Cristina Fontenele
Adital
Honduras, el país con la tasa más alta de homicidios en el mundo (según informe de las Naciones
Unidas - ONU), tiene como objetivo crear tres centros penitenciarios más,
utilizando instalaciones militares. La militarización de los servicios públicos
ha sido una estrategia frecuentemente adoptada por el gobierno del país. Para
las instituciones defensoras de derechos humanos, la militarización de los
espacios públicos, en servicios tradicionalmente proporcionado por el Estado,
viola aún más los derechos humanos.
La directora
del Comité de Familiares de
Detenidos/Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, advierte de que el
proceso de reclusión en batallones de las Fuerzas Armadas es un retroceso a la
década de 1980, época en se perseguían, torturaban y desaparecían a los/as
ciudadanos/as en disidencia política y sin ella. "Estas son las prisiones
políticas", añade.
El actual
sistema de gobierno ha utilizado las instalaciones militares para el
encarcelamiento de presos políticos argumentando la protección de estas
personas de la violencia de las cárceles tradicionales. Para las organizaciones
de derechos humanos, la militarización del sistema penitenciario, con el
encarcelamiento de presos políticos en batallones militares, es delegar las
decisiones político-civiles del país a los militares. La estrategia, duramente
cuestionada por los movimientos hondureños [de derechos humanos] expresa la
vulnerabilidad del sistema penitenciario y la pérdida de control por parte del
Estado sobre sus instituciones.
Según Oliva,
debido a la inseguridad, la población cree, por ejemplo, que los soldados en la
calle proporcionan una mayor seguridad ", aunque en la práctica, sabemos
que no es cierto, porque en las comunidades donde hay mayor militarización hay mayor violación de los derechos humanos”.
Las instalaciones
En Honduras
existen 24 centros de reclusión. Modificaciones en la Ley de
Rehabilitación del Delincuente prevén la creación de tres centros penitenciarios
más, lo que sumaría un total de 27. Actualmente, hay 14.508 presos en las
cárceles de Honduras, en espera de
sentencia o ya condenados, cuando su
capacidad es de sólo 8.000 prisioneros. La ubicación de los nuevos centros
aprovecharía las instalaciones del
Escuadrón Cobras, del 1º Batallón de Infantería y del 3er Batallón en Naco.
En una visita a
las instalaciones militares, sede de los
nuevos centros penitenciarios, el abogado Francisco Morazán, miembro del Comité
Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV), llegó a la conclusión de
que estas estructuras ni siquiera cumplen con las normas mínimas para alojar
prisioneros. La inspección de la estructura del 1º Batallón de Infantería (en
la aldea Mateo en Tegucigalpa), una de
las nuevas sedes, elaboró un Informe con
observaciones y recomendaciones. La fiscalización comprobó el funcionamiento
del centro, las condiciones de tratamiento y la protección efectiva de los
derechos individuales de los presos.
En el informe,
la CONAPREV expresa su preocupación por la custodia de los presos por las
fuerzas armadas, particularmente por la falta de instrucción, conocimiento e
información con respecto a la custodia y la aplicación de las leyes. Pone de
manifiesto la restricción al derecho de recreación y a recibir sol al aire
libre. También expresa preocupación por
las denuncias de malos tratos de los presos y la exposición pública durante el
traslado a los tribunales de justicia.
El informe
recomienda que se respete y cumpla los
derechos de los prisioneros bajo custodia en instalaciones militares, tales
como la comunicación con sus familias, en los horarios adecuados y con la
supervisión adecuada. Es importante facilitar la comunicación de los
extranjeros detenidos, con sus representantes diplomáticos con el fin de
establecer comunicación con sus familias. También recomienda respetar el
derecho a la visita conyugal.
Para el
comisario del Mecanismo Nacional de Prevención de CONAPREV (MNP-CONAPREV), abogado Orleans Solís, el Estado de Honduras
para invertir en la creación del instituto penitenciario administrado por
civiles y no por militares, respetando la importancia de los acuerdos
internacionales.
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