▲ Adam Schiff y Jerry Nadler, presidentes de los comités de Inteligencia
y Judicial de la Cámara de Representantes, quienes encabezan a los
siete diputados encargados de argumentar la destitución del presidente
Donald Trump en el juicio político que enfrenta por obstrucción y abuso
de poder, se dirigen al Senado, donde se leyó ayer la resolución de impeachment.
Nueva York. En el Senado se dio lectura a los artículos de impeachment
contra Donald Trump, se instaló al jefe de la Suprema Corte, John
Roberts, como juez del proceso, y él a su vez tomó juramento a todos los
senadores, quienes prometieron actuar por la
justicia imparcialcomo integrantes del jurado, cumpliendo así con todo el protocolo necesario para que el próximo martes comience el tercer juicio político a un presidente en la historia de Estados Unidos.
Adam Schiff, jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de
Representantes, y uno de los siete diputados nombrados para actuar como
fiscales en el juicio político, leyó ante el pleno del Senado la
resolución de impeachment, incluyendo los cargos formales por abuso de poder y obstrucción al Congreso contra el ocupante de la Casa Blanca.
Esa resolución concluye que la conducta de Trump
ha demostrado que el presidente representa una amenaza a la Constitución si se le permite permanecer en su puestoy que por ello el gobernante “amerita el impeachment y un juicio, la remoción de su puesto, y quedar descalificado para ocupar y gozar de cualquier cargo de honor, confianza o ganancia en Estados Unidos”.
Mientras todo esto ocurría, se divulgó más evidencia sobre los
esfuerzos del presidente para presionar al gobierno de Ucrania con la
finalidad de influir en la contienda electoral estadunidense a favor de
Trump, el cargo principal en este juicio. Y una agencia federal de
investigaciones y supervisión gubernamental, la GAO, informó que la
decisión de Trump de retener millones en asistencia militar otorgada a
Ucrania fue una violación de la ley federal.
Los 99 senadores están comprometidos a permanecer en la cámara alta
seis días a la semana durante el juicio que, según líderes legislativos,
podría durar entre tres y cinco semanas.
Foto Afp
David Brooks
Corresponsal, Periódico La Jornada
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