IPS
A 34 años de la
recuperación democrática, la Justicia de Argentina tiene más de 500
causas en trámite por violaciones de derechos humanos cometidas durante
la última dictadura militar (1976-1983). La elevada cifra habla de la
vigencia del proceso de verdad y justicia, pero también de las demoras
que oscurecen el escenario.
Desde que en 2003 se retomaron las
investigaciones judiciales, se dictaron 200 sentencias, de las cuales
solo 60 están firmes, mientras que 140 se encuentran en distintas
instancias de revisión.
Así lo reveló un informe de la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizado a diciembre de
2017, que detalla que hay 856 personas condenadas y 110 absueltas.
Al
mismo tiempo, hay otras 393 causas en trámite y la pauta de las demoras
está dada porque 247 de ellas todavía están en instrucción, la etapa
inicial del proceso judicial, que precede al juicio oral y público, en
el que se determina la condena o absolución de los acusados.
“Los
juicios por los crímenes de la dictadura en Argentina han sido un
ejemplo para toda la humanidad, porque no hubo otro caso así en el
mundo. Y es muy positivo que el Estado esté transmitiendo hoy el mensaje
de que los juicios siguen”, destacó Santiago Cantón, ex secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
diálogo con IPS.
“Sin embargo, las demoras son graves, porque
estamos hablando de acusados que en la mayoría de los casos tienen más
de 80 años”, puntualizó Cantón, actualmente secretario de Derechos
Humanos de la provincia de Buenos Aires, la más extensa y poblada del
país.
“Que los juicios terminen es importante para todos: para
que los acusados no se mueran con un manto de duda sobre ellos y para
que las víctimas y toda la sociedad tengan justicia”, agregó
La
última dictadura argentina fue responsable de un plan criminal que
incluyó la instalación de cientos de centros clandestinos de detención,
tortura y exterminio en todo el país. Organismos de derechos humanos
señalan que son 30.000 las personas desaparecidas y muertas por la
represión ilegal.
Luego de la recuperación democrática, el
presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) promovió la investigación y el
castigo de los crímenes. El punto culminante fue el célebre Juicio a las
Juntas Militares, que tuvo como acusados a nueve altos jefes de las
Fuerzas Armadas.
Así, en 1985, el exgeneral Jorge Videla y el
exalmirante Emilio Massera, hombres fuertes de la primera etapa de la
dictadura, la más brutal de la represión, fueron condenados a prisión
perpetua.
Sin embargo, bajo presión militar, en 1986 y 1987, el
Congreso Nacional dictó las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, que restringieron fuertemente las posibilidades de investigación
y condena. El círculo fue cerrado por el presidente Carlos Menem
(1989-1999), quien en 1990 indultó a Videla, Massera y al resto de los
jefes militares presos.
Solo en 2001, un juez de primera
instancia declaró inválidas las dos leyes exculpatorias, con el
argumento de que los de la dictadura fueron crímenes contra la humanidad
y por lo tanto no pueden ser objeto de amnistías.
Esa decisión
marcó un cambio de época, reafirmada en septiembre de 2003, cuando el
Congreso, a instancias del presidente Néstor Kirchner (2003-2007),
declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
A
partir de allí se retomaron las investigaciones judiciales y se removió
el último obstáculo en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se
pronunció por la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad
y por la imposibilidad de perdonarlos.
“Es muy importante que
desde 2003 hasta hoy se hayan hecho 200 juicios, gracias al esfuerzo y
el compromiso de víctimas y familiares”, consideró Luz Palmás Zaldúa,
abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la
organización que promovió la primera declaración de inconstitucionalidad
de las leyes de amnistía, en 2001.
Palmás Zaldúa destaca algunos
juicios en particular, como el del Plan Cóndor, que finalizó en 2016
con 15 condenados, “en el que se probó que existió un plan de represión
política entre distintas dictaduras del Cono Sur”.
También
valoriza especialmente el de los hechos ocurridos en la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino emblemático de la
dictadura, finalizado en noviembre pasado con 29 condenados a cadena
perpetua.
“Allí se probaron los llamados vuelos de la muerte, en
los que fueron arrojadas al río, por ejemplo, las fundadoras de las
Madres de Plaza de Mayo”, dijo Palmás Zaldúa a IPS.
La abogada,
de todas formas, advierte que el proceso de justicia y memoria
“atraviesa diversas dificultades, que son responsabilidad de los tres
poderes del Estado”.
El CELS fue uno de los 13 organismos de
derechos humanos argentinos que en octubre de 2017 denunciaron, en una
audiencia ante la CIDH realizada en Montevideo, que el gobierno
argentino debilitó o desmanteló dependencias oficiales dedicadas al
relevamiento de documentos de la dictadura, con el fin de aportar
pruebas a la Justicia.
También dijeron que el Congreso no puso en
funcionamiento la comisión bicameral que debe investigar las
complicidades económicas con la dictadura, creada por ley en noviembre
de 2015.
Para el sociólogo e investigador Daniel Feierstein,
desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, en diciembre 2015, “se
constata con preocupación el desmembramiento o recorte de áreas de
investigación y el vaciamiento de fiscalías dedicadas a estas causas”,
según dijo a IPS.
Además, “pareciera haberse creado un nuevo
clima judicial que ha llevado a muchos tribunales a otorgar con
facilidad prisiones domiciliarias a los genocidas, ha aumentado
significativamente el número de absoluciones y se han rechazado
prisiones preventivas en un contexto donde las mismas se incrementan
para delitos de menor gravedad”, agregó Feierstein.
“Se trata
entonces de un panorama contradictorio, con un proceso que parece
continuar pero en condiciones cambiantes, que generan fuertes niveles de
incerteza”, alertó.
El informe de la Procuraduría, que pertenece
al Ministerio Público Fiscal de la Nación, precisa que desde que
reanudaron las causas en 2003 hubo 2.979 imputados, de los cuales 1.038
están detenidos, 1.305 libres, 37 prófugos y 599 fallecidos, de estos
100 con sentencia y 499, antes de ella.
Un dato significativo es
que más de la mitad de los presos (549) gozan del beneficio de arresto
domiciliario, lo que en algunos casos ha despertado un fuerte repudio
social.
“Aunque se vayan a la casa, quedan condenados por la
historia, por la sociedad y en algunos casos hasta por sus propias
familias”, subrayó Norma Ríos, dirigente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH), en diálogo con IPS.
“Hace algunos
años, nunca hubiéramos imaginado todo esto. Y tal vez lo más importante
es que ya está largamente demostrado que no mentimos cuando denunciamos
los crímenes de la dictadura”, agregó.
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