La crueldad de las organizaciones criminales golpea a la infancia con especial saña
Carolina Vásquez Araya
Aliado
con las iglesias y grupos de extrema derecha, el Congreso de Guatemala
pretende criminalizar toda manifestación de libertad de las mujeres
respecto de su sexualidad y estatus familiar por medio de la iniciativa
5272, la cual cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de
legislación y puntos constitucionales presidida por uno de los diputados
más retrógrados que ha pasado por el hemiciclo.
Esta
iniciativa lleva como pomposo e inocente título “Ley para la protección
de la vida y la familia”. Sin embargo, su intención es consolidar el
control absoluto sobre la salud, la vida íntima y las preferencias
sexuales de la población con especial énfasis en niñas, mujeres y otros
grupos de la sociedad cuyas decisiones en la materia se salen del marco
convencional. Con absoluto desprecio por la naturaleza independiente de
un Estado laico con respecto de las doctrinas religiosas, ciertos
legisladores –con plena complicidad del Ejecutivo- pretenden imponer
restricciones a las libertades consagradas por la Constitución y de ese
modo crear un ámbito vulnerable a medidas represivas de carácter
fundamentalista.
Entre algunas de sus propuestas, la iniciativa
plantea la “necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras
penales relacionadas al aborto” (sic); también entre sus modificaciones
arguye que la diversidad sexual debe ser considerada “incompatible con
los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, clasificando de
este modo a la homosexualidad como una patología indeseable a la cual se
debe combatir desde el ámbito de las leyes.
Es importante
señalar que Guatemala es uno de los países más atrasados en cuanto a la
interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser uno de los países
más golpeados por la violencia sexual contra niñas y mujeres. Los
escasos indicadores confiables –por ser este un tema tabú del cual se
desconocen estadísticas reales- muestran niveles espeluznantes de
violaciones de niñas con resultados de embarazos no deseados y de alto
riesgo. La indiferencia del Estado de Guatemala ante esta situación se
refleja sin disimulos en el abandono de políticas públicas de salud
sexual y reproductiva, pero también en la crueldad con la cual se impide
a niñas de entre 10 y 14 años o a mujeres víctimas de violencia sexual
interrumpir de manera segura un embarazo que a muchas les costará la
vida.
Asimismo se manifiesta en la nula atención prestada por
las instituciones de gobierno a las denuncias diarias de desaparición de
niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de las redes de trata de
personas, las cuales operan en el territorio con absoluta impunidad.
Pero la perversa visión de los políticos no para allí. En plena campaña
electoral, un candidato lanza la propuesta de persuadir a las víctimas
de embarazos no deseados, de completarlo con vistas a entregar a sus
bebés en adopción desde el vientre. Esta ha sido en el pasado otra de
las crueles formas de explotación humana y uno de los negocios más
fructíferos para los tratantes de bebés guatemaltecos, por lo cual es
una iniciativa que debería ser investigada por las autoridades
correspondientes.
En nuestros países, ser mujer es una
desventaja desde el nacimiento. Por lo tanto aquellos que pretenden
crear más cerrojos para limitar sus derechos humanos y su libertad de
decisión cometen el delito de abuso de autoridad al operar desde
instituciones del Estado cuya misión es atender a los problemas más
graves de la sociedad –como el de la violencia sexual contra niñas y
mujeres y el tráfico de humanos- en lugar de hacer gala de su falsa
moral para conseguir votantes.
Blog del autor: www.carolinavasquezaraya.com
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