Y es que México en efecto se está volviendo como Colombia, pero no la actual, por más que el flagelo de las FARC y el gobierno de un hombre conservador y proestadunidense como Alvaro Uribe no hace de ese país precisamente un modelo a seguir.
México sigue los pasos, pero de la Colombia de los tiempos de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, cuando en las calles de Cali y de Medellín –como ahora las de Culiacán, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo- a diario se ajusticiaban por docena los sicarios de los amos y señores de la droga.
La semana pasada quizá haya sido una de las más aciagas de los últimos años. El primer fin de semana del mes, por ejemplo, fueron asesinadas 17 personas, 10 en Petatlán y otras 7 en Iguala, Guerrero, cuando sicarios aparentemente pertenecientes a los Zetas –al servicio del cártel del Golfo, aunque otros piensan que fueron los del cártel de Sinaloa- intentaron asesinar al líder ganadero Rogaciano Alva Alvarez.
Entre las víctimas figuran dos de los hijos del famoso cacique de la región, cuya sobrina también fue víctima de secuestro.
El día 9 habría de ser ejecutado Edgar, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante un enfrentamiento en la entrada de un centro comercial en Culiacán.
Un día antes, Edgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, fue asesinado en la colonia Guerrero, en la ciudad de México cuando llegaba a la casa de sus padres, aparentemente en venganza por los operativos por el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Se habla de que una banda de matones que opera en la delegación Iztacalco, fue contratada por el cártel de Sinaloa para deshacerse de Millán Gómez. Al día siguiente fue asesinado el jefe de la unidad antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, Esteban Robles, cerca de su apartamento en Aragón, en el Distrito federal.
A tal grado ha llegado la espiral de violencia -de la que todos los días dan cuenta puntual los medios de comunicación-, que el presidente Felipe Calderón externó un “Ya basta”, justo al día siguiente del asesinato de Millán Gómez, tercero en jerarquía de la PFP.
El día 9, precisamente, Calderón se dirigió a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que como se sabe es un bastión del narcotráfico, en medio de impresionantes medidas de seguridad, con apoyo inclusive de un helicóptero artillado.
Ahí, para que se oyera claro y fuerte y no quedara duda de la determinación del jefe del Ejecutivo, pidió a los mexicanos “decir un ya basta, categórico y definitivo” a la ola de violencia que azota al país.
Ni bien concluía la gira del mandatario, cuando se supo del hallazgo en 2 sitios distintos del municipio de Navolato, Sinaloa, de los cadáveres de 7 personas ejecutadas al estilo mafioso y con señales de tortura, entre ellos un policía desaparecido el 29 de abril.
Calderón pidió unidad para enfrentar al crimen organizado y dijo que “lejos de atemorizarnos o amedrentarnos, hoy redoblamos el esfuerzo en la lucha” contra ese flagelo.
Las continuas noticias de la violencia mafiosa hacen pensar al ciudadano común que el Estado perdió el control sobre los narcotraficantes y que las bandas se pasean con toda desmesura e impunidad por las ciudades y pueblos.
Esta percepción de ingobernabilidad quizá sea falsa. Como recuerdan algunos analistas, a veces los miembros del crimen organizado matan por desesperación, cuando están perdiendo el control de sus bandas o están siendo derrotados por sus rivales, y entonces hasta rompen los códigos mafiosos y se meten inclusive con las familias de sus enemigos.
Quizá también sea cierto lo que dicen exponentes del gobierno en el sentido de que las muertes se deben a que las autoridades están ganando la guerra contra el crimen organizado.
Todo eso puede ser verdadero, pero lo importante es que el ciudadano común no está leyendo de la misma manera la avalancha noticiosa que lo aplasta a diario en torno a los asesinatos.
Es falso también, como lo creen algunos funcionarios gubernamentales, bajo la consigna de “maten al mensajero”, que los medios de comunicación son los responsables de esta idea errónea por dar a conocer en forma prolija y detallada sobre la ola de violencia que se cierne en el país.
En todo caso, la responsabilidad de los medios radica más bien en que no se está explicando adecuadamente el contexto en que tiene lugar la espiral de violencia, pero también es verdad que hasta para los responsables de conducir la guerra contra el crimen el panorama aparece muy confuso y nebuloso.
