A 48 años del triunfo de Salvador Allende
A la memoria
de las y los cientos
de detenidos desaparecidos.
A todas y todos
aquellos que entregaron
su vida por la noble causa socialista
que viven en la memoria del pueblo.
“Chile es hoy la primera nación de la tierra
llamada a conformar el segundo modelo
de transición a la sociedad socialista…
edificada según un modelo
democrático, pluralista y libertario”.
Salvador Allende, mayo de 1971.
Presentación
Al cumplirse los 48 años del triunfo electoral de la Unidad Popular,
que determinó, por primera vez en la historia de Chile, latinoamericana y
mundial, el acceso al gobierno de un presidente socialista, Salvador
Allende, y de una coalición de partidos políticos marxistas y
revolucionarios, la Unidad Popular (UP), la discusión histórica y
política sobre el carácter y proyección teórica y política de la inédita
vía democrática (pacífica) hacia el socialismo inaugurada por la
izquierda chilena, volverá estar en palestra pública. Por cierto, que se
instalará, también, la disputa por el pasado reciente y las
responsabilidades y culpabilidades políticas de lo ocurrido desde el 11
de septiembre de 1973 en adelante, Tal como ha ocurrido en los últimos
años, con menor fuerza se discutirá sobre lo acontecido en esos “mil
días que estremecieron al mundo”, al decir, del historiador F.
Gaudichaud. Sin lugar a duda, que la polémica de esta cuestión estará,
en esta ocasión, enmarcada en la coyuntura política abierta por la
discusión sobre el carácter histórico-político del Museo de la Memoria y
de los Derechos Humanos y, en menor medida, por los odiosos dichos del
presidente S. Piñera, sobre que el presidente Allende, “validaba la
violencia y los mecanismos no democráticos” como por la particular y
exótica idea del gobierno de construir un museo histórico de la
democracia.
Este ensayo de reflexión histórico-política tiene
como objetivo exponer algunos aspectos de lo que fue la experiencia del
gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende (1970-1973) para la
sociedad chilena, especialmente, para sus sectores populares y
trabajadores, es decir, para el pueblo. Como también exponer cuál fue el
desde mi parecer el principal conflicto político y social librado
durante los tres años de gobierno popular cuya resolución abrió la
puerta a la barbarie y al actual presente histórico. Se organiza en dos
apartados. En el primero, planteo la relevancia política de la
experiencia popular, su relación con la democracia y brevemente sus
realizaciones. Y, en la segunda, expongo el conflicto político central
de la UP. Todo esto, como señalo al cierre de este opúsculo, con el
objeto de elaborar una explicación histórico-política plausible del
porqué de la “masacre del pueblo” perpetrada por las Fuerzas Armadas y
de Orden, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990.
1.- Democracia y Socialismo en la Unidad Popular
La experiencia revolucionaria de la UP tuvo la capacidad y la audacia
histórica y política de plantearse la transformación radical de la
sociedad capitalista nacional, utilizando para ello, la
institucionalidad democrática. Sin plantearse la posibilidad de
suspender el ejercicio de la misma con el objetivo de construir un
camino democrático al socialismo. Por esa razón, descarto de manera
categórica la idea de que esta experiencia haya sido una experiencia
reformista o populista como la han calificado algunos analistas
nacionales e internacionales. Fue un genuino proceso revolucionario
radical. O sea, una revolución social. En decir, un intento de
transformar el modo de producción existente.
Para conseguir
dicho fin, el gobierno popular implemento en los tres años de su gestión
un conjunto de medidas y acciones que afectaron directamente la
estructura y las fuentes del poder de las clases dominantes, tanto de la
burguesía nacional como internacional. Las transformaciones
estructurales que realizo la UP fueron acompañadas, como veremos, por un
conjunto de medidas que favorecieron ampliamente a los sectores
sociales populares que habían sido permanente postergados y olvidados
por la mayoría de los gobiernos burgueses que le precedieron. El
gobierno popular revolucionó, alteró y modificó radicalmente a la
sociedad chilena y sus instituciones y, al mismo tiempo, que potenció el
carácter revolucionario de la democracia.
El triunfo
político electoral en las elecciones presidenciales el 4 septiembre de
1970 del candidato de la izquierda Salvador Allende Gossens constituye
uno de los acontecimientos más relevante de la historia política
chilena, latinoamericana y mundial del siglo XX. De acuerdo al
historiador británico, Eric Hobsbawn, “un caso único” que carecía “de
precedentes” históricos concretos. Sin embargo, esta experiencia
política, había sido anticipada por el principal teórico de la
revolución social, Carlos Marx allá por 1872: la probabilidad teórica
que era posible transitar pacíficamente al socialismo, utilizando o
empleando los mecanismos e instrumentos que instalaron los regímenes
políticos democrático modernos.
Esto último suponía que la
democracia en cuanto régimen tenía un conjunto de requisitos mínimos
tales como: la existencia de elecciones libres, imparciales,
transparentes y frecuentes; sufragio universal; libertad de reunión y de
asociación; libertad de expresión y de opinión; información plural y
alternativa y derecho ciudadano a competir sin ninguna restricción por
cargos públicos; un sistema político de partidos en competencia y
sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y político. Todos
estos requisitos o condiciones procedimentales e institucionales
necesarias que configuran un régimen político democrático se habían
logrado en Chile, tan solo tres años antes de la elección de Salvador
Allende.
