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La vista que decidirá en febrero su extradición a Estados Unidos se
celebrará en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, sin público.
Mientras una Suecia cómplice cierra el montaje de las violaciones , se confirma una disciplina sin fisuras con los designios de los perseguidores del fundador de WikiLeaks.
El
21 de octubre Julian Assange compareció ante el tribunal de primera
instancia de Westminster. Debemos al ex diplomático británico Craig
Murray, que logró estar presente en la sesión, una crónica absolutamente reveladora de lo que allá ocurrió .
Murray, que fue embajador de su país en Uzbekistán, describe en ella lo
que ya se conoce: que la persecución de Julian Assange con miras a
encerrarlo de por vida en una cárcel de Estados Unidos, no es solo un
escándalo político y un atentado a derechos básicos, sino que también es
una farsa judicial en la que la justicia del Reino Unido actúa, tal
como constata un manifiesto recientemente enviado a las cámaras del país
y al Arzobispo de Canterbury, como “mero instrumento de la represión
política ejercida por Estados Unidos”. Ya lo sabíamos, pero los detalles
son jugosos.
Ese día de octubre Assange apareció débil y
errático ante la jueza Vanessa Baraitser, una mujer “cuyas expresiones
faciales pasaban del desprecio al sarcasmo o el aburrimiento” cuando
escuchaba a la defensa, mientras se mostraba “atenta, abierta y
calurosa” frente a las manifestaciones del fiscal.
La jueza
denegó de un plumazo todas las alegaciones de la defensa que pedía más
tiempo para preparar el caso, dadas las limitaciones que se pusieron a
los abogados de Assange para ver a su cliente en prisión, la incautación
de los documentos (por agentes de Estados Unidos) que éste tenía en la
embajada de Ecuador, así como para poder atender otro frente: el que se
ha abierto en Madrid a la compañía española de seguridad UC Global,
a la que la CIA encargó la organización del espionaje del interior de
la embajada ecuatoriana en Londres, con cámaras y micrófonos. Por todo
ello, la defensa pedía posponer la vista que debe decidir la extradición
de Assange a Estados Unidos convocada para el 25 de febrero.
Craig
Murray explica en su crónica cómo el fiscal del caso, James Lewis, se
opuso a cualquier postergación y cómo consultaba, en la misma sala, con
tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos que, según sus
propias palabras, le daban “instrucciones”. La jueza aprobó todas sus
peticiones.
El acuerdo de extradición entre el Reino Unido y
Estados Unidos (2007) regula en su artículo cuarto que la extradición no
ha lugar cuando su fundamento sea un “delito político”, concepto del
que se excluyen toda una serie de supuestos ninguno de los cuales es
aplicable al fundador de WikiLeaks. Conforme transcurría la sesión
aumentó el número de manifestantes que protestaba en las afueras del
edificio. Esa presencia explica que a media sesión entraran en la sala
otros dos agentes americanos, estos armados.
Al final, denegadas
todas las objeciones de la defensa, se decidió que la vista del 25 de
febrero en la que se resolverá la extradición se realice no en la sede
del tribunal, sino en la propia cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en
la que no hay más que seis plazas previstas para el “público”.
Probablemente en febrero no tendremos ni siquiera una crónica sobre el
evento como la de Craig Murray, que ningún gran medio de comunicación ha
publicado. Murray cree que la decisión de la jueza para decidir este
cambio “puede haber sido una iniciativa americana”.
Pero lo que
más impresionó a Murray fue el estado de Assange: flaco, envejecido y
desorientado en sus declaraciones. Lo mismo dice el veterano periodista
John Pilger que le visitó hace unos días.
Es
el resultado de su estancia en Belmarsh una prisión de alta seguridad
en condiciones de aislamiento, con 23 horas diarias de soledad y 45
minutos para hacer ejercicio en un patio de cemento. Cuando Assange sale
de la celda “todos los pasillos por los que pasa son evacuados y todas
las puertas de las celdas se cierran para garantizar que no tenga
contacto con otros reclusos”. “No hay ninguna justificación para que
este régimen inhumano, utilizado contra grandes terroristas se le
aplique a un periodista en prisión preventiva”, dice Murray.
Tampoco
había ningún motivo para que la justicia sueca se negara radicalmente
en su día a tomar testimonio telemático a Assange, sin necesidad de
trasladarse a Suecia, o garantizándole que si accedía a viajar a ese
país para testificar en un caso de falsa violación, no sería extraditado
a Estados Unidos, explica su padre, John Shipton. El caso sueco llevó a
Assange a refugiarse en la embajada de Ecuador, donde estuvo siete
años. Un caso que ha sido cerrado en Suecia por falta de pruebas.
La justicia sueca, como la británica, ha sido cómplice de los fontaneros de la WikiLeaks War Room
del Pentágono: 120 personas, analistas, agentes, trabajando 24 horas
sobre 24, siete días a la semana para destruir la red de Assange y la
persona de Assange, tal como explicaba hace años el secretario de prensa
del Pentágono, Geoff Morrell.
El “caso sueco” fue un producto cocinado por el Pentágono. Su objetivo era desprestigiar a Assange con una cuestión de género
-y lo han conseguido- y abrir una ruta alternativa a la extradición -no
ha sido necesario- por si fallaba la del Reino Unido. Su viejo
parlamento, recordémoslo, se cubrió de gloria cuando acogió con aplausos
la noticia de la detención de Assange en la embajada de Ecuador el
pasado abril, mientras los medios de comunicación establecidos de medio
mundo nos intoxicaban con artículos denigratorios sobre el personaje que
tuvo el atrevimiento de revelar los delitos y vergüenzas de la primera
potencia mundial en sus criminales guerras. El caso da para toda una
enciclopedia de la infamia.
El estado de salud de Assange es
preocupante. Después de que el relator especial de la ONU sobre tortura
Nils Melzer certificara como “tortura sicológica” la persecución de
estado que sufre Assange desde hace casi una década, 65 médicos y
especialistas de todo el mundo han firmado un documento en el que piden
una intervención médica “urgente” para preservar la salud del prisionero
trasladándolo a un hospital fuera del infierno de Belmarsh. Los estados
europeos, indignos ayudantes del Sheriff, no se han inmutado con estas noticias.
En
una conferencia de prensa celebrada la semana pasada en Berlín, el
relator Nils Melzer explicó su última reunión con los responsables del
departamento de derechos humanos del ministerio de exteriores alemán.
Durante todo el mes de octubre algunos periodistas estuvieron
preguntando al gobierno alemán su opinión sobre el informe del relator
que califica de “tortura” el trato a Assange, sin obtener respuesta. En
su reunión del día 26 con los funcionarios alemanes, éstos reconocieron
abiertamente a Melzer que ni siquiera se habían molestado en leer su
informe que lleva fecha de 31 de mayo. Paralelamente, en la lejana
Australia, la patria de Assange, cuyos políticos se han desentendido por
completo de cualquier iniciativa de defensa y han cooperando con la
persecución, el diputado Barnaby Joyce, vio como se le retiraba la
palabra en plena sesión parlamentaria cuando clamaba por la defensa de
Assange en su doble condición de periodista y ciudadano australiano.
La
mano del imperio es verdaderamente larga, pero por grande que sea su
victoria el principio sigue ahí con su verdad inapelable: son los
acusados o implicados en crímenes de guerra quienes deberían ser
juzgados y encarcelados, y no los valientes que han aportado las pruebas
de tales crímenes.
(Publicado en Ctxt)
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