En Guatemala, salvo
el ya lejano gobierno revolucionario de 1944-54, nunca hubo una
propuesta gubernamental de izquierda. El retorno de esta “democracia” en
1986 marcó, en todo caso, la salida de los militares de la primera
línea del espectro político. Pero nunca, en ningún caso, algún gobierno
tuvo posiciones de izquierda, ni militares ni civiles. Sucede, sin
embargo, que en este momento del actual gobierno de Jimmy Morales, todo
el accionar se vuelca peligrosamente hacia posiciones de ultra derecha.
¿Por qué decir “peligrosamente”? Porque la dinámica que se está viendo
muestra un tremendo retroceso que nos acerca a posiciones que parecían
ya superadas, aquellas que tuvieron lugar durante los peores años de la
guerra contrainsurgente.
Todas las administraciones que, luego
de interminables años de generalato durante la guerra, continuaron a la
iniciada en 1986 con Vinicio Cerezo, fueron de derecha. Eso está fuera
de discusión. Impunidad y corrupción siguieron siendo práctica
cotidiana, tanto en la forma de hacer política (con la llamada “clase
política”) como en el mundo de los negocios. Empresariado, políticos
mafiosos y militares –en todos los casos con la venia de la omnipresente
embajada de Estados Unidos– continuaron sin variantes su dominación de
clase. El supuesto voto popular no modificó en nada todo este panorama
(¿por qué habría de modificarlo? ¡No seamos ingenuos!)
Guatemala, más allá de la administración política de turno, continúa
siendo un “país bananero” (capitalismo periférico agroexportador, con
elementos socioculturales aún de cuño semifeudal, quasi medieval). Esa
estructura no cambia: el 12% de sus exportaciones son minerales, el 9.3%
son bananos, el 8.7% está dado por el azúcar, el 6.2% lo representa el
café, mientras que la palma africana para biocombustibles aporta el
3.4%. Y la población trabajadora que produce todo esto sigue –igual que
siempre, con guerra o sin ella– en situación de pobreza crónica: 60% de
la población vive con 2 dólares diarios, sin prestaciones, sin seguridad
social, marchando muchas veces como migrante irregular hacia Estados
Unidos como única opción para “salvarse”.
¿Por qué entonces
decir que ahora la situación política se está derechizando
peligrosamente? Porque los sectores que detentan el poder: empresariado
–con negocios tradicionales y nuevos negocios “calientes”
(narcoactividad, contrabando, crimen organizado)– defendido por la casta
militar y asegurada por la legislación de una clase política corrupta,
cerraron filas al verse cuestionados por la protesta popular.
Durante el 2015 asistimos a un supuesto “despertar” ciudadano, que se
movilizó contra la corrupción de los funcionarios públicos. Ello –ahora
puede verse con más claridad– fue una movida de Washington, que trajo
como consecuencia el fortalecimiento de la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala –CICIG– y el encarcelamiento de algunos
personeros, más en un show mediático que como una forma real de atacar
la corrupción. En otros términos: gatopardismo (cambiar algo para que no
cambie nada). De ahí que resultaron presos algunos funcionarios de la
administración anterior. Ante cierto estado de movilización que ese
montaje anticorrupción produjo, los factores de poder buscaron una
salida “gobernable”. Fue así que apareció la figura de Jimmy Morales,
como candidato presuntamente “honesto”.
Lo que sí preocupa de
verdad a esa clase poderosa que siempre se ha movido en la impunidad, es
la movilización popular. En este caso de los movimientos campesinos e
indígenas. La respuesta a este avance de la protesta de base es una
estrategia de “guerra sucia”. La llegada de Enrique Degenhart al
Ministerio de Gobernación fue el punto de inflexión.
Su
presencia va ligada a una desestructuración creciente de la Policía
Nacional Civil, su falta de apoyo al Ministerio Público y a la CICIG, y
el retorno de prácticas de terrorismo de Estado. Con el debilitamiento
del cuerpo policial (a través de la remoción de cuadros orgánicos
profesionales y la inclusión de personal militar) se abren las puertas
para la reaparición de grupos paraestatales (CIACS: cuerpos ilegales y
aparatos clandestinos de seguridad). Ello puede evidenciarse en la
cantidad de luchadores populares (de las organizaciones campesinas
movilizadas) que vienen siendo asesinados con total impunidad, como en
las peores épocas de la contrainsurgencia (casi 20 en lo que va del
año). El ataque a cualquier intento de organización popular es extremo.
Esta derechización articula diversas acciones: cambio de la Fiscal
General, bombardeo contra el Procurador de Derechos Humanos, bloqueo de
todo intento de acción progresista (ley por el aborto, por ejemplo). Así
se mantienen los privilegios de clase y se asegura la impunidad. La
reciente medida el gobierno, en un acto de soberbia y enviando un
mensaje de fortaleza a la población con la plana mayor del ejército
secundándolo, de no renovar la permanencia de la CICIG en el país, es un
llamado a la corrupción impune. Con esto se detiene cualquier intento
de profundizar la lucha contra la corrupción que, más allá de ser una
estrategia de Estados Unidos para “modernizar” la democracia
guatemalteca, tuvo algunas implicaciones interesantes. Ahora claramente
puede verse que corrupción e impunidad seguirán inalterables. Y al que
proteste, ¡palo! De democracia solo queda el nombre.
Corrupción
e impunidad están hondamente enraizadas en la cultura histórica de la
sociedad. Los finqueros, los empresarios, los políticos de profesión,
los mandos militares, todos son exponentes de ellas en su accionar.
Cambiar todo eso con un par de manifestaciones sabatinas como las del
2015 –donde había más vuvuzelas fiesteras que propuesta política– es una
quimera. Pero a lo que sí teme ese pacto de
empresarios-políticos-militare, que estos días anuncia el retiro de la
CICIG, es a la auténtica movilización popular. Por eso, como comienza a
haber sectores organizados que levantan banderas de reivindicación
social (además de la lucha contra la corrupción), la respuesta no se
hace esperar. Y ahí están los grupos clandestinos reactivándose,
asesinando líderes populares, activistas de base, campesinos.
Solo con organización popular se podrá enfrentar esta derechización en marcha.
Blog del autor: https://mcolussi.blogspot.com/
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