En efecto, la democracia plena ha tenido en Chile
solo una vigencia de seis años, entre 1967 y 1973. Antes de ese periodo
el régimen democrático tenía una serie de defectos que limitaban su
existencia. Entre otras, por ejemplo, la exclusión y manipulación del
sufragio popular, la prohibición de la participación política de las
mujeres, la exclusión de los campesinos de los procesos de toma de
decisión política y de la organización sindical; exclusión, censura
política, persecución política y reclusión política durante 10 años,
etcétera. La lista de las imperfecciones de la democracia chilena, entre
1932 y 1967, es bastante larga y son muchas para que se siga
sosteniendo que Chile contaba con una tradición democrática de larga
duración, con una democracia estable y pacífica previo a la ruptura
democrática de 1973. Esa democracia existe o es parte de la mitología
histórica y política nacional.
Cabe señalar que la izquierda
chilena a lo largo del siglo XX denunció de manera, permanentemente, las
limitaciones como los vicios de esa mala democracia. Por ello, uno de
sus objetivos políticos era reemplazarla o ampliarla sustantivamente.
Más que un régimen democrático estable durante el siglo XX, en Chile se
verifico un largo proceso de democratización política con avances,
quiebres y retrocesos. Es, justamente, ese conflictivo proceso político
lo que permite la instalación de la democracia plena entre 1967-1973.
Con posterioridad a la elección presidencial de 1970, durante el
gobierno popular, la democracia política se amplió significativamente.
Pues, el proceso democratización popular se extendió hacia el ámbito
económico, social y cultural.
Ahora bien, la democratización
de la democracia fue posible por la existencia y la participación activa
de un conjunto de hombres e incluso mujeres que lucharon de manera
constante por establecer e imponer algunos de los requisitos necesarios
para nombrar o calificar al régimen político como democracia. Y, sobre
todo, fue necesario la existencia de un ancho, diverso y plural
movimiento social y político ciudadano por la democracia. Fueron estos
factores, lo que permitió que hacía fines de la década de los años
sesenta el régimen democrático lograra superar los principales
obstáculos que los sectores antidemocráticos levantaron permanentemente
con el objeto de impedir la instalación de un régimen democrático pleno.
Salvador Allende Gossens, era uno de los principales líderes
políticos y sociales de la izquierda socialista y marxista nacional,
que durante 43 años (1930-1973), como lo han demostrado la mayoría de
los historiadores y analistas, tanto nacionales como extranjeros que han
estudiado su trayectoria política, lucho por instalar la democracia en
Chile. Allende, desde el inicio de su carrera política, situó a las
formas y mecanismos democráticos como principios fundamentales y
primordiales de su praxis política y revolucionaria.
Por esa
razón, defendió categóricamente las instituciones democráticas,
especialmente, aquellas que permitían acceder al gobierno, por medios
institucionales y por la expresión directa de la voluntad ciudadana
popular. Teniendo claro esos principios, construyó y elaboró una
específica estrategia política destinada obtener la presidencia y el
gobierno al interior de un Estado capitalista: la vía política
institucional.
Esta vía se define esencialmente como
democrática estaba destinada a ganar electoralmente la presidencia y
acceder al gobierno en representación de las fuerzas sociales populares y
de izquierda, desde su formulación, a comienzos de los años 50 del
siglo XX, busco potenciar el carácter revolucionario de la democracia.
Ella constituye el principal aporte práctico, teórico e histórico
concreto legado por Salvador Allende a la izquierda no solo nacional
sino latinoamericana y mundial.
Salvador Allende liderando a
la izquierda chilena en el FRAP (Frente de Acción Popular), primero, se
presentó como candidato presidencial en 1958 y 1964. Luego en 1970,
liderando a la UP. Sin embargo, su afán presidencial se había iniciado
en 1952 cuando lidero el Frente del Pueblo, coalición política que
construyó como protesta política en contra de la decisión del Partido
Socialista Popular, su partido, de apoyar al exdictador Carlos Ibáñez
del Campo. Su consecuencia política democrática impedía por principios y
valores éticos apoyar a un dictador.
Ahora su afán de ganar
una elección presidencial y convertirse en presidente de la República no
tenía una ambición personal tampoco tenía el objeto de administrar
políticamente el Estado y la sociedad capitalista, sino que su objetivo
político fundamental y trascendental era revolucionar y transformar la
sociedad para iniciar el camino hacia el socialismo. Durante 20 años,
1952-1970, Allende luchó y defendió ese proyecto político-histórico.
Murió el 11 de septiembre de 1973, defendiendo no solo el gobierno
popular que dirigía sino, esencialmente, a la democracia.
Si
bien, tomo las armas en ese momento definitivo fue para defender la
democracia de aquellos que a través de la violencia política buscaban
destruirla. Régimen político que él se había comprometido respetar y
respaldar por voluntad popular. Además, era el régimen que había
permitido poner en marcha la experiencia socialista, revolucionaria,
popular allendista y de la Unidad Popular.
