Existe amplia información sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) (véase: https://goo.gl/images/
Es
conocido que durante las décadas finales del siglo XX se afirmaron en
Ecuador el modelo empresarial y la ideología neoliberal. Bajo esas
condiciones, mientras los intereses privados y de las cámaras de la
producción fueron privilegiados, no solo que se achicó el tamaño del
Estado, sino que fueron recortadas las inversiones estatales, colapsaron
los servicios públicos, se consolidaron las privatizaciones y se
debilitó la institucionalidad nacional.
En ese marco, entre
1990 y 2002 Ecuador suscribió 28 TBI y, por cierto, 16 de ellos se
suscribieron durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996),
quien, además, expidió decretos, logró reformas legales, sancionó leyes y
adoptó regulaciones administrativas encaminadas a buscar el ingreso de
inversiones extranjeras directas (IED) y también a favorecer a las
transnacionales petroleras y a los bancos. El gobierno de Durán Ballen
es uno de los mayores responsables históricos en otorgar privilegios a
los intereses privados frente a los intereses nacionales.
Pero
esa situación no se modificó en los años posteriores, pues los
gobernantes entre 1996 y 2006 nada hicieron por denunciar los TBI,
exigir responsabilidades a las petroleras que destruyeron medios
ambientales en la Amazonía y perseguir a las autoridades responsables de
perjudicar al Estado. Todo lo contrario, entre 1983 hasta 2003 incluso
se acordaron 16 Cartas de Intención con el FMI, de modo que durante la
época de gobiernos constitucionales más larga en la historia nacional,
el modelo económico empresarial, ocasionó perjuicios al Estado y grandes
atracos privados, como la sucretización de las deudas (1983), la
resucretización (1987), los “salvatajes” bancarios (desde 1996), el
feriado bancario (1999) y la dolarización (2000).
Los TBI son
acuerdos entre Estados para proteger a las inversiones extranjeras y
someter las controversias ante árbitros internacionales. En las
condiciones latinoamericanas de la década de 1990, cuando se debilitaron
las capacidades estatales e institucionales, todos los TBI que
suscribió el Ecuador tuvieron una serie de limitaciones para el Estado y
la sociedad: no se sujetaron estrictamente a las leyes y sus
procedimientos, algunos chocaron abiertamente con la Constitución,
otorgaron trato preferencial a las empresas extranjeras, exclusivamente
responsabilizaban al Estado sin contemplar perjuicios que podrían
ocasionar las mismas empresas, y sometieron las controversias al CIADI y
a árbitros internacionales, que notoriamente actúan con inclinación,
sesgo y favoritismo a las corporaciones transnacionales.
Fue el
gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que, por primera vez en la
historia contemporánea del Ecuador y en concordancia con lo que en
materia económica dispone la Constitución de 2008, decidió encarar tanto
el problema de la deuda externa, como el de los TBI. Planteó la
auditoría de la deuda externa, que sirvió para determinar los tramos de
la deuda ilegítima que Ecuador, por tanto, no reconocería; y,
además, creó la CAITISA, una comisión ciudadana especial y técnica, para
examinar lo relativo a los TBI y los arbitrajes, heredados de los
gobiernos anteriores.
Pero Ecuador no fue el único que
cuestionó los TBI. Otros países tanto latinoamericanos como de otros
continentes, revisaron esos convenios. Además, en estudios realizados
por la UNCTAD y la Cepal quedó en claro que la IED no crecía a pesar de
los TBI y que era necesario revisar los sistemas de protección
privilegiada a esas inversiones. Las demandas empresariales igualmente
podían someterse al centro de solución de controversias de UNASUR.
Durante la pasada década, por tanto, existió un ambiente nacional,
latinoamericanista e internacional favorable a la restauración de las
capacidades estatales, al papel soberano de las legislaciones nacionales
y a la necesidad de acabar con los privilegios empresariales que los
gobiernos neoliberales del pasado crearon en perjuicio del Estado.
Desde
luego, a partir de la posición asumida por el gobierno de Correa, según
el informe de la CAITISA se han sucedido las demandas contra el
Ecuador. El 50% de ellas corresponde al área petrolera, 19% a
electricidad y 12% a minería. De los 26 casos en conflicto vigentes, 16
han concluido y quedan 10 pendientes, por un valor reclamado contra el
país que asciende a U$ 11.188´966.571. Hasta abril de 2017 Ecuador ha
tenido que pagar U$ 1.342´115.969 por los litigios concluidos, ante
árbitros que hicieron interpretaciones legales extensivas y
parcializadas contra el Estado. Además, se ha gastado U$ 155´929.417 en
abogados internacionales, para la defensa nacional.
