Por Odalys Troya Flores *
San
Salvador (PL) La inseguridad constituye uno de los principales
problemas que aquejan a la población de El Salvador y que el gobierno
del presidente Salvador Sánchez Cerén se propone reducir antes de
terminar su mandato en 2019.
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El jefe de Estado se puso al frente de la lucha contra este flagelo
cuyas principales manifestaciones aquí son los altos índices de
homicidios -alrededor de 14 diarios-, las extorsiones, ataques y asaltos
a unidades del transporte público y el desalojo de territorios por
parte de grupos pandilleriles, entre otros.
Si bien el fenómeno
de la violencia en esta nación centroamericana tiene una larga data, en
los dos últimos períodos del gobierno del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), desde 2009 hasta la fecha, muchos medios de
comunicación le dan más notoriedad.
La apología de la muerte en
varios espacios televisuales, periódicos y emisoras radiales crea una
percepción del problema que se ha ido enraizando como una especie de
cultura del miedo.
VIOLENCIA OFICIAL
La sed de riquezas
de diversos grupos económicos, que también han detentado el poder
político, ha abonado el camino de la violencia durante siglos y cuyo
blanco principal es la población.
La colonización y dominación
de pueblos indígenas, el crecimiento de la oligarquía criolla que
comenzó a despojar a las comunidades autóctonas de sus tierras, la
instauración de dictaduras militares, entre otros elementos
desencadenaron un profundo descontento social en El Salvador.
El
Levantamiento de 1932, en el cual fueron asesinados alrededor de 30 mil
personas entre indígenas, campesinos y militantes del Partido Comunista
Salvadoreño, es uno de esos desenlaces donde primó la violencia
oficial.
Este hecho se produjo en el contexto de la dictadura
militar de Maximiliano Hernández, pero sucesivamente siguieron otros
regímenes dictatoriales, donde la represión hacia el pueblo por parte de
las huestes se convirtió en un asunto cotidiano exacerbado en un
escenario de pobreza.
El arzobispo de San Salvador, monseñor
Oscar Arnulfo Romero, fue una de las voces que se alzó contra ese estado
de cosas y terminó asesinado en 1980 por un francotirador al servicio
del mayor de la Fuerza Armada Roberto dâ�Ö Aubuisson, en el propio
púlpito dónde exigía el cese de los crímenes contra el pueblo y
demandaba respeto por los derechos humanos.
A pesar de que los
autores intelectuales y materiales están plenamente identificados en el
informe de la Comisión de la Verdad creada por Naciones Unidas (ONU),
que se hizo público tras la firma de los Acuerdos de Paz, nadie pagó por
el crimen.
Sin más opciones, el pueblo ya había comenzado a
organizarse en distintas fuerzas e iniciaron la guerra para acabar con
la represión y la desigual distribución de las riquezas que ampliaba
cada vez más la brecha entre la mayoría pobre y las pocas familias
adineradas que manejaban al país como un feudo.
En los 12 años
del conflicto armado, el ejército cometió numerosos crímenes de lesa
humanidad, como consta en el citado informe de la ONU.
Los
militares masacraron indiscriminadamente al pueblo, como en el poblado
del Mozote o en el río Sumpul; llevaron a cabo ejecuciones selectivas y
sumarias, y hasta el exterminio total de poblaciones como la del cantón
El Junquillo, departamento de Morazán, el 12 de marzo de 1981.
Tanto sus hechores como quienes dieron las órdenes de llevar a cabo esos crímenes nunca fueron condenados.
Luego de los Acuerdos de Paz -firmados en Chapultepec, México, en 1992
que puso fin a 12 cruentos años de belicismo-, El Salvador comenzó a dar
pasos hacia un ambiente de tranquilidad.
Sin embargo, aún
quedaron vestigios de los escuadrones de la muerte, pero también ya
habían comenzado a entrar al país miles de pandilleros deportados desde
Estados Unidos.
Los gobiernos de Alianza Republicana
Nacionalista (Arena) no crearon condiciones para la reinserción de estos
grupos, fomentaron un tejido social que solo reprodujo los ciclos de
violencia y pusieron en marcha planes represivos sin un enfoque integral
para enfrentar el problema de las pandillas.
El Plan Mano Dura y
el Súpermano Dura, puesto en práctica por el expresidente acusado de
corrupción Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009),
lejos de disminuir la criminalidad solo sirvieron para incrementar la
violencia y abarrotar las cárceles de pandilleros.
Según el
Instituto de Medicina Legal, al menos 19 mil 737 personas fueron
asesinadas entre enero de 2003 y diciembre de 2008, una proporción de 55
asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América
Latina y el mundo.
PASOS GUBERNAMENTALES CONTRA LA VIOLENCIA
Ese
escenario de violencia fue el que recibió Sánchez Cerén a su llegada a
la silla presidencia el 1 de junio de 2014, aunque en los dos años
anteriores la cifra de crímenes había disminuido supuestamente gracias a
una polémica tregua entre la mara Salvatrucha y Barrio 18, las dos
principales pandillas en el país.
No obstante, el gobierno de
Mauricio Funes y del FMLN, consideraba que el problema de la inseguridad
también se ataca con la erradicación de sus causas.
En ese
sentido puso en marcha varios programas sociales que si bien no
arremeten contra la violencia directamente, al menos contribuyen a crear
un espacio de inclusión que a mediano y largo plazo podrá desplazarla.
A partir de 2014, el gobierno de Sánchez Cerén comenzó a ejecutar un
conjunto de medidas contra la inseguridad y reforzar otras iniciadas en
el mandato anterior, como el reimpulso de la policía comunitaria, al
tiempo que profundiza los programas sociales.
Esta acción
contempla una asociación estratégica entre agente y comunidades para
detectar los problemas de inseguridad que las afectan y buscar
conjuntamente las soluciones con un enfoque de corresponsabilidad.
Asimismo, se optimizan las capacidades de video vigilancia, se busca
reducir los tiempos de respuestas a las demandas de la ciudadanía, se
trabaja en la profesionalización de la investigación con la aplicación
de nuevas tecnologías y en la implementación de un modelo de
inteligencia policial.
Otro de los más notables pasos del
gobierno de Sánchez Cerén fue la creación del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana y Convivencia, que ayuda a impulsar los consensos
necesarios para el buen desarrollo de la estrategia de seguridad
pública.
La instancia es "un espacio de diálogo democrático para
construir consensos y articular acciones entre el Estado y los sectores
sociales" a fin de "ejecutar intervenciones integrales que fortalezcan
la seguridad ciudadana, reduzcan los niveles de violencia y frenen el
crecimiento de la delincuencia en los territorios", afirmó el
presidente.
Forman parte del Consejo representantes del sector
empresarial, iglesias, el sector municipal, partidos políticos, personas
con capacidad y experiencia en el tema de seguridad, medios de
comunicación, representantes de distintas carteras de Estado y la
Fiscalía General de la República.
Ya presentó el Plan El
Salvador Seguro, que se articulará con las políticas sociales y
económicas y complementa otras iniciativas como el Plan Quinquenal de
Desarrollo.
Sobresalen entre los ejes de este Plan, la
prevención de la violencia a través de la intervención articulada,
interinstitucional e intersectorial para recuperar el control del
territorio, en manos de pandillas, el control y persecución penal,
rehabilitación y reinserción.
La Asamblea Legislativa aprobó la
ley contra el delito de la extorsión, una propuesta del Ejecutivo que
tiene en proceso una ley de reinserción de pandillas y de prevención
para personas en riesgos.
El subdirector de la Policía Nacional
Civil de El Salvador, Howard Cotto, afirmó que este año los asesinatos
constituyen un promedio diario de 12,6 personas, cifra que aumentó en
marzo 40 por ciento porque las estructuras delincuenciales tratan de
presionar a la PNC y a las autoridades al elevar el número de crímenes.
Aclaró que una cantidad considerable de los muertos son delincuentes
que caen en enfrentamientos armados con agentes policiales.
La
PNC está haciendo su trabajo, dijo al explicar que de enero a la fecha
ha apresado a 12 mil 386 malhechores, equivalente a 94 personas por día.
Recalcó que en las prisiones del país hay actualmente 30 mil reos, y más de cinco mil en las bartolinas de la PNC.
En su opinión no basta con que la policía lleve a las cárceles a los
delincuentes porque el problema hay que verlo de manera integral y
habría que preguntarse por qué menores de edad andan cometiendo crímenes
con armas de fuego, cuestionó en directivo de la PNC.
*Corresponsal de Prensa Latina en El Salvador.
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