La experiencia
allendista de la Unidad Popular (1970-1973) fue considerando un proyecto
político extremadamente peligroso para la dominación y hegemonía
capitalista, pues, como he dicho, le devolvía a la democracia, bajo su
forma liberal representativa, la potencia revolucionaria con la cual,
ésta, había irrumpido en la política moderna durante el siglo XVIII,
especialmente, con la revolución francesa de 1789. Además, la
experiencia popular allendista, no solo potenciaba ese carácter, sino
que sumaba a ella, también, la potencia revolucionaria del proyecto
socialista, triunfante en la revolución bolchevique de 1917. O sea, la
revolución chilena, conducida por Salvador Allende y la Unidad Popular, a
diferencia de las revoluciones burguesas (XVIII y XIX) no tenía como
objetivo hacer viable la dominación capitalista derribando las formas de
gobierno obsoletas como la monarquía, sino, que buscaba cambiar y
destruir la sociedad capitalista. Construyendo en su reemplazo la
sociedad socialista democrática. Para esos fines, había que subvertir,
modificar, transformar, o sea, revolucionar la democracia. Y, eso es lo
que hizo el gobierno popular.
El triunfo popular en
septiembre de 1970 encendió todas las alarmas y puso en alerta al
capital tanto nacional como internacional. El capital se agito
nerviosamente en sus centros de poder. Richard Nixon, presidente
estadounidense, histéricamente ordenó, al entonces director de la
Central de Inteligencia Americana (CIA), Richard Helms “hacer un
esfuerzo a fondo para evitar que Salvador Allende tomara posesión” de su
cargo. Y, autorizo 10 millones de dólares para que el “marxista chileno
no se siente en la silla presidencial”. De manera desde el mismo día
del triunfo popular, el imperialismo yanqui coludido con la derecha
chilena, puso en marcha una estrategia política destinada a enfrentar el
triunfo popular con todos los recursos humanos, logísticos y
financieros posibles.
El miedo imperial lo expresaba Henry
Canciller, el canciller del gobierno de Nixon, en cuatro puntos a pocos
días del triunfo allendista: 1.- “si Allende era ratificado por el
Congreso surgiría en Chile un régimen comunista y que Argentina, Bolivia
y Perú podrían seguir este ejemplo”; 2.- “la toma del poder por parte
de Allende… nos planteara graves problemas a nosotros mismos (USA) y a
nuestras fuerzas en América Latina, y, desde luego, al conjunto del
hemisferio occidental”; “la evolución política de Chile es muy grave
para los intereses de la seguridad nacional de EE.UU. por razón de sus
efectos en Francia e Italia” y 4.- “El gobierno de Allende puede estar
en el origen de problemas en el funcionamiento de Comité de Defensa
Interamericano y en el de la OEA”.
La preocupación del
Canciller era comprensible, el fracaso de la apuesta reformista que
había representado el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei
Montalva (1964-1970), que constituía la solución política al avance de
los movimientos populares y revolucionarios en América Latina, dejaba
abierta la solución militar, es decir, el uso de la violencia armada.
Desde el principio el gobierno popular estuvo bajo la amenaza del
imperio.
La estrategia imperial tuvo como objetivo, inicial,
obstaculizar o impedir el ascenso al gobierno de Salvador Allende y de
la Unidad Popular, fracaso. Debió, entonces, desplegar, desarrollar e
implementar un conjunto de acciones destinadas a derrocar al gobierno
popular. Esta estrategia nunca descarto la violencia política
terrorista. Todo lo contrario. Ella fue el principal instrumento
utilizado para desestabilizar al gobierno popular. La invocación a la
violencia política no era una apelación retórica como ocurría en ciertos
sectores de la izquierda chilena de la época, sino, la derecha, la puso
en práctica de manera concreta. No tenía problema para ello, pues tenía
toda una experiencia histórica acumulada en su utilización. La había
usada en reiteradas veces en el pasado en contra del pueblo.
El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René
Schneider, el 25 de octubre de 1970, por parte de un torpe comando
armado de derecha, constituye el hito histórico-político que inaugura la
violencia política en el país. La cual tendrá una vigencia durante 20
años (1970-1990). Como he dicho la violencia terrorista será la
principal herramienta utilizada por la dictadura cívico militar,
instalada por las clases dominantes, en contra del pueblo chileno.
El uso de la violencia política por parte del capital, o sea, por la
derecha nacional, a objeto de frenar la democratización de la sociedad
chilena no era una novedad en la historia del país. En esta oportunidad,
el uso de la violencia tenía un fin último de más largo alcance impedir
el éxito de la vía democrática al socialismo por todos los medios
posibles. Sin embargo, los logros y éxitos del gobierno popular no
pudieron ser frenados durante los mil días de gobierno popular.
El avance social, económico, político y cultural experimentado por
los sectores populares producto de las realizaciones del gobierno de la
Unidad Popular, afectaron directamente los intereses internos y externos
de los grupos dominantes. Durante tres años, esas realizaciones
agudizaron la conflictividad social y política, en otras palabras, la
lucha de clases, se hizo manifiesta en toda la formación social chilena.
Todo estaba en disputa.