El informe de CAITISA también dice lo siguiente:
"La excompañía Texaco, adquirida por Chevron, procedió con irresponsabilidad e irrespeto, con tecnologías anticuadas, provocando derrames de más de 26,000 barriles de crudo hacia importantes ríos: Aguarico, Quijos y Shiripuno, y a numerosos esteros, también vertió́ 18,000 galones de agua de formación, más tóxica que el mismo crudo, provocando todo ello la muerte de peces, ganado y animales salvajes. Texaco abrió 916 piscinas, cuyas filtraciones han causado la toxicidad de tierras y la contaminación del agua y del aire. En comunicación escrita entre ejecutivos de la empresa, se dispone que los derrames serán informados sólo cuando “atraigan la atención de la prensa y/o de las autoridades regulatorias...”. Por el alto nivel de contaminación, la salud de la población se vio muy afectada. En una encuesta realizada a 1064 familias se encontraron 306 casos de cáncer, pero se presume un daño mayor, en vista de que no se registraba esta causa de muerte, por desconocimiento de la enfermedad".
El
“caso Chevron” se inició en 1993, cuando las comunidades amazónicas
demandaron a esa compañía (que adquirió los activos de Texaco, que
operaba en Ecuador desde 1964) el pago de U$ 9.500 millones por los
daños ambientales en su territorio. La Corte de Lago Agrio sentenció
contra la compañía y a favor de los pobladores; sin embargo, en el marco
de los TBI, Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La
Haya. El pasado 7 de septiembre se conoció la sentencia de La Haya, que
desconoce el fallo de la Corte ecuatoriana y obliga al Estado a pagar a
Chevron, por haber denegado justicia a la petrolera y porque la
sentencia en Ecuador fue obtenida a través de “fraude, sobornos y
corrupción” (https://bit.ly/2NYdslR).
La
sentencia de La Haya llega en una coyuntura nacional distinta a la de
la última década, pues se ha revivido el modelo empresarial, las elites
económicas recuperaron influencia y poder en el Estado, se reorienta el
país a favor de las IED, se privilegia al alto empresariado con inéditas
regulaciones y perdones tributarios, se restan capacidades estatales e
institucionales, y se convierte a la “descorreización” en justificativo
para todo.
En esas condiciones, la primera reacción en esferas
gubernamentales ha sido la de sostener que hay un posible “perjuicio” al
Estado, que el gobierno anterior contrató por 6.4 millones con la
empresa MQ Square para pagar a celebridades internacionales como Mia
Farrow (U$ 188.000) o Danny Glover (U$ 330.000 dólares), para la campaña
“La mano sucia de Chevron” con la cual, dicen, se “manipuló a la
opinión pública nacional e internacional”; que las empresas para la
defensa de los derechos del país, “no estuvieron a la altura que el caso
requería, a sabiendas que este tipo de arbitrajes podrían desencadenar
en sentencias contrarias”; y que, por tanto, se ha solicitado al
Procurador General del Estado para que ejerza el derecho de repetición
contra los funcionarios del anterior régimen (https://bit.ly/2COxBd9).
En definitiva, se culpa a Correa de no haber defendido los intereses
nacionales y se podrá interponer contra él y sus funcionarios, la acción
de cobro del dinero que el Estado tendría que cancelar a Chevron.
Al
parecer, no ha habido alguien que sugiriera que lo primero que había
que hacer es referirse a los gobiernos que, contrariando el interés
nacional, suscribieron los TBI para favorecer a las empresas
extranjeras; que por lo menos debía señalarse al gobierno de Jamil
Mahuad (1998-2000) y a sus funcionarios por no haber exigido las
remediaciones ambientales necesarias a la compañía petrolera que
destruyó territorios amazónicos; que algún pronunciamiento había que
tener frente al Tribunal Arbitral Internacional de La Haya por su fallo a
favor de Chevron; que había que salir en defensa de las comunidades
indígenas afectadas; que, aunque sea en palabras, debía decirse que el
país llevaría adelante todas las acciones internacionales que
correspondan para defender al Estado ecuatoriano; y que la soberanía
patria, la dignidad nacional, la seguridad de nuestro territorio, son
los valores que, de acuerdo con la Constitución de 2008, orientan las
políticas gubernamentales.
Alguien debió decir al interior del
gobierno que el tema de fondo son los TBI; que existe un informe de la
CAITISA al respecto; y que, si no se quería creer en él, se contaba con
los amplios estudios de la Cepal sobre esos tratados (https://bit.ly/2x1BFQO).
Que, además, sobre la destrucción del medio ambiente amazónico podía
tenerse como base para la defensa del Ecuador a la tesis doctoral de
Fander Falconí, actual ministro de Educación, quien orgullosamente
sostiene (https://bit.ly/2CLdKeS):
“Los graves daños de Chevron en contra de nuestra población y
ecosistemas son evidentes. Mi tesis doctoral (2001) documenta los daños
sociales y ambientales. Debemos condenar el laudo arbitral y a los
responsables, su contenido atenta contra los derechos de los habitantes
Amazonía”.
Cabe
esperar, por tanto, que el presidente Lenín Moreno ofrezca al Ecuador
una posición nacional y soberana. Porque lo que a los ecuatorianos nos
interesa es que en materia internacional se defienda el decoro nacional,
el interés público, los derechos de los ciudadanos, contra los
intereses privados y de cualquier empresa extranjera capaz de burlarse
del Ecuador a través de aquellos TBI que se amañaron para defender el
interés empresarial contra el interés del Estado.
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