Nueva York. Rupert Colville, portavoz del Alto
Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los
Derechos Humanos denunció este viernes el
sorprendentenúmero de activistas hostigados y asesinados en Colombia y urgió al gobierno colombiano a investigar los ataques y llevar a la justicia a los culpables.
Colville dijo en un comunicado que en los primeros cuatro meses de
este año 51 asesinatos de activistas y defensores de los derechos
humanos han sido reportados por miembros de la sociedad civil e
instituciones estatales del país. La cifra, dijo Colville, confirma una
etapa de violencia que se intensificó en 2018, cuando la oficina del
Alto Comisionado registró los asesinatos de 115 defensores de derechos
humanos en Colombia.
Destacó que los activistas son afrocolombianos, indígenas, defensores
del medio ambiente, periodistas, campesinos, defensoras de los derechos
de la mujer y personas involucradas en política local.
Estas violaciones ocurren en un ambiente de estigmatización de defensores de derechos, especialmente aquellos que viven en zonas rurales, destacó Colville.
El gobierno colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016 que
puso fin a más de medio siglo de conflicto armado. Desde la firma
Colombia comenzó un lento proceso para permitir a los rebeldes una
transición hacia la vida civil. La ONU monitorea esa transición y el
Consejo de Seguridad la debate y evalúa en sesiones regulares.
El presidente de Colombia Iván Duque dijo a principios de mayo que
detrás de los asesinatos de líderes comunales y activistas hay miembros
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Clan del Golfo y otros
grupos que
vienen amenazando y asesinando en zonas donde hay cultivos (de coca) ilícitos.
En su comunicado del viernes, Colville señaló que el ataque más
reciente ocurrió el 4 de mayo, cuando 20 activistas afrocolombianos,
incluida una conocida defensora del medio ambiente y los derechos de las
mujeres llamada Francia Márquez, fueron atacados con granadas y
disparos cerca de Santander del Quilichao, en el departamento de Cauca.
Nadie murió aunque dos agentes de la Unidad Nacional de Protección del
gobierno, que custodiaba al grupo, resultaron heridos, dijo Colville.
El vocero dijo que su oficina reconoce los esfuerzos del gobierno
para proteger a los defensores de los derechos humanos, pero pide a las
autoridades que redoblen esfuerzos para mantener un ambiente seguro.
A principios de este mes Duque anunció la creación de una comisión especial de jueces para que se esclarezcan estos asesinatos.
Ap
Periódico La Jornada
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