Mostrar los dientes
CELAG
I
Actores
del poder judicial en Argentina, Brasil y Perú se lanzan a la palestra.
En cada país, proponen un curso de acción distinto y asumen decisiones
que intervienen en la dinámica política interna. Luchan por el poder,
por el presupuesto y por la imposición de diversas opciones.
En
estos tres países se han abierto escenarios de disputas que nos hablan
de su capacidad simbólica, retórica y cultural para definir acciones,
movilizar recursos y suscitar adhesiones. El gran proceso de “mani
pulite” (principios de la década del 90’) en Italia le otorgó a la
justicia un lugar importante en la “regeneración” de la clase política.
Este suceso se inscribía en la sospecha neoliberal sobre la política, la
reivindicación de la democracia y de la división de poderes. Una
lectura de la democracia y del republicanismo –solo como división de
poderes y garante de seguridad jurídica frente a inversiones- colocaban a
la justicia en un lugar relevante. “Mani pulite” era una especie de
grito de guerra que presentaba a la justicia como poder neutral, como un
árbitro, ya no solo en temas constitucionales, sino en aquellos
estrictamente políticos. Los ’90 –ya sin utopías revolucionarias- se
convirtieron en la época de los derechos humanos de tercera generación,
que intentaban proteger a los ciudadanos de las inclemencias de la
globalización. Los “derechos humanos” terminaron siendo compartidos por
derechas e izquierdas, cuestión que fortaleció a las instituciones
judiciales.
Diversos sucesos políticos en Argentina, Perú y
Brasil han abierto la posibilidad -para ciertos actores- de reactualizar
la “hipótesis mani pulite”. Empresarios, periodistas, etc., encontraron
en la justicia en espacio para resolver la competencia política y
erosionar a políticos. “Mani pulite” es un gancho poderoso. En el
escenario regional aparece un lenguaje y una práctica tribunalicia que
articulan la sospecha posmoderna sobre la política, la búsqueda de
regeneración de la misma y el conocimiento de un conjunto de fenómenos
ilícitos vinculados a la financiación de la política y de sus
dirigentes. La justicia –acompañada por otros actores o empujadas por
los mismos- “muestra los dientes” e intenta representar y construir una
“mayoría silenciosa” anti-corrupción. En algunos casos, apura procesos
con pruebas débiles, extralimita sus funciones, interviene
asimétricamente en campañas electorales, etc. Lee la geometría de
fuerzas y actúa.
II
Cristina puede
“pasearse” por todos los tribunales. Su derrota electoral ha movilizado a
ciertos sectores del poder judicial a activar causas dormidas y aceptar
nuevas denuncias. Cuando los presidentes se van del poder –a diferencia
de Brasil- ciertos jueces entienden que tienen mayor “libertad” para
iniciar investigaciones, procesar, imputar, etc. Muestran benevolencia
con el oficialismo actual y desdeñan el anterior. Pero además de esta
“lógica de funcionamiento” debemos considerar una cuestión adicional. El
intento del kirchnerismo de establecer nuevas corrientes de opinión al
interior del poder judicial –a través del espacio Justicia Legítima-
provocó tensiones que podrían expresarse en la investigación sobre la
expresidenta y algunos de sus funcionarios. Se huele algo de revancha o
de reacomodo. En los últimos días, algunos empresarios aliados a Néstor
Kirchner han sido denunciados por la prensa y hoy la justicia actúa
sobre ellos. Esto ha ocasionado fricciones internas entre los antiguos
aliados y se espera un conflicto que puede arrojar nuevas aristas. Ir
por los empresarios amigos ha resultado como estrategia judicial, el
caso del empresario brasileño Obedrecht puede dar cuenta ello.
Cristina
está sola y es jefa de una minoría. Ni los gobernadores peronistas se
han pronunciado frente a la convocatoria que realizó el juez Bonadio.
El
poder judicial presiona y es presionado. Si bien existen sectores del
poder judicial que se orientan gestualmente hacia el nuevo oficialismo y
hacia sectores del peronismo disidente no sería prudente impugnar
ninguna investigación exhaustiva y sujeta al proceso legal. Solo debería
ponerse el ojo sobre aquellas causas más apuradas por “condenar” al
kirchnerismo que por juzgar a culpables de posibles delitos.
III
En
Perú el activo rol asumido por la Justicia ha alterado completamente el
mapa político, a un mes de la contienda electoral. El desempeño del
Jurado Nacional de Elecciones ha generado incertidumbre desde enero, a
partir de las investigaciones sobre las fórmulas presidenciales que
solicitaban inscripción para las elecciones generales del 10 de abril.
