Alfredo Serrano Mancilla*
Comenzó el festival de
propuestas demagógicas en Ecuador. El primero ha sido Lasso, el
banquero-candidato, quien ni corto ni perezoso ha presentado un
documento-compromiso para eliminar los impuestos en Ecuador.
En el mismo sentido, Viteri, la Hillary ecuatoriana, también se ha
sumado a estas rebajas impositivas. La oferta opositora en Ecuador, sin
sustento económico alguno, obedece al viejo manual de la derecha cada
vez que se acude a una cita electoral. Que nadie pague impuestos.
Ecuador, el Nuevo Paraíso Fiscal. Esta es la verdadera propuesta del
binomio Lasso-Viteri para atraer a la ciudadanía sin decirle toda la
verdad.
No descubrimos nada si afirmamos que a los ciudadanos en general no
les gusta pagar impuestos. Pero tampoco a ningún ciudadano le gustaría
no tener carreteras u hospitales a los que acudir cuando un familiar se
enferma, o colegios gratuitos en los que estudia la mayoría de los
niños. Imagínense qué hacer sin recursos públicos para afrontar las
desgracias de un terremoto. A ningún afectado le gustaría que se
aplicara el neoliberal sálvese quien pueda a la hora de reconstruir su
propia casa.
No es tarea sencilla discutir de impuestos en época electoral. Sin
embargo, por responsabilidad política y económica, no debemos engañarnos
ni hacer trampas al solitario. Si nadie paga impuestos, entonces, no
habrá manera de construir carreteras, ni hospitales ni colegios, ni
universidades, ni posibilidad de reconstrucción ante cualquier desgracia
natural, sea terremoto, lluvias torrenciales o sequías continuadas.
En Ecuador, gracias a la política económica de la Revolución
Ciudadana, se ha conseguido alcanzar el mismo valor promedio de presión
tributaria que tiene la región latinoamericana (aun muy por debajo de
los países económicamente más desarrollados). Este nivel se ha logrado
bajo principios de justicia social. En la última década, la presión
tributaria de los impuestos directos creció 78 por ciento, mientras la
de los indirectos lo hizo 12 por ciento. Esto muestra innegablemente una
mejora en términos de progresividad respecto al sistema heredado.
Además, se han conseguido importantes avances en la lucha contra el
fraude y la evasión; se ha intensificado la batalla contra los paraísos
fiscales. Se ha modernizado y mejorado tecnológicamente las herramientas
tributarias haciendo al sistema más sencillo, inclusivo y eficaz.
Indudablemente, se ha ganado mucho en soberanía tributaria.
Discutir sobre política tributaria es justo y necesario. No
debemos rehuir esta temática trascendental de la política económica.
Nadie duda que todavía resta mucho por hacer en Ecuador para tener una
estructura tributaria aún más progresiva, con mayor capacidad
recaudatoria y mucho más amigable y efectiva. Es preciso discutir los
detalles de algunos impuestos para que verdaderamente sirvan como
incentivos productivos y no cómo mecanismos para evitar el pago del
tributo. Se ha de perfeccionar el sistema tributario para evitar que los
que más tienen deduzcan pagos y los que menos tienen se vean afectados
injustamente en algunos casos.
Estas y otras casuísticas tributarias han de ser obligatoriamente
objetos del debate político y económico. El ciudadano tiene derecho a
conocer los pros y contras de cada tributo. Pero sin mentiras ni
engaños.
La cuestión tributaria tiene una dimensión individual, pero otra
colectiva. No podemos ni debemos pensar en una estructura tributaria sin
considerar que vivimos en sociedad. No tendría sentido proponer no
pagar impuesto si es que queremos tener carreteras, colegios,
hospitales, respuestas inmediatas a desastres naturales, policías,
sistema de justicia, defensa del territorio.
Es por ello que la propuesta Lasso-Viteri es, sobre todas las cosas,
una oferta irresponsable políticamente, sin rigor técnico, y sólo
pretende lograr que Ecuador sea un paraíso fiscal. Que cada quien se
busque su vida como buenamente pueda a pesar de las desigualdades
históricas de las que partimos. Seguramente el tándem Viteri-Lasso no se
atreva a decir lo que realmente propone: menos recursos para los
gobiernos autónomos descentralizados, salud sólo para quien pueda
pagarla, estudios según la capacidad financiera, carreteras exclusivas
de los barrios ricos, un sistema judicial endeble e insuficiente,
incapacidad de respuesta pública frente a los desastres naturales. En
definitiva, lo que propone el binomio Lasso-Viteri es ganar votos a
costa de quitar derechos sociales. Que cada quien decida el país que
quiere.
* Director del Celag. Doctor en economía
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