Protegida por la línea estadounidense de “guerra total y permanente”
Con la luz verde de la
Casa Blanca, que no hace más que asegurar el rápido y buen traslado de
su estrategia político-militar hacia territorio boliviano, el gobierno
de facto de Jeanine Añez se prepara con todo para responder con el
recurso desproporcional de la fuerza represora a los más mínimos
movimientos de resistencia popular que se den en ese país sudamericano,
particularmente en los núcleos indígena campesinos leales a Evo Morales,
quien fue desalojado del poder mediante un golpe de Estado el 10 de
noviembre.
El modo como los golpistas bolivianos se han propuesto
mantenerse en el gobierno, evitar la protesta social contra sus medidas
anti-nacionales y seguir contando con el apoyo de amplias capas
fascistizadas de la clase media, es por la vía de la represión
concentrada y selectiva a la vez del movimiento campesino-indígena, que
es el “sujeto histórico” que lideró el Proceso de Cambio.
Hay
tres hechos –uno interno y dos externos- confirman el modo del cómo el
gobierno ilegítimo pretende avanzar en la línea estratégica de desmontar
las bases materiales y simbólicas del Proceso de Cambio, así como las
conquistas sociales logradas en el Estado Plurinacional.
El
primero, de ninguna manera sorpresivo y el más importante respecto de
los otros dos, es el pronunciamiento del presidente estadounidense
Donald Trump, quién a través de su cuenta en Twitter, sostuvo en la
tarde del martes 17: "Apoyamos a @JeanineAnez en Bolivia mientras
trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de
elecciones libres. Denunciamos la violencia en curso y las que la
provocan tanto en Bolivia como desde lejos. ¡Estados Unidos apoya a la
gente de la región por la paz y la democracia!".
No es nada
sorpresiva la posición del presidente estadounidense. Para decirlo
claro, no es que Añez recibe el apoyo de EEUU a una línea propia,
autónoma y nacional, sino es Trump quién respalda la política general de
los golpistas que, a través de una senadora desconocida hasta antes de
ser colocada como presidente, solo están materializando la estrategia
estadounidense para América Latina en un país importante desde el punto
de vista geopolítico en la subregión.
La estrategia, que recupera
los aspectos positivos para los intereses imperiales de la Doctrina la
Seguridad Nacional y de la Guerra de Baja Intensidad –desarrolladas en
la región entre las décadas de los 60 y 80-, consiste en el despliegue
de la “guerra total y permanente” contra todos los gobiernos y
movimientos de izquierda y progresistas de América Latina, con el
objetivo de estratégico de “cerrarles el paso a todos los espacios
legales e institucionales” que amenacen la hegemonía estadounidense y el
orden establecido.
Esta estrategia se opera mediante la
combinación de viejos y nuevos métodos de desestabilización,
intervención y dominación conocidos en la historia de América Latina. A
diferencia de algunas interpretaciones parciales y erróneas de algunos
ingenuos políticos e intelectuales progresistas, que llegaron a suponer
que el poder duro (Hard power) había sido sustituido por el poder blando
(Soft power), sobre todo en la llamada “era Obama”, la combinación de
lo empleado antes y de lo incorporado en los últimos años, es la
principal característica de la estrategia en curso. Esos métodos van
desde el uso, directo e indirecto, del componente militar (golpes de
Estado e intervenciones directas) hasta los novedosos juicios políticos
(lawfare) y noticias falsas (fake news), pasando por las ya conocidas
sanciones y acciones internacionales a través de organismos como la OEA.
El
segundo hecho es la promulgación del decreto supremo 4116 que hizo hace
pocos días la auto-nombrada presidenta Añez, por el cual se autoriza al
Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material
bélico de uso militar. ¿Cómo justifica la compra el ministro de facto de
Defensa? La respuesta es como escuchar al mismo Trump: ““El país está
amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados
permanentemente por gente del exterior armada, por narcoterroristas y
por un expresidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al
odio y la violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar
preparados para eso”.
Esto quiere decir, para no equivocarse, que
la represión será la política general de este gobierno y se basará no
en el uso legítimo de la fuerza policial, como encargada de mantener el
orden público, a veces con excesos, sino en la participación de las
Fuerzas Armadas. Esto implica, al mismo tiempo, que las masacres de
Sacaba y El Alto no habrán sido un hecho aislado, sino que se tiene
previsto otras masacres donde sea necesario, para evitar la organización
del descontento popular. Ya las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y
Senkata, El Alto (21 de noviembre) se registraron producto de la acción
combinada de policías y militares (a estos últimos se les garantizó
mediante decreto estar exentos de procesos penales), con un saldo de más
de 32 muertes y centenas de heridos, según da cuenta un informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que visitó Bolivia en
la segunda quincena del mismo mes.
Cómo ocurrió desde la mitad
de la década de los 80 hasta fines de 2005, la represión como política
general se concentrará, principalmente, en la región del Chapare y en
base al discurso, característico de la estrategia estadounidense desde
la caída de la URSS, del “terrorismo y el narcoterrorismo” con presencia
externa.
El tercero hecho, en el que no vamos a profundizar
ahora, es la peligrosa militarización de la política de defensa y
seguridad de América Latina, como ya se aprecia en los casos de Ecuador,
Colombia, Brasil y Bolivia. Este “retorno” de los militares a la escena
política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que
EEUU impulsa hacia la región.
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