Una vez instalado en el gobierno, el
4 de noviembre de 1970, Allende y la Unidad Popular iniciaron un
ingente proceso de democratización política, social, económica y
cultural dirigido a mejorar las condiciones de vida de las y los
trabajadores, las y los campesinos, las y los pobladores, de las y los
estudiantes, de las y los pueblos originarios, de los hombres, mujeres,
niños y niñas populares. Por primera vez, en 160 años de vida
independiente, el gobierno del Estado de Chile, gobernaba para el pueblo
y con el pueblo.
El gobierno popular realizó una serie de
transformaciones revolucionarias de carácter estructural que fueron
acompañadas de un conjunto de medidas aparentemente menos importantes,
pero profundamente significativas para la vida social de los sectores
populares. Por ejemplo, el plan de medio litro de leche diario para
todos las niñas y los niños y madres sin distinción social o de clase.
Las y los niños fueron prioridad uno del gobierno de la Unidad Popular.
Esta medida significo, entre otras cosas, la disminución de la
mortalidad infantil. Y, sobre todo la felicidad de los niños y niñas
populares.
La organización popular impulso nuevas formas
democráticas de participación política y fomento el desarrollo del poder
popular. Los trabajadores iniciaron un conjunto de experiencias de
autogestión de sus centros productivos, en los diversos cordones
industriales, ya sea de la ciudad capital como de otras ciudades del
país. Los pobladores se organizaron para hacer frente a la ofensiva
patronal y de los sectores pequeños burgueses mercantiles,
especialmente, de los comerciantes minoristas. Se crearon las Juntad de
Abastecimiento y Precios (JAP), para implantar un sistema de
distribución de alimentos y artículos esenciales “democrático y
equitativo”.
Si bien, la educación, fue uno de los ámbitos en
donde la lucha clases y la conflictividad social y cultural entre los
dos proyectos de sociedad, el capitalista y el socialista, en pugna, se
hizo sentir con inusitada virulencia y odiosidad de parte de los
defensores del orden capitalista. Recibió, la educación, una atención
preferencial de parte del gobierno popular. Las escuelas y liceos se
transformaron en espacios de libertad, participación y compromiso social
y político. Las universidades se abrieron para los sectores populares.
El derecho a la educación fue una realidad para todas y todos. La
inclusión social abrió los colegios y liceos reservados solo para los
sectores medios y altos a las y los jóvenes populares.
La
cultura dejó sus estrechos marcos elitistas durante los tres años del
gobierno popular. El teatro, el ballet y la música “culta”,
especialmente, aquella que estaba encerrada en el Teatro Municipal,
espacio oligárquico por excelencia, recorrió con sus acordes los
espacios populares, las industrias y poblaciones. Roberto Matta, pinto
su mural: El Primer Gol del Pueblo de Chile, en una pared popular de la
población San Gregorio, de la comuna de La Granja, en la zona sur de
Santiago. Pablo Neruda obtenía el premio Nobel de Literatura en 1971. Y,
la editorial Quimantú, distribuyó millones de ejemplares del libro
conmemorativo en honor al vate. La poesía nerudiana llegó millones de
niñas y niños de Chile.
De manera que bajo el gobierno de la
Unidad Popular surgieron nuevas formas de organización popular tales
como los cordones industriales, comandos comunales, regionales, que
constituían el germen de un nuevo orden social impulsado por el poder
social popular y por los trabajadores para reemplazar el Estado burgués y
acelerar el tránsito del capitalismo al socialismo.
Durante
los mil días que estremecieron a la sociedad chilena la frontera que
cerca a la democracia capitalista fue presionada y tensionada al máximo.
En efecto, la acción más revolucionaria que emprendió la Unidad Popular
fue, justamente, poner fin a la frontera de la democracia capitalista,
que no es otra, que el derecho de propiedad privada de los medios de
producción. Las realizaciones estructurales del gobierno popular tienen
relación directa con la principal fuente poder social del capital y,
sobre la cual, se levanta la sociedad capitalista. Veamos de manera
específica este punto.
La democratización de la propiedad privada de los medios de producción
La historia del siglo XX en la formación social chilena está marcada
por el conflicto político, social y económico entre el capital y el
trabajo. Y, es al interior de este conflicto donde hay que situar no
solo la crisis del capitalismo nacional durante la década de los sesenta
y setenta, sino también al gobierno de la Unidad Popular.
Lamentablemente, ese conflicto tuvo una resolución a favor del capital, a
través del Golpe de Estado de septiembre de 1973, hace cuatro décadas y
media. La instalación de la dictadura cívico-militar de carácter
terrorista, la reestructuración neoliberal del capitalismo nacional y la
emergencia de la sociedad neoliberal son parte constitutiva de esa
resolución. Pero, ello no significa, de ninguna manera, la superación ni
su desaparición; todo lo contrario, durante estos 45 años, el poder del
capital ha impuesto su total y más completa hegemonía y dominación
sobre el trabajo. La conflictividad entre el capital y el trabajo,
actualmente, se manifiesta de manera distinta de la forma como se
exteriorizó durante el periodo del capitalismo industrial. Pero, insisto
sobre este punto, no ha dejado de existir ni ha desaparecido. La lucha
clase sigue siendo el motor de la historia, tal como lo fue durante el
gobierno de la Unidad Popular.
