Las Autoridades Tradicionales de las comunidades Mapuche
Autónoma y Tradicional de la localidad de Temucuicui, en la Araucanía,
culparon al Ejecutivo de que sus tierras estén en manos de colonos
extranjeros, empresas transnacionales forestales y militarizados.
La Radio del Sur/Prensa Latina
Comunidades mapuches exigieron al gobierno de Sebastián Piñera una
pronta devolución de sus tierras ancestrales, tras calificar al Estado
chileno como el máximo responsable de la usurpación de esos territorios.
En un comunicado, las Autoridades Tradicionales de las comunidades
Mapuche Autónoma y Tradicional de la localidad de Temucuicui, en la
Araucanía, culparon al Ejecutivo de que sus tierras estén en manos de
colonos extranjeros, empresas transnacionales forestales y
militarizados.
El texto señala además que, durante los últimos dos días, las
comunidades tradicionales llegaron a un consenso para saldar las
diferencias internas que durante cuatro años persistieron a lo interno
del territorio, para así ordenar las demandas históricas y dar una
fuerte señal de unidad.
Las organizaciones consideran que las autoridades políticas del
Estado chileno, en todo momento, utilizaron a su favor estas
diferencias para manipular, engañar y así evadir sus responsabilidades
en dar solución a las legítimas demandas planteada por parte de ambas
comunidades, enclavadas en la zona roja del conflicto mapuche.
Este sábado, la Red Diario Digital informó sobre la convocatoria del
Ministerio del Interior para crear juntas de vigilancia rural en la
Araucanía, consideradas por la comunidad Mapuche como una apertura al
paramilitarismo.
“Dicha licitación debiera ser motivo para instalar en el debate
público nacional el tema del serio riesgo de institucionalizar el
paramilitarismo en la región de la Araucanía con financiamiento,
asesoría, apoyo logístico y entrenamiento del Estado”, señaló un
extenso artículo de la publicación, a nombre de los pueblos originarios.
En su opinión, poner a civiles como auxiliares de la fuerza pública,
implica admitir que ésta ha sido superada en su deber constitucional de
resguardar el orden público.
Según las autoridades, las juntas de vigilancia están dirigidas a
apoyar la labor policial preventiva en 22 de las 33 comunas de la
Araucanía.

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