Marcela Belchior
Adital
El caso
de los 43 estudiantes desaparecidos en el Estado de Guerrero, en México, trajo
a la luz pública del mundo un contexto mucho más extenso de casos de desapariciones
en el país. Componen un cuadro brutal y extenso de casos de violencia sin
resolución como las recientes ejecuciones de Tlatlaya practicadas por el
Ejército, la masacre de migrantes en San Fernando (Tamaulipas) cometido por un grupo
criminal, la prolongada ola de femenicidios en Ciudad Juárez, el incendio del
Casino Royale en Monterrey y la dominación delictiva de territorios completos
en Michoacán. Tal contexto representa la profunda debilidad política, social y
moral del Estado de México y alerta sobre la vulnerabilidad de la población al
Poder Público.
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| Población aumenta presión por el esclarecimiento del caso de Ayotzinapa. Foto: Reproducción. |
En todos esos
casos, la represión en forma de violencia fue practicada por las autoridades
estatales y ninguno de los casos fue generado por confrontación de grandes
proporciones en protestas u otras manifestaciones públicas que se salieran de
control. Se trata de ejecuciones sumarias contra víctimas desarmadas y sometidas
al dominio policial o militar.
Después
de casi 60 días del ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el
último 27 de septiembre, se descubrieron más 10 fosas clandestinas con restos
humanos en Iguala, municipio donde desaparecieron los estudiantes. Según la
prensa local, los familiares de los jóvenes realizaron una excavación en la
localidad de La Laguna, con la ayuda de representantes
de la asociación civil Ciencia Forense Ciudadanía y la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Testimonios dan cuenta de que
había en las fosas restos óseos y ropa impregnada con sangre.
Todavía
no se sabe de quienes son los restos mortales. Parte del material será enviado
a la Procuraduría General de la República, para que se realice una pericia.
Mientras tanto, las autoridades federales mexicanas afirman además que no se
han identificado a los responsables del ataque contra los alumnos de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa.
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| Rechazo al presidente Enrique Peña Nieto se intensifica. Foto: Germán Canseco. |
Respuesta del Estado: paquete de medidas
Ante este contexto,
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto vive una verdadera crisis
institucional. Hace sólo dos años como jefe del Ejecutivo, Peña Nieto enfrenta
un ambiente político inhóspito, en el que el país sufre caída de la economía,
elevación de los índices de inseguridad y violencia y una gran insatisfacción
de la sociedad frente a su gestión.
En respuesta, el
mandatario mexicano lanzó, el último 27 de noviembre, un conjunto de principios
que apuntan a fortalecer el Estado de Derecho en México. Entre las iniciativas
están: una propuesta de Reforma Constitucional con el fin de expedir una ley
contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales y
otra reforma para redefinir el sistema de competencias dentro del Derecho
Penal.
El presidente
propone también la creación de policías estatales únicas, expedición de leyes
generales sobre tortura y desaparición forzada, creación de un número teléfono
único para auxilio en casos de urgencia, acciones para garantizar el acceso de
la población a la Justicia y el fortalecimiento de protocolos y procedimientos
para investigaciones exhaustivas en casos de desaparición. En lo que atañe a la
Administración Pública, el paquete prevé esquemas de vigilancia de autoridades
por parte de los ciudadanos y mecanismos más ágiles para las denuncias de
corrupción, entre otras acciones.
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| Presidente Peña Nieto responde a la crisis con paquete de medidas. Foto: Eduardo Miranda. |
El historial del
presidente, sin embargo, señala una acumulación de propuestas no cumplidas.
Desde su campaña a la Presidencia, dos años atrás, Peña Nieto opta por
enfrentar las crisis a través de la divulgación de paquetes de acciones urgentes.
La primera vez fue en mayo de 2012, cuando en plena campaña presidencial, fue
prácticamente expulsado por la puerta de atrás de la Universidad
Iberoamericana, en la capital ciudad de México. Los jóvenes universitarios,
indignados con los gastos de su campaña y con la parcialidad de los medios de
comunicación comerciales, no dieron tregua a las críticas al postulante para el
cargo.
Aún así, él fue
electo. De las medidas reunidas en el documento "Por una presidencia
democrática”, que ayudaron a disipar las protestas de la juventud mexicana,
nada fue cumplido hasta el día de hoy. Después, vendrían anuncios de otros
paquetes de medidas: el que prometía mejorar la economía familiar, los que
trataban de sacar al país de la crisis económica, el que respondía al
agravamiento de la violencia, el que aceleraba la Reforma Energética. La
mayoría de los puntos continúan pendientes.
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