Estefanía Ciro
La Jornada
“Auxilio, la policía me
secuestró, me cogieron, por favor” grita una joven universitaria desde
la ventana de un automóvil de vidrios polarizados. La grabación es
realizada en diciembre en las calles de Bogotá por varias personas que
siguieron el vehículo, las mismas que exigieron su liberación y fueron
su salvación al forzar que la policía la liberara.
Al sur del continente, en Chile, un carro tanque verde oscuro está en
el centro de la pantalla. Gira hacia la izquierda bruscamente, y con la
estricta cobardía que viste al uniforme en la superioridad que surte el
arma, por la espalda, rompe el cuerpo de un muchacho contra otro carro
tanque. Al joven lo parte en dos. La furia estalla en las calles del
país andino.
A Janeth, campesina colombiana, la bañó una lluvia de glifosato,
químico usado en la aspersión aérea de la policía contra los cultivos de
coca. Lavaba la ropa a 100 metros de su casa y no alcanzó a llegar a
cubrirse. Futura madre, tuvieron que hacerle un legrado cuando la
intoxicación le generó todo tipo de complicaciones. Un año después,
murió en una clínica, dejando a sus dos hijas y a su esposo.
Este diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia,
creada por los acuerdos de paz de La Habana, gracias a un relato de un
ex soldado, identificó una fosa común con 50 cuerpos de campesinos,
jóvenes y personas habitantes de la calle que habían sido asesinadas por
el ejército colombiano para hacerlos pasar como guerrilleros, como
bajas en combate. Estas desapariciones ocurrieron bajo el pico máximo de
implementación de la política de
seguridad democráticadel ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Se calcula que hay varias fosas más en todo el país con cuerpos que esperan un nombre, una memoria y la identificación de los responsables. Por esos mismos días, en México, 50 cuerpos fueron exhumados de una fosa clandestina en Jalisco, una más de la interminable lista que, según Alejandro Encinas, está 54 por ciento por encima de lo que el gobierno anterior había reportado: 61 mil 637 personas desaparecidas.
Mientras en Colombia la gente despedía el último día del año,
llegaron a Pogue, sobre el insigne río Bojayá, silente testigo de una de
las tragedias más dolorosas de la historia del conflicto en el país,
300 hombres armados. Meses anteriores venían apareciendo esporádicamente
y habían agredido física y sexualmente a mujeres del pueblo. Como en
una puesta en escena, días después llegó el presidente Iván Duque,
repartió dulces, cargó niños y manifestó que él no veía que pasara nada.
El posacuerdo late en Colombia con la agonía de la esperanza de paz. En
los primeros días del presente año han sido asesinados alrededor de 21
líderes según Indepaz; los demás muertos no se cuentan, pero en cada
conversación con campesinos y campesinas, señalan que diariamente están
matando gente, la que no cabe en las noticias diarias.
En el lenguaje anquilosado de siempre donde “el narcotráfico es un cáncer“, las poblaciones rurales viven en
exóticos lugaresdonde se
democratiza la ilegalidad, y las víctimas son una lista de caídos por guerra de rutas, mercancías y drogas, una ministra en Colombia culpa del asesinato de líderes y a la violencia en general de la complacencia en el país con el
narcotráfico. Tras de jodidos, culpables.
Sin enterarse cómo se devela el engaño de la política de despojo y caos que representa la
guerra contra el narcotráficoen México encabezada por Felipe Calderón a raíz del juicio en Estados Unidos de su mano derecha –Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública– por nexos con uno de los principales grupos traficantes de drogas, la locuaz funcionaria colombiana relanza, por enésima vez y sin pudor, la desgastada e irreal trama que ha convertido al Estado latinoamericano en un decantado instrumento que perfecciona, pone en práctica y encubre sin rubor perversas y cobardes formas de matar.
*Investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia
Colombiana, AlaOrillaDelRío. Ganadora del premio Unesco Juan Bosch para
la promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en América Latina y
el Caribe, 2018
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