Las billonarias sanciones fiscales impuestas por la Contraloría Distrital de Bogotá, en cabeza de Juan Carlos Granados[1],
contra el ex alcalde Gustavo Petro Urrego, expresan con claridad el
miedo que tiene una parte sustantiva del Régimen frente a la posibilidad
de que aquel pueda, con su liderazgo y con el movimiento político de la
Colombia Humana, alzarse con victorias regionales en las elecciones de
2019. Y por supuesto, que en el escenario electoral de 2022 pueda llegar
a la Casa de Nariño en la condición de Presidente de la República.
Petro es un outsider
de la política y esa condición lo hace ser aún más incómodo para el
Régimen de poder. Al venir de la lucha armada, Gustavo Francisco Petro
Urrego [2]
carga sobre sus hombros la pesada carga moral de haberse levantado en
armas contra una Establecimiento que se ve a sí mismo como legítimo y
moralmente superior a sus críticos y detractores.
Otra circunstancia que el Régimen no le perdona al ex alcalde de Bogotá
es, además de su probada inteligencia y sus capacidades de oratoria y
convocatoria popular, el haberse atrevido a tocar los intereses de
particulares en el lucrativo negocio de las basuras, cuando decidió
competir, como Estado[3]
distrital, en la recolección de las basuras en la capital del país. Esa
acción, a todas luces temeraria, abrió el camino para que el entonces
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez[4]
Maldonado, eximio representante del Establecimiento y de la godarria
bogotana, lo persiguiera y sancionara. Allí empezó a fraguarse el fino
proyecto político que hoy exhibe la derecha y la ultraderecha colombiana
de sacar de la lucha electoral y política a Gustavo Francisco Petro
Urrego. Huelga recordar lo acontecido en torno a las medidas cautelares
otorgadas en su momento por el CIDH[5] y la orden de restituirlo en su cargo de Alcalde Mayor de Bogotá, ante lo dispuesto[6] por el lefebvrista, Ordóñez Maldonado[7].
Pero antes de las decisiones adoptadas en materia de recolección y
procesamiento de las basuras, entre otras decisiones político-
administrativas como Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro ya era un
sujeto político incómodo para el Régimen por haber develado la
penetración paramilitar en el Estado. Y lo hizo, confrontando a Álvaro
Uribe Vélez[8],
quien es, de tiempo atrás, el agente de poder que se “auto designó”
para asumir como propio el desprestigio moral de un Establecimiento que
supo usar la figura carismática (mediáticamente[9]
construida) del hoy senador del Centro Democrático (CD) para probar
hasta dónde el Régimen era capaz de estirar sus propios límites éticos y
morales en el periodo presidencial de 2002-2010. Y quedó claro, después
de esos aciagos años, que los más sobresalientes y poderosos agentes de
poder del Régimen borraron[10]
todos los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y
lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Se suma a lo anterior, los
recientes debates en los que participó Petro, al interior del Congreso,
en las comprometedoras, turbias, sinuosas, liosas y dolosas relaciones
entre sectores de la clase política, empresarial (empresas del grupo
AVAL) y el Fiscal General de la Nación[11]
con la multinacional Odebrecht, en el marco del pago de millonarias
coimas y de contratos ficticios en la construcción de la Ruta del Sol
II.
Dos tesis
En el caso de
las sanciones fiscales contra Petro Urrego confluyen todo tipo de
interpretaciones jurídico-políticas que comprometen el juicio jurídico,
el interés político y las lecturas ideologizadas de los magistrados de
la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de
Cundinamarca que insisten en la tesis que indica que por sanciones de
tipo fiscal no debió haberse permitido que Gustavo Petro se posesionara
como Congresista y que, de cara al futuro, no podría aspirar a ser
Presidente de la República, hasta tanto no cancele el monto de la
sanción fiscal.
Esta tesis claramente va en contravía de
la defendida por otros magistrados de las mismas corporaciones y del
Tribunal Superior de Cundinamarca, en el sentido en que sanciones de
tipo fiscal no pueden ponerse por encima de los derechos políticos de
ningún ciudadano que busque acceder a un cargo público de elección
popular. Esta tesis hace que lo señalado por la CIDH, y que va en el
mismo sentido, se torne vinculante para el Estado y para las decisiones
que en dicha materia deban tomar las altas cortes colombianas y los
entes de control.
Finalmente, la defensa de Petro
Urrego sabe que su futuro político está en manos de los magistrados del
Tribunal Superior de Cundinamarca que, en sala plena deberán fallar de
fondo en torno a si quedan en firme las medidas cautelares para proteger
los derechos políticos del hoy senador de la República; y por supuesto,
esa misma defensa estará atenta a lo que en su momento se decida al
interior del Consejo de Estado e incluso, en la propia Corte
Constitucional.
Llama la atención el silencio del actual
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien ya había
mostrado su molestia por lo sucedido con la “caída” de sanción de su
antecesor, Ordóñez Maldonado impuso contra Petro. Carrillo es partidario
del poder disciplinar de la Procuraduría sobre funcionarios de elección
popular.
Las circunstancias contextuales
Más allá de la confrontación de las tesis expuestas y del
desconocimiento que pueda hacerse de lo prescrito por la CIDH, el
proyecto político de la derecha y la ultraderecha colombiana de sacar
del juego político-electoral a Gustavo Francisco Petro Urrego se explica
por las siguientes circunstancias contextuales: la primera, que guarda
estrecha relación con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el
Congreso y los efectos sociales y económicos que generará en la clase
media y baja del país. Más claro: el Régimen sabe que el malestar social
en Colombia es creciente y que quien puede capitalizarlo,
electoralmente, es Gustavo Petro. De allí la necesidad de sacarlo de la
arena política, imponiéndole sanciones billonarias impagables. La
segunda, que el Régimen reconoce en Petro a un líder popular, cuyo
liderazgo puede verse debilitado por la imposibilidad de ejercer el
único cargo que le interesa realmente ocupar al ex alcalde Bogotá: el de
Presidente de Colombia. La tercera circunstancia está dada en el miedo[12]
que tienen los agentes del Régimen por lo que pueda ocurrir en las
regiones en las elecciones de 2019. De triunfar la Colombia Humana en
varias regiones, la gobernabilidad de Duque estaría seriamente
comprometida, lo que de inmediato pondría en riesgo la continuidad de la
derecha en el poder del Estado. Y la cuarta circunstancia tiene que ver
con las presidenciales de 2022. De no darse un llamado intempestivo a
una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)[13], y de consolidarse la imagen negativa de Iván Duque[14]
y de extenderse el malestar social por las medidas económicas adoptadas
por el actual gobierno, la derecha está, desde ya, preocupada por quién
podría asumir la presidencia en 2022. Dentro del mismo Régimen hay
serias dudas sobre la figura que pueda recoger sus banderas. El caso de
Germán Vargas Lleras preocupa al interior del Establecimiento por su
nulo carisma y por la catástrofe electoral que sufrió recientemente[15], lo que de inmediato obliga a pensar en otras opciones. Quizás el propio Régimen esté pensando en “Pachito”[16]
Santos, quien ha mostrado no solo lealtad, sino el carácter pusilánime
que se necesita para cumplir a pie juntillas lo que se le ordene desde
las instancias de poder económico y político. Y la quinta circunstancia
tiene que ver con que la apuesta desarrollista de Duque, a todas luces
insostenible[17],
estaría en riesgo con la eventual llegada de Petro a la Casa de Nariño.
Estarían en riesgo el modelo de la gran plantación, la especialización
agrícola (monocultivos de palma africana y azúcar) y la locomotora
minero energético, bastiones que el Régimen de poder defenderá a
dentelladas, por cuanto ya existe una institucionalidad servicial y al
servicio de este modelo económico y social de sociedad.
Así entonces, las billonarias sanciones fiscales que hoy recaen sobre
Gustavo Francisco Petro Urrego son, sin lugar a dudas, el camino
expedito, aunque controversial, para sacar a este incómodo outsider del juego político electoral. Como sucedió con los casos[18]
de Gaitán y Galán, el Régimen supo sacarlos del camino y facilitó su
eliminación física. Aunque no deben desecharse planes para asesinar a
Petro, el Régimen apela a la sanción fiscal para frenar sus aspiraciones
presidenciales. De no prosperar la tesis que niega los efectos
políticos de las sanciones económicas, la posibilidad de que Petro
llegue al Solio de Bolívar en 2022 es alta. De lograrlo, su magnicidio o
el hacer invivible la República serán opciones que muy
seguramente se barajarán al interior del Establecimiento, si ese
escenario político se llegar a dar. Habrá que esperar. Por ahora, lo
único claro y evidente es el miedo y los odios que genera Petro en un
Régimen que, como diría Gómez Hurtado, no es más “que un conjunto de
complicidades”.
Notas
[1] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-imputara-cargos-al-contralor-de-bogota-juan-carlos-granados/587161 Es cuota política de Germán Vargas Lleras. Para esto último, véase: https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-carlos-granados-becerra
[4] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/01/la-cruzada-de-los-inmorales.html
[5] Véase: http://zonacero.com/?q=politica/cidh-recomienda-estado-colombiano-revocar-sancion-exalcalde-gustavo-petro-94625
[6] Hay que recordar que el Consejo de Estado tumbó el fallo disciplinario proferido por Ordóñez Maldonado. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-tumba-fallo-que-saco-gustavo-petro-de-la-alcaldia-de-bogota-articulo-723365
[12] Véase: https://www.pulzo.com/elecciones-2018/paloma-valencia-dice-como-seria-colombia-humana-PP493062
[16] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/09/pachito-santos-y-la-crisis-venezolana.html
[17] Desde lo ambiental, lo socia, lo político, lo cultural y lo económico.
[18]
Hay que sumarle el caso de Ingrid Betancur Pulecio quien en su relato
ante la JEP, dejó entrever que su secuestro bien pudo haberse facilitado
por agentes de poder e incluso, por el propio presidente Pastrana,
pasar sacarla del juego político, dado que al momento de ser privada de
su libertad por parte de las Farc, fungía como candidata presidencial
por el Partido Oxígeno Verde. Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0611/articulo06.html
Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo
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