El gobierno mexicano debería de trabajar tanto en el frente bélico –si nos atenemos a la metáfora de la lucha antidroga como una guerra- como en el frente propagandístico y mostrar a la gente que su plan para combatir al crimen organizado está dando resultados.
Pronunciamientos como el del presidente, justamente en Reynosa, Tamaulipas (o Mataulipas, como le dicen algunos) son adecuados para levantarle el ánimo a las tropas que participan en esta cruenta lucha, pero también para los ciudadanos que no deben caer en el derrotismo ni dejarse llevar por el miedo y la frustración.
El problema es que en esa tarea no se acompaña al mandatario. Los funcionarios responsables de combatir el crimen organizado deben también a salir a la palestra pública a decir que no tolerarán que los mafiosos se apoderen del país.
Se necesita de una verdadera operación confianza para que los mexicanos nos sintamos seguros y tengamos la certidumbre de que recibimos la debida protección de parte de quienes nos gobiernan.
Quizá no sea cierto que las bandas se están apoderando del país y que están conquistando crecientes parcelas de poder, hasta prácticamente infiltrar a todos los estamentos gubernamentales, aunque eso sí podría estar pasando en algunos estados de México.
Pero para que la gente esté tranquila se le debe de transmitir confianza y fe en sus instituciones.
Las cifras que proporciona la prensa son elocuentes y muy dramáticas. En lo que va del año han sido ejecutadas mil 116 personas, de las cuales 232 en Chihuahua, 175 en Sinaloa y 136 en Guerrero.
Como atinadamente lo asegura Mario Luis Fuentes, el miedo y la violencia son el ingrediente más efectivo para romper con la “cohesión social”.
Por eso se insiste una y otra vez en la necesidad de que en algunas comunidades rasgadas por la zozobra y la sicosis derivada de la violencia se deben de restañar las heridas y restituir “el tejido social”.
Ningún mejor antídoto para lograr alejar el temor y cerrar filas entre los mexicanos que la certeza de que el Estado es sólido y que se está haciendo cargo de nuestra seguridad.
Las instituciones del Estado mexicano deben de reflejar una consistencia tal que se observe como una lejana probabilidad que puedan ser minados por la corrupción y la violencia.
Las autoridades deben para ello de mostrar su “puño de hierro” contra las mafias pero también constatar que saben ceñirse al imperio de la ley y actuar contra los malvados con la firmeza que se requiere.
Principalmente el Ejército, la institución más confiable del Estado, debe de mantener esa imagen tradicional que la coloca como una entidad que puede resistir mejor las embestidas de la criminalidad.
Pero los gobiernos de los estados y de la federación también están obligados a sumar fuerzas, a entrecruzar recursos y a unirse como un solo hombre en el propósito de brindar paz y tranquilidad a los ciudadanos. Si la zozobra y el desazón cunden, los narcotraficantes estarán ganando por lo menos en el frente de la “guerra sicológica”, que es uno de los más importantes.
GRANOS DE CAFÉ
Como la mayoría de quienes conforman las huestes de Andrés Manuel López Obrador se alquilan por horas para obtener un salario que ilegalmente se les otorgan desde las oficinas de gobierno del Distrito Federal, ahora la fauna que constituye Izquierda Unida, utilizará a estos empleados de medio tiempo, para engrosar las filas de quienes aplaudirán la presentación de pruebas del supuesto fraude cometido por Jesús Ortega en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Edomex.
Dolores Padierna, la impoluta dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDM), advirtió que la verdadera militancia es lopezobradorista y sólo el reconocimiento de Alejandro Encinas como dirigente nacional del PRD podría evitar que se haga una denuncia pública. Anunciaron que el lunes próximo, en el zócalo de la ciudad de México se montará la “Expofraude”.
Por lo pronto, si quieren despojarse de esa imagen de corruptos y tramposos que merecidamente se han ganado bajo el influjo del peje, debieran respetar el triunfo de Ortega. Pero no lo harán. Por ello, no dude que en el año 2058 los perredistas de entonces, con el brazo extendido hacia el sarcófago de López Obrador, juren defender hasta la muerte el triunfo de Encinas y continúen su obcecado debate en torno a quién realmente ha sido el ganador de la contienda de hace medio siglo.
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