Eterno maridaje
Nuestra América
Desde 1928, como lo sabe el mundo a través de la creación
literaria de García Márquez, fueron asesinados líderes sindicales en
huelga de la United Fruit Company en la zona de Urabá por parte del
Ejército Nacional. En esa ocasión el estado colombiano ya alertaba de
lo que serían sus políticas hasta el día de hoy: la defensa de la
inversión y explotación extranjera por encima de la garantía de los
derechos del pueblo.
En adelante, compañías como la suiza
Nestlé, Coca Cola, Chiquita Brands (United Fruit Company), el mayor
explotador del carbón en el país Drummond, Monsanto, la sudafricana
Anglo Gold Ashanti, la British Petroleum Company, Repsol YPF, Unión
Fenosa, Endesa, Canal Isabel II, Aguas de Barcelona y Telefónica, entre
otras, contarían con una fuerte protección jurídica, política y militar
garantizada por el estado colombiano. Pese a los asesinatos, despojos
de tierras y desplazamientos forzados, desapariciones y todo tipo de
criminalidad de sistema contra la población civil, el estado de
impunidad es praticamente total.
Dicho sea de paso, la Fuerza
Pública hasta hoy sirve a intereses distintos a los de la defensa de la
soberanía nacional, debido a su doctrina del ’enermigo interno’ y de la
demonización de los movimientos sociales; doctrina que también deberá
cambiar en un contexto de "posacuerdo de paz" en la Habana.
Como
consecuencia, tanto en Colombia como en América Latina surge el
paramilitarismo como respuesta a los grupos rebeldes, en crecimiento
debido a la concentración de la riqueza, el despojo de tierras a
campesinos y la muerte a quienes se organizaron en movimientos
comprometidos con el cambio social.
Dichos grupos paramilitares
con mayor fuerza y crecimiento en los años 80, surgirían en principio
como autodefensas de seguridad privada para la custodia de las tierras
en posesión de grandes terratenientes en las regiones del país. Bajo
las dinámicas de la guerra que hoy en Colombia ya cuenta con más de 50
años de conflicto social y armado, su recrudecimiento empezaría a
demostrar a quienes beneficiaría la existencia del fenómeno paramilitar.
Un ‘outsourcing’: Paramilitarismo y Estado débil
Lo
que empezó como grupos locales y escuadrones de la muerte, según la
tipología del fenómeno paramilitar propuesto por Stathis Kalyvas, se
convertiría en grandes milicias y ejércitos paramilitares que en
connivencia con el estado buscaba hacerse con el poder colocando
aliados regionales en cargos políticos como alcaldías y gobernaciones.De
esta manera, la oligarquía colombiana y las élites regionales veían la
manera en que sus negocios en Colombia con multinacionales debían estar
blindados de todo tipo de protestas y luchas sociales por parte de la
población.El estado débil en regulación iba perdiendo el
monopolio de la violencia, en el sentido weberiano, creándose de
‘facto’, en incluso de ‘iure’, un outsourcing o privatización de la
violencia. En la mayoría de casos le ha favorecido y mantenido su
existencia a quienes detentan el poder ligado al Estado, mientras que
en otros ha permitido la desvergüenza internacional de exterminar a los
movimientos sociales.
Multinacionales y oligarquía nacional: directa beneficiaria del paramilitarismo
Los
desmovilizados exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia
(paramilitares), han confesado ante la Fiscalía General de la Nación
los dineros recibidos por parte de multinacionales estadounidenses
bananeras en operación en la región del Urabá (noroeste del país).
