Este viernes dirigentes sindicales llamaron a continuar las manifestaciones, tras una fallida reunión la víspera entre los representantes de los hombres del mar y el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. Tras impedírseles el paso a La Moneda, los líderes sociales dijeron sentirse chilenos de segunda categoría. Alegaron que la cita fue cambiada de lugar en el último momento para un salón en el exCongreso Nacional.
"Estamos llamando a que continúe el paro nacional y con todos los medios, las protestas en las calles, con tomas de caminos, pero el hecho es que vamos a tener que ser escuchados", dijo Nelson Estrada, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca, que representa a unos 50 mil pescadores.
En los últimos días las protestas se han radicalizado en las centrosureñas regiones del Maule, el Bío Bío y Los Lagos.
En el Maule fue bloqueada la ruta de acceso a la ciudad de Constitución, unos 300 kilómetros al sur de esta capital.
Asimismo cientos de pescadores ocuparon la sede de la provincia de Arauco, perteneciente a la región del Bío Bío, donde exigieron la liberación de sus compañeros detenidos durante las manifestaciones.
Los manifestantes aseguran que La Moneda ha hecho oídos sordos con sus demandas y sigue favoreciendo a los grandes empresarios.
El diario local El Mostrador señaló en un artículo publicado hoy que el proyecto de ley gubernamental ha puesto en la mesa la clara influencia de las grandes empresas en las decisiones políticas y la concentración de las actividades económicas.
Tal realidad, acotó, en medio de un país que ha cambiado y que parece no aceptar los acuerdos que no incluyan la opinión de sus ciudadanos de a pie.
La industria pesquera nacional no sólo mueve miles de millones de dólares al año, sino que está concentrada en pocas manos, particularmente en siete familias. Entre estas controlan más del 80 por ciento de las cuotas de jurel, ilustró El Mostrador.
Ayer un grupo de senadores de la oposición advirtió de una eventual agudización del conflicto, debido a la indiferencia del gobierno frente a los reclamos de los trabajadores, forzados en esas circunstancias a recurrir a acciones como la toma de caminos para captar la atención de las autoridades, apuntaron los legisladores.
Unas 120 mil familias en Chile viven de la pesca artesanal.
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