La corrupción política y las desigualdades
sociales agravan la tragedia en las comunidades de Chimaltenango,
Escuintla y Sacatepéquez
176 víctimas ingresadas
en morgues, de las que 75 han sido identificadas, y más de 3.600
personas atendidas en albergues. Es el balance oficial de la tragedia
ocasionada el pasado tres de junio por la segunda erupción en 2018 del
volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura y situado 45 kilómetros al
oeste de Ciudad de Guatemala. La Coordinación Nacional para la Reducción
de Desastres de Guatemala (CONRED) informó que el número de personas
damnificadas se elevaba a 1,7 millones, y que la caída de materiales y
flujos piroclásticos (fragmentos del magma y nubes ardientes que
descienden del volcán) hizo necesaria la evacuación de aldeas en
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, departamentos en los que se
declaró el Estado de Calamidad Pública. Comunidades como Sangre de
Cristo, Finca Palo Verde, Panimaché I y II fueron desalojadas en las
primeras horas por el cuerpo de bomberos. A los pocos días, el descenso
de materiales por las barrancas forzó las evacuaciones en La Reyna, El
Rodeo, Cañaveral I y IV, Hunnapu y Magnolia. Un factor añadido al de la
actividad volcánica fue el de las intensas precipitaciones y el
consiguiente descenso de lahares (agua y sedimentos) –en algunos casos
de 40 metros de anchura y tres de altura- por las barrancas de ríos como
el Pantaleón, el Achiguate y el Guacalate.
Pasados
doce días de la primera erupción, el Instituto Nacional de Sismología
(INSIVUMEH) constató que el fuerte descenso de lahares dejó
incomunicadas diez aldeas en los municipios de San Pedro de Yepocapa
(Chimaltenango) y Siquinalá (Escuintla); y el 26 de junio, mientras
continuaban los arrastres de materia volcánica fina, piedras, árboles y
los olores intensos a azufre, se declararon “zona de alto riesgo” la
comunidad de San Miguel Los Lotes, en el municipio de Escuintla;
Escuintla y Finca La Reunión, en el municipio de San Juan Alotenango
(Sacatepéquez). Además de los lahares y la caída de cenizas, la CONRED
declaró 69 comunidades área de “amenaza alta” por inundaciones. En el
volcán de Fuego, el más activo de los 34 que existen en Guatemala, los
investigadores han constatado erupciones desde la época de la conquista
española (al menos 60 entre 1581 y 2012); durante el mes de junio
también se registró un incremento de la actividad en los volcanes Pacaya
(Escuintla) y Santiaguito (Quetzaltenango).
“El suelo aún se
siente caliente, y la milpa que era nuestro sustento y que alimentaba a
mis hijos quedó sepultada bajo la arena del volcán”, relató a los
técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una mujer de 37
años que pudo refugiarse con su marido y tres hijos en el albergue del
Instituto Simón Bergaño y Villegas, en Escuintla. Su esposo perdió a 28
familiares en el siniestro. “Se están improvisando albergues en escuelas
e iglesias; hay niños, embarazadas y personas con enfermedades como
hipertensión y diabetes que requieren apoyo”, explicó Óscar Barreneche,
representante de la Organización Panamericana de la Salud-OMS en
Guatemala. Las agencias internacionales difundieron el caso de Lilián
Hernández, una mujer que el seis de junio lloraba la desaparición de 36
familiares en el pueblo de San Miguel Los Lotes, destrozado por el
volcán; en otra aldea sepultada por la lava y las cenizas, El Rodeo,
veinte días después de la catástrofe los vecinos buscaban alimento, agua
y ropa; además, informó el diario Prensa Libre, intentaban que se les
atendiera de los problemas de asma por las cenizas del volcán,
afecciones dermatológicas, quemaduras y estrés postraumático.
¿Qué causas de fondo explican el desastre? Las aldeas arrasadas en las
faldas del volcán “corresponden en gran medida a la dinámica de
desarraigo y despojo establecidas por el sistema oligarca finquero y el
capitalismo mundial en Guatemala”, reflexiona el historiador Mauricio
Chaulón en el periódico Prensa Comunitaria. A comienzos de la segunda
mitad del siglo XX, “muchas familias de mozos colonos, dado que se
amplió el latifundio en los cultivos intensivos como la caña y el
algodón, fueron empujadas a los márgenes de las fincas, en zonas de alto
riesgo como laderas, orillas de ríos, quebradas y faldas de volcanes”,
añade el miembro del colectivo crítico Grupo Intergeneracional.
Asimismo durante la guerra interna entre 1960 y 1996, que se saldó con
más de 200.000 muertos-desaparecidos y el exterminio de 440 comunidades
mayas, la represión del ejército y los finqueros “despojó a muchas
comunidades de lo poco que tenían en propiedad, y se les conminó a
buscar tierras en lugares de riesgo”, explica Mauricio Chaulón. En los
años del neoliberalismo, “los turicentros y proyectos inmobiliarios
cambiaron las condiciones de numerosas familias campesinas, obligándolas
al abandono de la finca (…)”. Además de “migrar para los trabajos
temporales y subempleos, tuvieron que buscar otros espacios para
sobrevivir, muchos de ellos en áreas de riesgo permanente como las
faldas del volcán de Fuego”. El abogado e integrante del Grupo
Intergeneracional, Fernando Espina, se preguntaba en Prensa Comunitaria:
“¿Cómo es posible que después de los huracanes Mitch y Stan, de la
depresión tropical E12, el alud en Panabaj, el deslizamiento de tierra
en El Cambray y otras tragedias parecidas, éstas sigan sucediendo?”
“Salvo muy contadas excepciones, siempre las víctimas son pobres”,
concluye.
En San Juan Alotenango (Sacatepéquez) se ubica una
zona deportiva y vacacional de lujo: La Reunión Golf Resort &
Residences, que incluye un complejo hotelero y club de campo. El volcán
de Fuego devastó el tres de junio las instalaciones, que en marzo
acogieron el PGA Tour Latinoamérica de Golf. En un comunicado la empresa
propietaria informó de que, ante la erupción volcánica, activó los
protocolos de seguridad y actuó “de inmediato” para evacuar a
colaboradores, huéspedes y visitantes que se hallaban en el complejo,
“lo que nos permitió resguardar sus vidas”. Pero los mecanismos de
alerta y desalojo no operaron con la misma eficacia en las aldeas. Los
responsables del INSIVUMEH, que emite la información vulcanológica, y la
CONRED, encargada de la prevención y gestión de los desastres,
acudieron al Congreso de Guatemala a instancias de la oposición. Los
directores de las dos instituciones públicas se intercambiaron en sede
parlamentaria denuncias por negligencia, mientras la Fiscalía General de
la República anunció una investigación de oficio sobre el caso. Por
otra parte, un grupo de afectados denunció en Escuintla al Procurador de
Derechos Humanos, Jordán Rodas, que las autoridades no dieron los
avisos oportunos de evacuación.
El
mismo día de la explosión volcánica, el presidente de la República de
Guatemala, Jimmy Morales, declaró en conferencia de prensa que la Ley de
Presupuestos “no contempla que el Estado pueda gastar un centavo en
emergencias”. Unas horas después de estas palabras, la CONRED facilitaba
en un boletín informativo las cifras de 25 muertos, 20 heridos y
trasladados a centros asistenciales y 1,7 millones de afectados por el
siniestro. Además, frente a las declaraciones presidenciales, los medios
informativos recordaron que la Ley del Presupuesto establece en el
Artículo 101 la previsión de recursos a un “Fondo Emergente” para
mitigar los daños de los fenómenos naturales, vinculada a la declaración
del Estado de Calamidad Pública. Así, la realidad oficial avanzaba por
una senda ajena al sufrimiento popular.
El 7 de junio, día en
que se suspendieron las acciones de rescate por el descenso de lahares y
las condiciones meteorológicas adversas, la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales del Congreso aprobó un dictamen para que la
Cámara someta a consideración la reforma de la Ley de Reconciliación
Nacional, de 1996. La iniciativa fue presentada, entre otros, por el
notario y diputado del derechista Partido de Avanzada Nacional (PAN),
Fernando Linares Beltranena; por Jaime José Regalado Oliva, político de
familia ganadera en Petén y excongresista del Movimiento Reformador
(MR); y por Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, excapitán y diputado
electo por el Partido Patriota (PP). En cuanto al contenido de la
propuesta, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
la Plataforma Internacional contra la Impunidad e Impunity Watch
señalaron que el fin era “detener los juicios por desaparición forzada,
genocidio, tortura, violación y esclavitud sexual”. Asociaciones de
Guatemala como Verdad y Vida; de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
(FAMDEGUA), Kemb’al No’j y la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por
el Acceso a la Justicia denunciaron que la iniciativa del Congreso
pretendía “generar impunidad”.
En la agenda parlamentaria
también figuraba, durante los días de la tragedia, la Ley de Aceptación
de Cargos, que otorga beneficios a una persona procesada si acepta su
responsabilidad penal por un delito. Medios informativos de Guatemala
interpretaron que esta reforma del Código Procesal representa una
salvaguarda en las causas por corrupción. Otro de los puntos planteados
el 5 de junio en el orden del día del Congreso era la reforma de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, para allanar el camino al
transfuguismo. A estas dos iniciativas se agrega la modificación del
Código Penal respecto al delito de financiación electoral ilícita.
Mientras, en las calles, el 9 de junio tuvo lugar una marcha en la
capital –desde el Paraninfo Universitario en dirección al Palacio
Presidencial- para exigir la dimisión del presidente Jimmy Morales.
“Seamos luz” fue el lema de la convocatoria, en la que se mostraron
antorchas y banderas del país. Los manifestantes, entre los que tuvieron
presencia destacada los estudiantes, cuestionaron la veracidad de los
cómputos oficiales y criticaron que la ayuda humanitaria no estuviera
alcanzando a los damnificados. Los asistentes pidieron asimismo la
renuncia del secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, y de la
ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, entre otras razones por
su “incapacidad” para gestionar la ayuda internacional.
En un
acto organizado por el comité de solidaridad CEDSALA-País Valenciano, el
activista y coordinador del movimiento Tzuk Kim-pop, Henry Morales,
situó en contexto los efectos de la explosión volcánica sobre las
poblaciones más humildes. En el apartado de la corrupción política, el
presidente Jimmy Morales se enfrenta a la posibilidad de antejuicio por
supuesto financiamiento irregular del partido FCN-Nación, actualmente en
el gobierno y del que era secretario general durante la campaña
electoral de 2015. Asimismo, el expresidente Otto Pérez Molina
(2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Valdetti se hallan en prisión
por la presunta implicación en el caso “La Línea”, relacionado con una
red de fraude aduanero. El antecesor en la presidencia, Álvaro Colom
(2008-2012), fue detenido el 13 de febrero por presuntas concesiones
irregulares en el transporte público de la capital. Tras ingresar en
prisión preventiva, Colom fue puesto en libertad bajo fianza junto a
varios de sus exministros.
Según publicó la revista Forbes en
abril de 2017, las cinco mayores fortunas de Centroamérica correspondían
a Guatemala, país que, de acuerdo con el Banco Mundial, es el segundo
más pobre de América Latina y el Caribe tras Haití, y donde casi la
mitad de la infancia sufre retrasos en el crecimiento. El organismo
internacional apunta que la pobreza en el país aumentó del 55% de la
población en 2006 al 60% en 2014 y la pobreza extrema del 33% al 37%
durante el mismo periodo. Otro factor significativo es que el 52% de los
pobres son indígenas y también el 67% de los pobres extremos. En
Guatemala, donde la agricultura representa el 13,5% del PIB, la FAO
apunta que el 92% de los pequeños productores ocupan el 22% de la
tierra, mientras que el 2% de los productores comerciales hacen uso del
57% de las eras. Las mujeres son propietarias del 8% de la tierra.
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