Imposible volver la hoja del calendario con tantos casos no resueltos de niñas y niños desaparecidos.
Mientras hay quienes caen en la tentación de hacer su lista de
objetivos personales para el nuevo año, el listado de niñas, niños,
adolescentes y mujeres desaparecidos durante 2017 continúa creciendo y
los esfuerzos de búsqueda por parte de las autoridades resultan
insuficientes para detener este gravísimo problema de seguridad. Pero no
solo hay desapariciones, también asesinatos a mansalva a todo lo largo y
ancho del territorio guatemalteco, como evidencia de un fallo sistémico
del estamento político.
Cuesta creer en la indiferencia de quienes gobiernan este país ante
una situación cuyas consecuencias se equiparan a las provocadas por una
guerra declarada, en donde quienes caen por ataques armados son, en su
mayoría, civiles inocentes. Estas muertes, acumuladas a lo largo de las
semanas y los meses, van engrosando el expediente de los casos no
resueltos y las familias de las víctimas ya saben que jamás tendrán el
consuelo de ver la acción de una justicia pronta y expedita, como ha
sido la sempiterna promesa incumplida de sus autoridades.
Pero esa indiferencia tiene un origen muy fácil de adivinar: es el
desprecio por la ciudadanía, basado en el hecho de que detentar el poder
político y económico del país equivale a poseer un cheque en blanco
para hacer del Estado un proyecto de enriquecimiento personal sin
obstáculo alguno. La riqueza nacional parece ser una fuente inagotable
capaz de alimentar la voracidad de un equipo de gobierno tras otro, en
perfecta sucesión. Los mecanismos adecuados para crear una ilusión de
legalidad a esas maniobras han sido cuidadosamente diseñados por quienes
los aprovechan.
Por eso no hay dinero para el desayuno escolar de millones de niñas,
niños y adolescentes que asisten a las ruinosas escuelas públicas.
Tampoco hay suficientes implementos de enseñanza porque, después de
todo, esos niños y niñas -pobres por decisión de quienes acaparan el
poder- están destinados a ser mano de obra barata y no conviene darles
un nivel de educación que los transforme al cabo de unos años en
ciudadanos críticos, empoderados políticamente y potenciales líderes
sociales.
Entonces la fórmula está dada: una masa desinformada y aplastada por
un sistema injusto y abusador, incapaz de defender sus derechos, resulta
mucho más fácil de dominar que una ciudadanía educada y consciente del
alcance de las leyes que deberían protegerla. En semejante plataforma el
desarrollo de las organizaciones criminales creadas durante décadas de
abuso político se consolidan y actúan a la luz del día extorsionando,
asesinando, secuestrando y convirtiendo esta tierra promisoria en un
vasto cementerio.
La niñez y la juventud de Guatemala ha sido obligada a emigrar para
salvar su vida e intentar del modo más arriesgado e injusto construir un
futuro mejor. Muchos mueren en el intento, otros son capturados por las
redes de trata que, como una verdadera malla de pesca, atrapa a los más
débiles y los esclaviza en todas las crueles variantes de la
explotación. Quizá por ahí van algunos de los niños, niñas y
adolescentes cuya desaparición aparece en los anuncios de la Alerta
Alba-Keneth. Pero no son todos. Sin embargo, el silencio de las
autoridades sobre este drama cotidiano revela con meridiana claridad
cuánta importancia le dan a este segmento de la población pero, por
encima de todo, deja en evidencia una actitud de “dejar hacer” al
impedir con maniobras presupuestarias y políticas el fortalecimiento de
las instituciones cuya naturaleza es la defensa de la niñez y de toda la
población.
Los frecuentes llamados por el aparecimiento de niñas, niños y adolescentes, marcan el año.
elquintopatio@gmail.com
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