Río de Janeiro. A principios de noviembre, funcionarios
de la Funai (Fundación Nacional del Indio), encargada de la política de
protección a los indígenas brasileños, divulgó una carta abierta
alertando sobre los riesgos de parálisis en la atención a los llamados
indios aislados, o sea, los que tienen escaso contacto con los vecinos y optaron por aislarse del mundo exterior y volver a su región de origen.
En ese documento denunciaban la falta crónica de recursos humanos
para cumplir con su misión, además de recortes o retenciones prolongadas
del presupuesto.
Al mismo tiempo, alertaban sobre la escalada de violencia y las
invasiones, principalmente, aunque no sólo en regiones bajo protección
ambiental e indigenista. La Funai mantiene, o mantenía, 19 bases de
protección en áreas de muy difícil acceso, pero amenazadas por
invasores, en especial madereros, mineros y cazadores ilegales.
A los pocos días, la justicia del estado de Amazonas determinó que la
Unión actuara de inmediato, propiciando respaldo operacional a los
funcionarios de la Funai, con el envío de fuerzas armadas.
La decisión no tuvo ningún resultado, y el jueves 21 los funcionarios
de la Funai abandonaron a los indios aislados del área conocida como
Tierra Indígena del Valle del Javari, en el extremo oeste del estado de
Amazonas. El último funcionario salió al amanecer de aquel día, luego de
varios ataques con disparos contra la base, que era la principal de la
región, una de las mejor preservadas y remotas de Brasil.
Desde diciembre del año pasado, en vísperas de la ceremonia de toma
de protesta del entonces presidente electo Jair Bolsonaro, los ataques
tanto a reservas indígenas como a la floresta amazónica se
multiplicaron. Las acciones de mineros ilegales contaminan ríos y
arroyos, los madereros tumban árboles de madera noble y la caza ilegal
de animales silvestres se expandió. En su campaña electoral, el
neofascista Bolsonaro se dedicó a criticar de manera reiterada lo que
clasificó de
industria de la multa, en referencia a las penalidades aplicadas a la extracción ilegal de madera, y a lo que considera un
excesode áreas dedicadas a reservas indígenas.
Una vez asumida la presidencia, su gobierno hizo un fuerte recorte al
presupuesto destinado tanto a la Funai como a las instituciones
dedicadas a proteger el medioambiente.
Antropólogos y funcionarios de la Funai advierten que los indios considerados
aisladosson en extremo vulnerables, incluso a enfermedades transmitidas por invasores, contra las cuales no tienen ningún tipo de anticuerpos. Sus tierras son ricas en minerales y madera.
El pasado julio asumió la presidencia de la Funai Marcelo Xavier da
Silva, comisario de la Policía Federal. Ingresó a la institución en
2008, cuando presentó su segundo examen (en el primero fue rechazado en
la evaluación sicológica, por ser considerado
con excesivas tendencias a adoptar actitudes agresivas). Cuenta con el respaldo de la llamada
bancada ruralen el Congreso, formada por diputados y senadores que actúan siempre en defensa de los intereses de grandes productores agrícolas.
Ese núcleo de integrantes del Congreso tiene como uno de sus blancos
de acción presionar por cambios en la legislación ambiental y de
protección a los indígenas.
Xavier da Silva es un ardoroso defensor de la explotación minera en
reservas indígenas. El presidente Bolsonaro, a su vez, anunció que el
gobierno estudia proponer cambios en la actual legislación para permitir
que se exporte madera proveniente de toda la región amazónica. El
próximo proyecto será precisamente sobre la explotación minera.
Este año la cifra de incendios criminales en la selva amazónica, y las invasiones, se multiplicaron.
Ane Alencar, directora del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental
de la Amazonia, por sus siglas en portugués), al cuestionar datos
oficiales y denunciar la supuesta
industria de la multa, aseguró que el gobierno ultraderechista no hace más que incentivar las acciones criminales en la región. Antropólogos lanzan de manera continua alarmas para indicar el creciente riesgo que amenaza no sólo a las tribus aisladas, sino a todo el medio ambiente que supuestamente estaría bajo protección legal.
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
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