El triunfo de la Unidad
Popular en 1970, es parte de la lucha política de clases, o sea, la
manifestación política del conflicto entre el capital y el trabajo. Ese
triunfo dice relación directa con la capacidad que tuvo el trabajo de
desarrollar un efectivo contrapoder contrahegemónico. Se trata del poder
de las y los trabajadores y de los sectores populares que, durante el
siglo XX, se conformó como un poder subversivo y transformador de las
fuentes directas del poder social del capital, o sea, de las relaciones
sociales de producción.
Este contrapoder social, político e
histórico se había venido fortaleciendo tanto social como políticamente
desde las últimas décadas del siglo XIX. Hacia 1970, tenía casi un siglo
de experiencia política acumulada. Este contrapoder de los
trabajadores, en particular, y de los sectores populares, en general, se
identificó histórica y políticamente con la lucha por la democracia
social, política y económica, o sea, en otras palabras, con el
socialismo desde los inicios del siglo XX.
Por eso,
democracia y socialismo en el proyecto histórico popular eran sinónimos y
se potenciaban recíprocamente. Esa era la fuerza del proyecto
democrático y socialista de la Unidad Popular y del Gobierno de Salvador
Allende. Este tenía como núcleo central de sus propósitos políticos e
históricos: poner fin a la explotación del “hombre por el hombre” y la
abolición de la propiedad privada de los medios de producción.
Por esa razón, el proyecto político, social e histórico de los
trabajadores y de los sectores populares se caracterizó desde siempre
por su vocación anticapitalista. Y, lo anticapitalista se expresaba de
forma muy concreta: poner fin a la fuente principal de la explotación y
de la desigualdad social y económica: la propiedad privada de los medios
de producción. La mayoría de los programas sociales, económicos y
políticos de las primeras organizaciones proletarias y populares
nacionales, a inicios del siglo XX, se plantearon como objetivo
primordial y central de su lucha política, la socialización de la
propiedad y la creación de la propiedad social. Por esa razón,
socialización y/o la estatización de la propiedad privada,
especialmente, de los medios de producción ya sea industriales, mineros y
agrarios, siempre estuvo presente en el imaginario político de los
trabajadores y los sectores populares. La base material del socialismo
lo constituía la propiedad social de los medios de producción.
La vocación revolucionaria y anticapitalista del movimiento social
popular lo expresa de manera ejemplar el principal líder de los
trabajadores chilenos Luis Emilio Recabarren quien, en su proyecto de
constitución política de 1921, en el artículo 7° establecía que:
“En la República Federal Socialista de Chile, sólo hay “propiedad
social” administrada por la “Asamblea Industrial”, por la
“Municipalidad” y por la “Asamblea Nacional”;
y en artículo 9 señalaba que:
“Es propiedad social la tierra y sus productos, la manufactura, la
habitación, medios de producción, elementos de servicios públicos,
transportes y cuanto no sea de inmediata utilidad o uso individual”.
Cincuenta años más tarde en 1970, el Programa de la Unidad Popular,
establecía como objetivo central del gobierno popular, la constitución
del Área Social de la Producción. El programa justificaba la creación
del Área Social de la Producción en los siguientes términos:
“Las fuerzas populares únicas buscan como objetivo central de su
política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el
poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio,
para iniciar la construcción del socialismo”.
Para tal efecto,
“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con la
política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por
empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se
expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas
básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras que
están en el poder de capitalistas extranjeros y de los monopolios
internos”.
Entre el proyecto socialista de Recabarren y el
programa de gobierno de la Unidad Popular hay una continuidad ideológica
y política que permite sostener que la izquierda chilena y el
movimiento popular tenía una profunda convicción de que la única forma
de superar la desigualdad y la explotación era poniendo fin al
capitalismo. La principal diferencia entre lo que postulaba Recabarren y
lo postulado por la Unidad Popular estaba en quien debía administrar la
propiedad social. Para él primero, era el Municipio, es decir, el poder
local, mientras que, para los segundos, el Estado, o sea, el poder
central. No obstante, esa diferencia, muy relevante, la abolición de la
propiedad privada era, entonces, para la izquierda una condición
necesaria y fundamental en la construcción de la sociedad socialista.
Durante el gobierno popular la lucha social y política que marca el
periodo esta signada por la democratización/socialización/estatización
popular de la propiedad privada de los medios de producción. El impulso y
desarrollo del poder popular que se expresó en la ocupación y dirección
por los trabajadores de cientos de centros productivos evidenciaban que
la pérdida del poder social que experimentaban los sectores
capitalistas.
La acción social y política de los trabajadores
y sectores populares (pobladores, campesinos, indígenas, etcétera) de
expropiar la base material del poder del capital implicaba la creación y
desarrollo de su propio poder. La base material del poder popular
estaba, justamente, en la conformación de la propiedad social. Este
proceso fue dual. Tanto por arriba, es decir, a través de la acción
gubernamental como por abajo a través de la acción directa de los
trabajadores. Los iconos históricos y políticos de este proceso fueron:
(a) la Reforma Agraria, que permitió la expropiación de los grandes
latifundios con el objeto distribuirlos entre los campesinos sin la
tierra;
(b) la Nacionalización de la gran minería del Cobre,
en junio de 1971, que recupero para uso y disfrute de la sociedad
chilena los recursos naturales mineros;
(c) la estatización de la banca nacional como extranjera, anunciada el 30 de diciembre de 1970;
(d) la expropiación de la emblemática industria textil: Yarur
Santiago, el 28 de abril de 1971, iniciándose con ella el traspaso de la
industria manufacturera nacional al poder de los trabajadores y,
(e) la estatización de las empresas de telecomunicaciones transnacionales.