La autoridad electoral, Jurado Electoral Especial Centro (Lima),
descalificó las candidaturas Julio Guzmán (Todos por el Perú) -por
formalidades como no contar con quórum de militantes del partido y una
convocatoria a asamblea que fue realizada sin la anticipación de ley-, y
de César Acuña (Alianza por el Progreso) por la entrega de dádivas,
actividad proselitista prohibida expresamente en el artículo 42 de la
Ley de Organizaciones Políticas.
El Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) votó por unanimidad la anulación de la candidatura de Acuña, y
por una ajustada mayoría (3 votos contra 2), confirmó la exclusión de
Guzmán quien desde febrero era el segundo candidato en intención de
voto.
Los cinco directores del Jurado Nacional de Elecciones son
elegidos por instituciones legítimas, la Corte Suprema es quien escoge
al Presidente. Los otros cuatro delegados son elegidos por: el Colegio
de Abogados de Lima, la Junta de Fiscales Supremos, los decanos de Leyes
de las universidades públicas y los de las universidades privadas. Las
consecuencias no se hicieron esperar, ha trascendido una rápida
investigación la cual develó que al menos dos de los cinco miembros del
JNE que votaron contra Guzmán, tenían vinculaciones al partido aprista,
de Alan García. Los abogados de Guzmán, en su defensa, intentaron
demostrar que al menos las candidaturas de Alan García y de Kuczynski
habían cometido, en mayor grado, el mismo tipo de faltas, aunque no
fueron sancionados. También presentaron material audiovisual que
mostraba a Keiko Fujimori, entregando dinero en un concurso de baile, el
mismo delito que había separado a Acuña de su candidatura. El Jurado
Nacional de Elecciones está a la espera de una nueva investigación de su
organismo fiscalizador, sobre esta denuncia que ha sido presentada
cinco veces y tras una marcha masiva que exigía la eliminación de la
candidata presidencial favorita. El tiempo parece ser el factor clave en
la maniobra.
Las próximas elecciones generales disputaran entre
las dos identidades políticas más relevantes en la actualidad peruana,
antiaprismo y antifujimorismo, cuál de los dos logre influir tanto
eligiendo como evitando al próximo gobernante no es ajeno a la justicia.
IV
La
pax brasileña se ha roto. El Poder Judicial en Brasil se ha constituido
en un actor institucional de gran relevancia política y mediática.
Diversos sectores de este poder han desplegado toda su capacidad para
desgastar el gobierno de Dilma Rousseff. Las acciones más fuertes
partieron de un juez federal de primera instancia, Sergio Moro, quien
está a cargo de la investigación llamada Lava Jato (pagos ilegales entre
funcionarios de Petrobrás, empresarios, representantes políticos y
otras personas vinculadas a distintos partidos políticos). Este letrado
publicó, en 2004, un artículo en defensa de los procedimientos que se
llevaron a cabo durante la operación Mani Pulite, en Italia. Como ésta,
Lava Jato condensa prácticas de dudosa legalidad y con evidentes sesgos
políticos para contribuir a desmantelar las redes de corrupción que
implican a todos los poderes del Estado. Prácticas como las prisiones
preventivas, la circulación de testimonios con secreto de sumario,
escuchas telefónicas sin autorización, incluidas las realizadas a la
Presidenta y a los abogados de Lula Da Silva, como la desestimación de
testimonios que involucran a personajes políticos contrarios al PT. Lo
interesante de esta investigación radica en que jueces de primera
instancia se han entrometido en el proceso, aceptando las más disímiles
denuncias que pretenden vincular a Lula en la operación Lava Jato.
Lava
Jato no es la única arista del poder judicial para intervenir en los
asuntos políticos del convulsionado país. La designación de Lula Da
Silva como Ministro Jefe de la Casa Civil anunciada hace pocos días,
también se vio alcanzada por el Poder Judicial. Tras la detención
forzada del ex Presidente autorizada por Moro a pedido de algunos
Procuradores, Rousseff lo designó como Jefe de la Casa Civil. Como los
Ministros tienen ciertos fueros -no inmunidad-, eso hubiera permitido
que Lula sólo pueda ser investigado por el Supremo Tribunal Federal. Sin
embargo, se interpusieron 13 pedidos contra esa designación para que
fuese anulada o quedase en suspenso. Finalmente, un Ministro del STF,
Gilmar Mendes, bien conocido por sus posturas políticas opositoras,
resolvió dar curso a dos de ellas, basándose en las escuchas tomadas
ilegalmente. Así, Moro vuelve a tener potestad sobre la investigación a
Lula.
Sectores judiciales y políticos han logrado desquiciar la
gobernabilidad petista. El Poder Legislativo, que está analizando el
pedido de impeachment contra la Presidenta, recibe la noticia de que el
principal aliado de Rousseff –PDMB, Partido del Movimiento Democrático
Brasileño- se retira del Gobierno. Cuestión que amplifica la crisis
política e introduce una gran incertidumbre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario