La Jornada
John Bolton, asesor
de Seguridad Nacional del presidente estadunidense, Donald Trump,
amenazó este lunes con imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal
Internacional (CPI) que investigan los crímenes de guerra perpetrados en
el pasado reciente por militares de Estados Unidos en Afganistán y
además, emprender pesquisas sobre las atrocidades cometidas por el
gobierno de Israel en contra de la población palestina.
Asimismo, calificó a esa instancia de justicia de
ilegítimay dijo que
ya está muerta para nosotros. Cabe suponer que las aseveraciones de Bolton, un funcionario conocido por sus posturas atrabiliarias, su militarismo y su filiación ultraderechista, cuenta con el visto bueno de su jefe, quien ha manifestado ideas y actitudes parecidas, y que constituye, por tanto, un posicionamiento oficial del gobierno estadunidense.
Significativamente, mientras Bolton pronunciaba ese discurso en un
encuentro de círculos conservadores y ultramontanos, afuera del recinto
se desarrollaba una manifestación en protesta por la decisión de la Casa
Blanca de cerrar la representación de la Organización para la
Liberación de Palestina en Estados Unidos, una determinación
terriblemente injusta que, para colmo, deja fuera a Washington de
cualquier nueva búsqueda de paz entre los palestinos y el Estado judío.
De esta manera, la actual administración de la superpotencia vecina
avanza en su empeño por destruir la institucionalidad y la legalidad
internacionales en un terreno particularmente importante: el de la
impartición de justicia por encima de las fronteras nacionales, una
tarea que se ha vuelto cada vez más necesaria en un mundo globalizado en
el que proliferan los crímenes de lesa humanidad. No puede soslayarse,
por lo demás, que buena parte de esos crímenes han sido perpetrados por
el poder militar estadunidense en sus incursiones bélicas y la justicia
de Washington suele dejarlos sin castigo por la simple razón de que han
sido ordenados desde la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de
Estado.
Es cierto que la superpotencia ha rechazado desde siempre someterse a
la jurisdicción de la CPI, pero no había utilizado nunca semejante
estridencia para descalificar a esa instancia internacional, único y
último tribunal al que pueden recurrir los pueblos agraviados por
delitos tan graves como el genocidio y la limpieza étnica.
En suma, el posicionamiento de Washington a este respecto es una
clásica reacción de la fuerza en contra de la justicia, de la impunidad
en contra de las leyes y de la barbarie en contra de la razón, y, por
tanto, empuja al mundo hacia la ley de la jungla.
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