(f) La toma directa de tierras, industrias y empresas por parte de
los trabajadores para incorporarlas al área social de la producción.
La democratización de la propiedad no fue solo un acto gubernamental,
sino, también, fue la expresión del poder los sectores dominados:
trabajadores, pobladores, mineros, campesinos, indígenas, de hombres y
mujeres pobres del campo y de la ciudad.
Estos sectores
sociales no tienen derecho ni acceso a la propiedad privada de los
medios de producción en las sociedades capitalistas. Pero tampoco el
derecho a disponer de un espacio donde poder habitar, por ejemplo, en la
ciudad. Por esa razón, desde fines de los años 50 del siglo pasado, se
había iniciado la ocupación de los espacios urbanos tanto fiscal como
privados para “encontrar un sitio” donde habitar y vivir. A través de
las “tomas de terreno”, el movimiento social popular de trabajadores sin
viviendas, comenzaron a ocupar terrenos para construir sus casas.
Primero, fueron las “poblaciones callampas” y luego, los campamentos y
las poblaciones populares.
La “toma” fue un acto de
apropiación colectiva de la propiedad privada se transformó entre
1970-1973, en la principal forma de acceso de los sectores populares y
trabajadores a la propiedad. Este proceso fue otra modalidad de
democratización de la propiedad por el poder popular que conducía a la
transformación radical de la sociedad capitalista.
Dado que
la democratización de la propiedad consistía en despojar, arrebatar y
expropiar el poder social, económico y político que la propiedad de los
medios de producción confería a la clase capitalista nacional como
extranjera, las clases dominantes tomaron consciencia de que el centro
neurálgico del conflicto se encontraba situado fuera del campo
institucional de la democracia. Puesto, que dicho proceso, no solo se
democratizaba a la propiedad sino también al Estado y hacía extensiva la
democracia a todos y todas. La propiedad privada de los medios de
producción dejaba de ser un patrimonio individual o familiar un pequeño y
selecto sector de la sociedad, sino que se volvía una propiedad social
colectiva-pública-estatal-común. Los “no propietarios”, por ejemplo, los
campesinos que accedieron a la tierra, gracias la reforma agraria, de
manera colectiva, durante el gobierno de la Unidad Popular, adquirieron
no solo un poder social, económico y político, sino, sobre todo,
dignidad.
La expansión democrática social asumió una clara
orientación subversiva pues desafío y discutió frontalmente la
dominación, la hegemonía y la violencia del capitalismo –desde la
explotación de la fuerza de trabajo al uso represivo del Estado-. La
democratización del Estado, implico la expulsión relativa de las clases
propietarias de él y su ocupamiento parcial por parte de los sectores
sociales no propietarios. Esta situación profundizo la crisis política
de la dominación capitalista abierta por la acción del gobierno de la
Unidad Popular.
Las clases propietarias nacionales como
extranjeras comprendieron que debían defender a cualquier precio, la
propiedad de los medios de producción. Para tal fin, estos grupos
propietarios nacionales buscaron el apoyo de los sectores medios, a
través de una alianza política y social en defensa del capitalismo.
Agrupados y organizados en el Frente Nacional del Área Privada
(FNAP), que reunía a los dueños del capital y de los grandes, medianos y
pequeños empresarios y propietarios de la industria y el comercio,
lograron el apoyo de las organizaciones gremiales de profesionales
autónomos y técnicos, tales como los Colegios Profesionales,
orientándolos en una intensa campaña contra el gobierno popular y el
socialismo. El FNAP, logro conseguir el apoyo y solidaridad de los
sectores medios pro-capitalista. Potenciando su oposición política y
social al socialismo con la progresiva alineación del Partido Nacional
con la Democracia Cristiana que concluyó en 1973, al conformarse la
Confederación Democrática (CODE). La unidad de las fuerzas
antisocialistas acentúo, intensifico e incremento la lucha clases en el
país.
