Tribunal condena a Colombia a indemnizar a campesinos desplazados

Escrito por Anubis Galardy

14 de enero de 2013, 16:15Bogotá, 14 ene (PL) El Consejo de Estado colombiano condenó a la nación a indemnizar a las víctimas del desplazamiento forzado de campesinos, ocurrido en 1996 en el norteño departamento de Cesar. De acuerdo con el dictamen difundido hoy, el 14 de febrero de ese año un grupo de 40 paramilitares obligaron a 280 familias a abandonar sus parcelas, tras darles un plazo de cinco días para desalojar el lugar, donde se habían trazado incluso varias veredas reconocidas por la Secretaría de Gobernación. Los miembros de la banda armada ilegal destruyeron las viviendas y arrasaron con los cultivos de los jornaleros -asentados pacíficamente en varios lotes de la hacienda Bellacruz en 1989- y sembraron el terror entre ellos. Tras analizar las pruebas testimoniales, el tribunal de lo contencioso administrativo, que avaluó el caso, juzgó responsables de lo acaecido a los ministerios del Interior y Defensa y al Ejército y la Policía Nacional, por las fallas en la protección de los campesinos que habitaban la zona. Pese a existir una base militar muy cerca de la hacienda, los uniformados no adoptaron las medidas para prevenir o contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar aun cuando los campesinos denunciaron la situación, precisa el fallo. "Según el oficio remitido al proceso, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera que, a pesar de tratarse de un hecho previsible, no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la ofensiva" señala la sentencia, en uno de sus apartes. Las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, subraya, pues el grupo paramilitar, además de haber hecho pública la amenaza de apoderarse de los predios, atentó contra la vida e integridad de los campesinos. En todo momento, añade el dictamen, las familias desplazadas se mantuvieron "informando de los hechos a las autoridades civiles, militares y policiales que operaban en esas localidades -así como a los organismos e instituciones nacionales- y pidiéndoles protección efectiva para sus vidas y bienes". La Corporación judicial hizo un fuerte llamado al Estado ante "la magnitud del ataque, el número de familias desplazadas, la gravedad de los delitos cometidos, y el número de integrantes de la organización delincuencial". Todos estos elementos ameritaban medidas estatales serias que, de modo contundente y eficaz, hubieren impedido o confrontado la incursión paramilitar en la región, concluye el fallo.