada– y los forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, también nombrada La Colorada, donde las viviendas son de lámina, y se les extendió un contrato de comodato que vence el 13 de  febrero.
Los habitantes de la comunidad rural dijeron que la minera los expulsó para explotar yacimientos de oro, plata y cobre.
Panamerican Silver llegó en 1998 para explotar una mina en La Colorada, 235 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas, en los límites con Durango.
La compañía operó sin conflictos con los habitantes (unas 200 familias) y muchos lugareños trabajaron para la minera hasta mediados de 2014, cuando hubo cambios en la administración del complejo extractivo.
En su portal, Panamerican Silver (que explota minas en Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Argentina) presume de ser la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible.
El 13 de enero, con guardias armados, el corporativo canadiense desalojó a las 47 familias que permanecían en La Colorada, amparándose en un título de propiedad que, según los lugareños, es ilegal.
El jueves anterior los habitantes recibieron a una comitiva compuesta por los diputados locales María Elena Ortega y Santiago Domínguez; el dirigente campesino Cuauhtémoc Espinosa y Ricardo Bermeo, integrante del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ), para escuchar sus testimonios.
El próximo miércoles habrá audiencia en tribunal agrario
Según ex trabajadores del corporativo canadiense y vecinos, hace dos años los nuevos administradores de Panamerican Silver comenzaron a despedir selectivamente a empleados que viven en la región.
La Colorada comenzó a vaciarse y la minera empezó a demoler las viviendas desocupadas (construidas, como en el poblado de Salaverna, municipio de Mazapil, en terrenos nacionales) y se apropió de los predios.
Las 47 familias desalojadas promovieron en mayo de 2016 un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas (TAZ) para exigir que se les reconociera como legítimos posesionarios de las tierras.
El litigio sigue y el primero de febrero se realizará una audiencia en el TAZ. Los habitantes de La Colorada han demostrado que han vivido durante casi 100 años en esa zona y que en 1982 promovieron un juicio para que se les reconociera como ejido, pero las autoridades federales nunca lo resolvieron.
Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería, representantes legales de La Colorada, así como Asdrúbal Sandoval, miembro de una familia ganadera que denunció haber sido despojada por Panamerican Silver de un predio de 20 hectáreas, denunciaron los abusos ante los diputados locales y la CDHZ.
Recordaron que el pasado 16 de diciembre se reunieron con el alcalde de Chalchihuites, Manuel Rosales, y con el gobernador Alejandro Tello, a quienes “se les pidió una reunión de alto nivel para que no se violen los derechos humanos.
Nos dijeron que sería una prioridad gubernamental, pero no vimos respuesta. Lo que sí vimos fue el desalojo (el 23 de diciembre) en la comunidad de Salaverna. Entonces comprendimos que no se iba a atender el tema de La Colorada, comentó Guerrero.
Aquí vivían más de 200 familias. En nuestro poblado había un campo de futbol y uno de beisbol. Contábamos con una escuela primaria y ya se estaba pensando en abrir una secundaria, cuando empezó el conflicto con la mina, subrayó.
Advirtió que la minera canadiense no los expulsará. No somos sicarios ni guerrilleros; somos mexicanos que estamos defendiendo nuestro derecho. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos, aquí hemos vivido y aquí vamos a morir.
Foto Alfredo Valadez
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal