Arantxa Tirado
Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El 23 de agosto la Casa Blanca emitió un comunicado anunciando que reevaluaría su relación con El Salvador. El anuncio se debe a la decisión del Gobierno del país centroamericano de poner fin a sus tradicionales relaciones diplomáticas con Taiwán e iniciarlas con la República Popular de China. Para el Gobierno estadounidense esta decisión se ha tomado de “manera no transparente” y afecta al “bienestar de la economía y seguridad de toda la región de las Américas”.[1]
La decisión del Gobierno salvadoreño, presidido por Salvador Sánchez Cerén, se suma a lo hecho antes por otros países latinoamericanos, como Costa Rica, República Dominicana o Panamá. Estos países, que tradicionalmente habían reconocido a Taiwán -una herencia de la Guerra Fría- decidieron comenzar relaciones diplomáticas con Beijing para abrir sus mercados a la inversión china. Sin embargo, entonces no hubo una reacción similar por parte del Gobierno estadounidense que, a raíz del caso salvadoreño, ha llegado a tildar a China de “desestabilizar” e “interferir políticamente” en la política continental. ¿Cómo interpretar esta reacción?

EE.UU. y El Salvador

Desde el año 2006, Estados Unidos (EE.UU.) y El Salvador están vinculados comercialmente a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), posteriormente ampliado a República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). En marzo de 2009, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundado por ex miembros de la guerrilla, gana las elecciones salvadoreñas y pronto se empieza a especular sobre las nuevas alianzas internacionales que tendrá el nuevo Gobierno de izquierdas, en un contexto en que la región se dividía entre los países del bloque bolivariano y los países opuestos al bloque bolivariano.
El Gobierno de Mauricio Funes rehuyó su apoyo explícito a uno de los bloques. En 2011 firmó con el Gobierno de Barack Obama el Partnership for Growth (PFG), un nuevo modelo de cooperación para el desarrollo que estaba enfocado a mejorar la economía salvadoreña y el clima de inversión.[2] Un año después, el Gobierno salvadoreño presentó a la Asamblea Nacional un paquete legislativo para promover la inversión y facilitar el comercio que incluía, entre otras, una Ley de Zonas Francas.
No obstante, los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió El Salvador decayeron entre 2012 y 2013 un 71% debido, según EE.UU., a aspectos como “la incertidumbre política, regulaciones comerciales inconsistentes y gravosas, un sistema judicial a veces ineficaz y crimen violento generalizado”.[3] Este clima adverso no fue inconveniente para que la posición de inversión directa estadounidense en El Salvador creciera entre 2016 y 2017 un 9.5%, según datos de la Oficina de Análisis Económico de los EE.UU. Por su parte, las filiales de las multinacionales estadounidenses con participación mayoritaria en El Salvador emplearon a 34.900 personas en 2016, un 0.3% menos que en 2015. Sus ventas fueron de 3.800 millones de dólares.[4]
EE.UU. es, en la actualidad, el principal socio comercial de El Salvador. A ese país fueron el 42.6% de las exportaciones salvadoreñas entre enero y mayo de 2018. Y de EE.UU. procedía el 32.8% de las importaciones salvadoreñas en el mismo periodo. En segundo lugar, con el 12.6% de las importaciones,[5] se encuentra un país con el que El Salvador no tiene, a diferencia de EE.UU., ningún acuerdo comercial todavía, la República Popular de China. Con el inicio formal de las relaciones diplomáticas El Salvador-China es de prever que los acuerdos comerciales también lleguen y el flujo de intercambio entre ambos países aumente, en detrimento del comercio con EE.UU. o con terceros países.

El Salvador busca su desarrollo

Este viraje en la política exterior de El Salvador puede entenderse si se observa cómo, en los últimos años, los gobiernos salvadoreños han apostado por la atracción de inversión extranjera para el desarrollo económico del país. Una de las ideas ha consistido en proponer la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE), en las que las empresas se insertan beneficiándose de un régimen fiscal ad hoc y otra serie de privilegios. Esta fue una iniciativa propuesta en 2014 por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pero retomada por el Gobierno de Sánchez Cerén. Éste ha presentado una controvertida Ley de Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental que está generando debate entre los sectores de la izquierda por el carácter neoliberal de la propuesta y sus eventuales impactos medioambientales.[6]
La búsqueda del desarrollo se ha hecho también de manera multilateral, como la firma en 2017 de un Plan para el Desarrollo del Golfo de Fonseca entre los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En la declaración conjunta estos países solicitaban, entre otros, al Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ayuda para el financiamiento de proyectos de desarrollo e inversión en la zona.[7] Cabe recordar que el BID es uno de los entes financiadores de la Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte –promovida por el gobierno de Barack Obama en 2015– de la que El Salvador forma parte, junto con Guatemala y Honduras. A través de ella, El Salvador recibió 130 millones de dólares en 2017.[8] La Alianza para la Prosperidad ha propiciado la creación de estas ZEE.[9]
El capital chino, no obstante, aparece como uno de los principales socios para dinamizar las ZEE. China ha expresado su interés en obtener la concesión del Puerto de la Unión Centroamericana, inaugurado hace años, pero todavía sin explotar.[10] EE.UU. está preocupado por esta posible inversión en El Salvador. Lo expresó por vía de su embajadora en el país, Jean Manes, quien declaró en julio pasado que era “alarmante” la estrategia de “expansión económica y militar” de China en la región y denunció el interés de China por el Puerto de Cutuco o Puerto de la Unión.[11] La idea de la militarización no es nueva sino una acusación reiterada por parte de las autoridades estadounidenses.[12]
En realidad, EE.UU. tiene miedo a que China pueda usar los puertos salvadoreños para afianzar su posición en la ruta comercial hacia el Pacífico,[13] lo que podría agravarse si finalmente se concretara el canal interoceánico en Nicaragua y si el Puerto de la Unión se usa como respaldo a éste, siguiendo sus orígenes como puerto alternativo para los buques post Panamax.[14] Por tanto, es una preocupación por la posible pérdida de control geopolítico sobre un país cuyas élites han sido tradicionalmente aliadas y que puede tener repercusiones en el comercio global. La creciente expansión china por Centroamérica -y América Latina y el Caribe en general-[15] está siendo presentada cada vez más por EE.UU. como una amenaza a sus intereses y seguridad, después de años de tolerancia tácita. La línea dura hacia China del secretario de Estado, Mike Pompeo,[16] puede estar detrás de la creciente conflictividad entre EE.UU. y China.

Reflexiones finales

La decisión del Gobierno salvadoreño llega en un momento en que EE.UU. y China se encuentran inmersos en una guerra comercial conocida como “guerra de los aranceles”, que está escalando la tensión entre ambos países. Pero también está generando fricciones entre sectores del establishment estadounidense que no comparten las decisiones de su propia Presidencia.[17]
Cómo evolucionará la relación EE.UU.-El Salvador es difícil de prever en este contexto, pues el país centroamericano está a cinco meses de unas elecciones presidenciales que pueden traer cambios importantes, al menos en el sistema de partidos.[18] Y EE.UU. está sumido, a su vez, en una inestabilidad considerable debido a los cuestionamientos crecientes al presidente Donald Trump, provenientes de su propio entorno.[19] A pesar de esta volatilidad actual, lo que parece que no va a cambiar es la necesidad de las élites salvadoreñas de atraer inversión, sea estadounidense o china. Y tampoco se esperan cambios en la voluntad de las empresas estadounidenses o chinas de continuar su expansión en El Salvador. La incertidumbre, por tanto, radica en cómo se resolverá este choque de intereses contrapuestos.
Sin duda, hay que leer la disputa chino-estadounidense en El Salvador como una expresión más de una disputa geopolítica más amplia, que no sólo lo es por los recursos y la influencia sobre América Latina y el Caribe, sino sobre quién detentará la hegemonía geoeconómica y geopolítica de las décadas por venir. Los análisis que apuntan a un desplazamiento del centro neurálgico de la economía mundial hacia Asia son cada vez mayores.[20] Esto implicaría que el papel central de EE.UU. como motor económico mundial y súper potencia hegemónica llegaría a su fin, no sin resistencia. El caso de El Salvador ejemplifica cómo EE.UU. no está dispuesto a perder piezas de su tablero mundial. Ganar todas las batallas, por pequeñas que sean, es el paso para poder ganar la guerra.