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Guatemala, como Estado terminó aceptando que a la par del aparato estatal existían poderes paralelos que no solo ejercían presión sobre este sino que incluso tomaban decisiones en entidades clave.
Primero para no perder una hegemonía alcanzada durante el conflicto armado interno con fines políticos y militares, y luego con fines de enriquecimiento ilícito y cuya manera de operar era semejante a una industria diversificada y especializada, en este caso para delinquir. Estos poderes se hicieron de la institucionalidad del Estado, por cierto porosa y frágil para unos propósitos oscuros e inmorales.
Con esa aceptación y el reconocimiento de que tales poderes eran un peligro para la democracia y para el fortalecimiento del Estado de Derecho, se propuso la creación de la Ciciacs, la cual desembocó más tarde en lo que hoy es la Cicig, que dicho sea de paso tiene férreos detractores, lo cual es normal cuando se ve en estas entidades, y sus propósitos, el riesgo de la desestructuración de aquello que en un tiempo operó libremente por encima de la legalidad.
Seguro, en un momento de la historia estos poderes se establecieron y operaron de manera fácil e impune, y eso es lo que se pensó desmantelar con la creación de la Cicig. Sin embargo, esos poderes en cuestión han mutado y acudido al uso de la legalidad para seguir operando.
Quién duda, por ejemplo, qué hay detrás de las grandes campañas electorales y las desorbitantes cantidades de dinero que las mueven. Claro está, están los negocios a través del pago de favores. Esto no es difícil de observar cuando se ve la forma con la cual el gobierno adquiere bienes y servicios.
Los beneficiados en ese sentido han constituido redes y cuentan con sus operadores adentro de las entidades gubernamentales siendo estos, incluso, producto de unas elecciones a las cuales se les denomina libres. Libres de forma pero atadas a los designios de los corruptos y corruptores.
Si analizamos el tema desde esta perspectiva esa es la forma clásica con la cual se ha caracterizado el modo de operar y de ser de los poderes paralelos, pero también hay otras formas que pasan desapercibidas y que hoy se ven como normales.
No es raro observar cómo los partidos políticos que llegan al poder echan a andar las redes clientelares, para operar las propias políticas gubernamentales. En ese sentido, claros ejemplos son las famosas bolsas seguras, llamadas anteriormente bolsas solidarias; no son en el fondo las estructuras gubernamentales las que las operan, sino las estructuras partidarias que a nivel del interior entran a competir con la institucionalidad local y minimizan, socaban y sustituyen a la autoridad municipal legítimamente establecida.
Si se vuelve al concepto clásico de poder paralelo, en esa realidad, las estructuras partidarias se constituyen como tal, por cuanto deciden por encima de la institucionalidad y la legalidad. Este, sin duda, es un problema que si la ciudadanía no lo encara es otro elemento que coloca en el filo de la navaja la endeble democracia guatemalteca.
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