Incluso en marzo de 2007 la multinacional estadounidense Chiquita
Brands aceptó una multa por parte de EEUU por realizar pagos a los
paramilitares. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la Ley
de Justicia y Paz, que desde 2005, desmovilizó tan solo una parte de
este grupo al margen de la ley. Este proceso de paz con los
paramilitares, sin éxito, por lo menos ha contribuido a unas cuantas
dosis de verdad y desenmascaramiento de los gobiernos pasados y
recientes. Últimamente, este líder paramilitar ha asegurado haber
colaborado para el actual presidente Juan Manuel Santos y el
exvicepresidente Francisco Santos (su primo), declaraciones obviamente
rechazadas por ellos.No es casualidad que las zonas de
extracción de recursos petroleros, energéticos y mineros, estén
militarizados, como es el caso de Arauca, en el oriente del país, y
donde las acciones paramilitares, custodian las operaciones de las
multinacionales de las constantes protestas de los campesinos,
indígenas y sindicatos.Según lo propone el conflictólogo
Kalyvas de la Universidad de Yale, el hecho de que el paramilitarismo
surja como una estructura puramente defensiva no niega que en un
’estado de guerra’ las condiciones a su vez generen favorecimiento de
ciertas élites y grupos que ven en la conformación de estas
organizaciones una vía para tomar ventaja de la situación y ganar más
poder político y económico.
Movimientos sociales y el actual proceso de paz
Ante
los esfuerzos de un estado colombiano en transición, en el cual se han
creado regulaciones y entidades estatales para reparar a víctimas del
conflicto y restituir tierras despojadas, principalmente, grupos
neoparamilitares, al igual que algunos sectores de la Fuerza Pública,
impiden los esfuerzos institucionales por ejecutar un cambio político y
social.Mientras en la Mesa de Conversaciones de la Habana,
establecida desde septiembre de 2012 entre el Gobierno Nacional y la
guerrilla de las FARC, se plantean los desafíos de las políticas
‘posacuerdo final’. Un acuerdo de fin del conflicto armado permitiría a
las multinacionales y élites regionales explotar las selvas que
actualmente habita gran parte de la insurgencia, que al ser
desmovilizada tendrá vía libre para entregar más territorio rico en
recursos naturales. Otro de los problemas de la Mesa de la Habana es
que no se plantea el fenómeno paramilitar como el gran problema
nacional, centralizando el “posconflicto” como un desafío únicamente
con las guerrillas. La mayor victimización del país ha estado en cabeza
del estado colombiano y del paramilitarismo en todas sus formas y
variaciones, incluso al interior de la propia Fuerza Pública, que con
sus escuadrones de la muerte, han conformado estructuras organizadas de
poder por fuera de la cadena de mando formal del ejército, según
explica Kalyvas en su obra ‘El poder paramiitar: Paramilitarismo: Una
perspectiva teórica’.
En un ambiente de ‘construcción de paz’,
55 defensores de los DDHH han sido asesinados y 488 recibieron amenazas
el año pasado, según el portal Verdad Abierta. Los sindicatos en
Colombia se han convertido en sindicatos de derecha, defienden más al
patrón que al trabajador según Héctor González Cubillos Presidente de
la Subdirección Tolima del Sindicato Nacional de Profesionales de
Seguridad. Más de 170 homicidios en los últimos años a líderes
sindicales y más del 90% de casos en la impunidad según las Central
General de Trabajadores CGT. De que paz estan hablando?Por otra
parte, los principales medios de comunicación del país se han encargado
de perpetuar la estigmatización de los movimientos sociales,
campesinos, indígenas, estudiantiles y sindicales, que los ubican
supuestamente vinculados con la insurgencia. De esta manera, nuestro
pueblo es constantemente señalado, lo que históricamente ha confundido
a gran parte de la población en general que no ve con buenos ojos a
quienes trabajan por el cambio social y la lucha política desde abajo.
En cambio sí, tratan de justificar la existencia del paramilitarismo
creando una especie de cultura del paramilitarismo, evidenciado con el
éxito que tuvo las políticas del dos veces elegido presidente Álvaro
Uribe Vélez; prácticas y cultura que aún se encuentran enraizada en
muchas de las regiones del país.Fuente: Diario de Nuestra América no.3, Investig’Action, abril 2015.
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