Conformándose dos grandes bloques políticos sociales,
por un lado, los defensores de la vía chilena al socialismo y el
gobierno popular, la UP; y, por otro, los defensores del capitalismo, la
CODE. Ambos conglomerados, a pesar, de la aguda conflictividad buscaron
resolver el conflicto por la vía institucional. Concurrieron con dicha
intención a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Los primeros
lograr amplios apoyos electorales al gobierno y los segundos, alcanzar
la mayoría parlamentaria requerida y necesaria para destituir
constitucionalmente, o sea, políticamente, al presidente Allende y así
poner fin al gobierno popular. El resultado, fue inesperado para la
oposición anticapitalista. El 44,23% obtenido por la UP, marcaba un
significativo aumento del apoyo ciudadano popular a la gestión del
gobierno de Salvador Allende. Mientras que el 55,49% obtenido por la
oposición antisocialista, implicaron dos cosas, a) los sectores anti UP
experimentaron en tres años, una reducción porcentual de 8 puntos. En
1970, la candidatura de R. Tomic, demócrata cristiano, obtuvo un 28,08%
de las preferencias ciudadanas y el candidato de la derecha Jorge
Alessandri, el 35,29%. Los sectores antisocialistas en 1970, sumaban el
63,37%. Tres años eran menos, tan solo el 55,49%. En términos generales,
a pesar que estos sectores eran mayoría en la sociedad chilena, el
proceso democrático del presidente Allende amplio su apoyo electoral
pasando de 36,63% a un 44,23%. Cabe señalar, que Allende fue el primer
presidente que vio crecer el apoyo electoral inicial de todos los
presidentes de la República, que lo precedieron en el periodo de 1932 a
1973. Esa era la fuerza electoral de la vía democrática al socialismo.
La fortaleza institucional adquirida por la democracia política bajo
el gobierno allendista, a pesar de su proceso de trasmutación hacia una
democracia social y económica, robustecía y potenciaba el proyecto
popular al aumentar su fuerza electoral. Sin embargo, al mismo tiempo,
endurecía, enfurecía y desesperaba a la oposición antisocialista
nacional como imperialista. Fundamentalmente, porque el análisis de la
proyección futura de los resultados electorales de marzo de 1973,
apuntaban a señalar que la UP, dado el crecimiento electoral
experimentado entre 1970 y 1973, podía volver a ganar la elección
presidencial de 1976. De manera que las parlamentarias notificaron a las
fuerzas antisocialistas dos cosas, por un lado, la vigencia e
importancia de las instituciones democráticas para el proceso político
impulsado por la UP y, por otro, la imposibilidad de frenarlo o
derrotarlo a través de los mecanismos democráticos.
El
gobierno de la UP desde su inicio fue, técnicamente, lo que se conoce en
el lenguaje politológico, un “gobierno dividido”. Nunca tuvo mayoría en
el parlamento. Por esa razón, debió buscar instrumentos disponibles en
la institucionalidad para lograr hacer avanzar su programa de gobierno y
llevar a cabo las realizaciones estructurales propuestas. Uno de esos
instrumentos fueron los “resquicios legales”. Estas eran disposiciones
legales olvidadas dictadas por gobiernos precedentes con distintos
fines. Uno de esos instrumentos era el Decreto-Ley 520 dictado durante
el gobierno de la República Socialista de 1932. Este texto legal y
constitucional había sido utilizado por diferentes gobiernos posteriores
a esa fecha, incluso de la derecha empresarial de Jorge Alessandri
Rodríguez (1958-1964).
Del DL-520 permanecían vigentes cinco
artículos referidos a la propiedad privada de los medios de producción
que declaraban la utilidad pública de las empresas agrícolas,
industriales y de comercio y de los establecimientos dedicados a la
producción y distribución de artículos de primera necesidad. Por lo
tanto, todos eran susceptibles de ser expropiados.
Armado con
esta legalidad el gobierno popular inicio la emblemática construcción
del Área Social de Producción el 1 de diciembre de 1970 con la
expropiación de la no menos emblemática industria textil
Bellavista-Tomé. A partir de esa fecha todas las expropiaciones de
empresas e industrias ya sea impulsadas por el ejecutivo como por la
acción directa de los trabajadores estuvieron amparadas legalmente en el
DL-520. Tal como lo expresó el lienzo de colocaron las obreras y
obreros en la industria textil Yarur Sumar, requisada en abril de 1971,
desde ese momento los espacios productivos de Chile, constituían “territorios libres de explotación”.
Ese había sido el compromiso del “compañero presidente” a las y los
trabajadores. Allende en su visita a la industria Yarur Sumar, había
dicho, dirigiéndose y respondiendo el discurso de recibimiento que había
pronunciado el dueño de la empresa Amador Yarur y ante medio millar de
trabajadores: “…si soy elegido, Amador…aunque seamos amigos, te quitaré esta industria. Pertenecerá a los trabajadores y al pueblo de Chile”.
El profundo miedo a la reacción del patrón, solo cuatro obreros se
atrevieron a aplaudir las palabras de Salvador Allende. Sus dichos no
eran palabras lanzadas al aires o buena promesa de campaña electoral, no
lo eran. Era un compromiso ético y político con los trabajadores de
todo el país y con el pueblo de Chile. Los trabajadores exigieron y
demandaron tempranamente al presidente Allende su compromiso. Y, el día
28 de abril de 1971, el gobierno popular requiso la industria Yarur.
Cumpliendo con la promesa presidencial. Ese día los trabajadores lo
recordaran hasta el día de hoy, a pesar que la industria ya no existe,
como “el día de la liberación”.
La forma como se logró
la expropiación de la industria Yarur Sumar no solo inauguro la
transición efectiva del capitalismo al socialismo, sino también, otra
forma, otra praxis política y social, la de las y los trabajadores,
diferente y contradictoria con la vía institucional propiciada por el
presidente Allende, la acción revolucionaria directa y el socialismo
participativo, un socialismo desde abajo. Era otra forma de buscar el
mismo fin y al mismo tiempo superar y sobrepasar los obstáculos que les
imponía al proceso la institucionalidad existente.
