México firma polémico acuerdo internacional antipiratería ACTA

TeleSur/La Radio del Sur

(Foto: Archivo)

El Gobierno mexicano firmó este miércoles el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), el cual busca combatir de forma eficiente la falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas; pero que ha levantado una ola de críticas generalizadas en el mundo por quienes denuncian viola la privacidad.
El acuerdo, del cual Japón es el país depositario, establece un marco internacional para frenar al comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
Al igual que la estadounidense Ley SOPA, el ACTA pretende “combatir la piratería y proteger los derechos de autor a escala internacional”.
En 2011 el Senado mexicano pidió al Ejecutivo que, en el marco de sus atribuciones, “instruyera a las secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del ACTA, a no firmar dicho acuerdo”, por los efectos nocivos que tendría sobre los derechos civiles y la libertad en Internet.
El Gobierno de Felipe Calderón hizo caso omiso al llamado y concretó su firma este miércoles en Japón, a través del embajador en Tokio, Claude Heller.
El Congreso advirtió que “resulta peligroso que en dicho acuerdo se considere delito la transmisión por Internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones”, con lo que “se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales es un medio de intercambio, recreación y de aprendizaje”.
El ACTA fue firmado en enero por 22 de los 27 gobiernos de la Unión Europea, así como por Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Suiza y Marruecos.
El Estado mexicano firma el acuerdo justo una semana después que la Eurocámara rechazará el proyecto, por considerar que “atenta a la privacidad de los consumidores, sus libertades y la libre información”.
El Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) aseguró, a través de un comunicado, que la aplicación del ACTA “no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como Internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video”.
El Gobierno argumentó que el país enfrenta un “grave problema de falsificación de marcas y de piratería” en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía, hasta productos como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes.