Argentina y Brasil aportan sus militares en la misión de estabilización que las Naciones Unidas crearon para Haití y que no parece estar generando resultados: ¿No es hora de repensar el asunto?
En muchas películas de Hollywood es extraño ver como la furia de la naturaleza se hace sentir en el planeta destrozando ciudades enteras.
Por un lado, el país ha visto pasar a la tormenta tropical Gustav -primero- y luego a Hanna, dejando en su furia a 137 personas muertas, hasta el cierre de esta edición.
Por un lado, el país ha visto pasar a la tormenta tropical Gustav -primero- y luego a Hanna, dejando en su furia a 137 personas muertas, hasta el cierre de esta edición.
En muchas películas de Hollywood tampoco es extraño ver que cuando una situación guionada parece desbordar al “héroe” éste se pregunte “¿qué hace un tipo como yo metido en un desparramo como este?”.
Así podría empezar a analizarse la participación militar de los países del Mercosur en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
Argentina y Brasil aportan sus militares para la intervención en un país extranjero y eso no es ni un tema común, ni mucho menos liviano por más aval de la onU por legitimarlo.
Sabido es que Argentina no tiene resuelto el problema con sus militares. Los juicios derivados de la última dictadura aún se suceden para el asombro del mundo entero -no hay ejemplos similares en la historia de la humanidad- pero generan tensiones internas inocultables. Sin hipótesis de conflicto visibles, sin teatros de operaciones claros, las Fuerzas Armadas argentinas han encontrado un nicho de vida participando en las misiones de paz bajo el paraguas de la onU. En cierta forma, podría decirse que para Argentina es una válvula de escape a un problema que tomará muchos años solucionar.
Simultáneamente, participar en operaciones de Naciones Unidas contribuye a edificar el mito de una argentina inserta en un mundo solidario y ávido de paz.
Por su parte Brasil tiene la misión de coordinar las fuerzas militares que integran la MINUSTAH, un papel que es muy honroso para cualquier fuerza militar del mundo, pero que ha salpicado a los brasileños con denuncias de violación de los Derechos Humanos en un episodio donde se masacraron a treinta civiles desarmados el 22 de diciembre de 2006 en la comunidad haitiana de Cité Soleil.
Si bien las denuncias no son tomadas en serio por Brasilia, la existencia de filmaciones y la insistencia sobre los hechos que ha hecho la Federación de Abogados de Brasil, hace pensar que las tropas integrantes de MINUSTAH realizan un trabajo sucio muy distante de labores humanitarias.
En el caso haitiano, la iniciativa de la onU responde a un pedido de Estados Unidos y de Francia para “estabilizar Haití”. En ese marco, Washington secuestra al entonces presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide y lo deporta al África en febrero de 2004.
La onU acuerda con esa conducta y aporta tropas a un proyecto de intervención que no podía invocar a la defensa de la democracia para legitimarse, dado que, por más malo que fuera Aristide como presidente, su origen era democrático.
¿Y si mañana la cuestión pasa por “estabilizar” Venezuela, Paraguay, Ecuador o Bolivia? ¿Qué hacemos?
La intervención militar en Haití lleva ya cuatro años y el país aún sigue siendo un caos. Y es lógico que así suceda: las crisis políticas no se solucionan con militares y muchísimo menos con banqueros.
Haití es el país más pobre del mundo y carece de recursos naturales o energéticos, pero sí cuenta con situación geográfica favorable, en términos económico-militares, que lo convierten en un enclave geoestratégico para Estados Unidos.
Washington ya dispone de bases militares en República Dominicana, y en Guantánamo, Cuba. Sumado esto a los efectivos desplegados en Colombia (anti narcóticos y anti FARC), el enclave de Haití se agrega ahora al despliegue estadounidenses de la región, peligrosamente cerca de Cuba y Venezuela.
Es comprensible entonces que la Casa Blanca quiera transformar Haití en una colonia seudo democrática. El objetivo sería imponer un régimen títere y establecer una presencia militar permanente en el país. No es una locura sostener que Washington sería muy feliz si lograra que Haití fuera pieza clave en la militarización del Caribe.
Dicha militarización es equiparable al “Plan Colombia”, base para la intervención armada en los pozos de petróleo y gas, así como las rutas de oleoductos y gasoductos, protegiendo simultáneamente el tráfico de drogas y sus dividendos.
Lo cierto es que la economía real haitiana sigue en bancarrota a pesar de los “esfuerzos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y, sin embargo, los narconegocios están en plena expansión.
Según la DEA (agencia federal antidrogas estadounidense), Haití tiene un papel preponderante en el tráfico de estupefacientes para toda la región del Caribe en la ruta Colombia-Estado Unidos. El problema no es la droga en sí misma, sino el manejo de sus rentas.
Parece ser que el 14 por ciento de la cocaína que ingresa en Estados Unidos hace escala en Haití y genera millones en ganancias para el crimen organizado y las instituciones financieras estadounidenses que lavan esas divisas sucias, fracción de un comercio mundial que mueve cerca de 500 mil millones de dólares anuales.
Así, la droga se mueve desde Colombia, hace escala en Haití y termina en Miami. El movimiento convierte al país antillano en refugio para el lavado del dinero merced a sociedades y a inversiones de entidades que operan en el circuito bancario haitiano.
A este esquema ha contribuido la liberalización del mercado de divisas extranjeras impuestas por el FMI. De esta forma los narcodólares -y también dinero de los haitianos emigrados- son depositados en el sistema bancario convirtiéndose a la moneda local.
El esquema financiero hace necesario que en Puerto Príncipe exista una democracia de confianza que cierre los ojos frente a una maniobra que brinda ganancias nada despreciables.
Vistas las cosas de esa manera, no queda otra opción que concluir que las tareas militares de Argentina y de Brasil en el marco de la MINUSTAH no son más que el trabajo sucio funcional a un negocio con drogas y a pretensiones estratégicas que apuntan a Venezuela y a toda Sudamérica. Una contradicción enorme con la idea de la unidad sudamericana.
Si algo no necesitan las democracias de América Latina es seguir ensuciando a sus militares. Muchísimo menos en el panorama de desafíos que se avizoran para el futuro cercano del bloque Mercosur. La defensa de la Antártida, la protección de la amazonia, las riquezas petroleras de las plataformas continentales, los minerales estratégicos de la Cordillera, la defensa de las democracias nacionales y populares. Todo ello requerirá de fuerzas entrenadas en forma combinada. A ello no contribuye perder el tiempo en Haití.
Si realmente se pretende dar una ayuda solidaria a ese país de histórica mala suerte, los gobiernos de Sudamérica deberían comenzar por renunciar a ser serviles de intereses foráneos y denunciar, en los órganos competentes y con toda su fuerza de bloque, la inutilidad de lo hecho hasta hoy.
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