Desde el
primer momento la lucha por la democratización del derecho de propiedad
privada y el fin de la explotación se libró en dos niveles como fue la
norma a lo largo de todo el gobierno popular. Por un lado, la dimensión
jurídico-político, o sea, al interior del régimen político que
confrontaba al Ejecutivo y al Parlamento. Y, por otro lado, la acción
directa de las y los trabajadores. Los cuales a través de la “toma” y la
ocupación de las industrias, exigían al Ejecutivo, su incorporación al
área social de la producción. Mientras la discusión jurídica-política se
estancaba por arriba. Por abajo, cientos de empresas e industrias,
pequeñas, medianas y grandes, pasaron a estar bajo el control obrero.
Muchas de ellas fueron ocupadas por el poder popular y obrero en
reacción al intento de golpe de estado del 29 de junio de 1973.
Impulsado por el Partido Nacional, la agrupación nacionalista Patria y
Libertad y un sector del Ejército.
La apelación coyuntural a
las Fuerzas Armadas, por parte de la derecha extrema, fue la reacción
desesperada a la promulgación de la normativa que institucionalizaba y
constitucionalizaba el Área Social de la Producción por parte del
gobierno popular.
Las Fuerzas Armadas van intervenir,
finalmente, no solo para dar “solución” al conflicto por la propiedad,
sino del sistema capitalista nacional. Instalando en el poder la
dictadura cívico militar del General Augusto Pinochet (1973-1990). La
dictadura del capital puso en marcha un violento proceso de restauración
de su dominación y hegemonía. Para tal efecto, destruyó íntegramente el
contrapoder de los trabajadores y de los sectores populares. Poniendo
en marcha una maquinaria de guerra y destrucción con el objeto de
masacrar al pueblo.
Conjuntamente con el genocidio popular,
la dictadura militar destruyó la democracia. Reestructuro completamente
el modo de producción capitalista. Restaurando el derecho de propiedad
privada de los medios de producción y el poder social de las clases
dominantes. Para tal efecto, devolvió las industrias, empresas y campos a
sus “propietarios”. Y, estos echaron a las y los trabajadores, en
palabras de Jorge González, líder de Los Prisioneros: “les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron se escondieron. Merodean por nuestra ciudad”
El asesinato no solo de Salvador Allende sino del pueblo de Chile,
fue posible, fundamentalmente, porque la experiencia revolucionaria del
gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende fue: una revolución democrática desarmada.
Cierre
Tal como escribí en mi tesis doctoral hace ya 18 años, hoy ante las
burdas declaraciones del abominable e innombrable exministro, de las
declaraciones destempladas de la derecha y del canciller, tenía la
obligación ética de escribir y construir una explicación que les haga
justicia a todas y todos los ciudadanos populares muertos,
desaparecidos, torturados y humillados, vejados y violentados durante
los 17 años dictadura. Cuyo único delito fue haberse tomado en serio
aquello de que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y
el pueblo.
Debía y debo seguir escribiendo y difundiendo
esta explicación que explica de manera sucinta, la masacre popular
perpetrada por la Fuerza Armadas y de Orden. Pues, sigo sosteniendo que
no escribir una explicación que haga justicia a la lucha social de miles
de compañeras y compañeras por una sociedad más justa e igualitaria, no
puede ser política e intelectualmente aceptable. Sobre todo, se hace
necesario develar y poner en conocimiento de todas y todos que la
masacre perpetrada por los clases dominantes-propietarias, con el apoyo
del gobierno estadounidense en alianza con los sectores medios, se hizo,
fundamentalmente, aunque no solo por esa razón, en defensa del derecho
de propiedad privada.
En razón de esa defensa, violaron
sistemáticamente los derechos humanos, asesinando a miles de hombres,
mujeres niños y niñas. O sea, para proteger sus propiedades, mataron. Y,
estoy seguro, que lo volverían hacer, pues, el irrespeto por la vida
humana de parte de los sectores propietarios, cuando se trata de
defender sus intereses, ha sido una actitud históricamente fundada desde
el siglo XVI.
Nota bibliográfica:
El
presente artículo se escribe en base a dos libros que son
complementarios. Aunque tienen distintos “objeto de análisis” coinciden
en mostrar la potencialidad revolucionaria del proceso político abierto
por el gobierno de la Unidad Popular. Al mismo tiempo dan cuenta de la
limitación intrínseca del gobierno popular o si se quiere de la vía
política institucional al socialismo: una vez abierto el conflicto por
la propiedad privada, o sea, por el poder real, no puede ser resuelto
por los mecanismos e instrumentos ofrecidos por la democracia. O sea, en
otras palabras, poner fin al capitalismo sin requerir de la violencia
revolucionaria es un camino político inviable.
Franck
Gaudichaud: Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder
Popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de
Salvador Allende. LOM Ediciones, 2016.
J.Carlos Gómez Leyton: La Frontera de la Democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973. LOM Ediciones, 2004.
*Juan Carlos Gómez Leyton es doctor en Ciencias Sociales y Política
No hay comentarios:
Publicar un comentario